La polémica desatada tras las declaraciones del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, sobre el accionar de la Policía frente a personas que remueven basura en la vía pública continúa generando repercusiones. Esta semana, la Legislatura porteña fue escenario de una ola de repudios por parte de legisladoras y legisladores de la oposición, que acusaron al mandatario de criminalizar la pobreza y estigmatizar a los sectores más vulnerables.
La diputada Mercedes Trimarchi presentó un proyecto de declaración en el que se manifiesta el “más enérgico repudio” a las órdenes impartidas por el jefe de Gobierno, a quien acusó de buscar “perseguir, hostigar y erradicar a las personas que se encuentran en situación de calle”.
“Esta práctica de persecución institucionalizada, lejos de promover el orden o la higiene urbana, reproduce una lógica de exclusión social y profundiza la estigmatización”, sostiene el texto. Además, remarca que miles de personas que recolectan residuos “forman parte de la economía popular y requieren políticas de integración, no de represión”.
Un reclamo con respaldo colectivo
En la misma línea, la diputada Victoria Freire, junto al resto del bloque Unión por la Ciudad, presentó otro proyecto de declaración en repudio a los dichos que Jorge Macri difundió el 4 de agosto a través de su cuenta oficial en la red social X, en los que instruyó a la Policía de la Ciudad a sancionar a quienes remuevan basura y ensucien la vía pública.
En los fundamentos, el proyecto advierte que estas expresiones “no resuelven el problema estructural de la pobreza y el hambre” y critica las acciones recientes del Ejecutivo porteño, como el recorte del transporte para cooperativas de cartoneros, que afecta a más de 3.000 trabajadores que se trasladaban diariamente desde el conurbano para realizar tareas de reciclado.
“El Gobierno responde con castigos en lugar de políticas sociales. Se necesita presencia estatal para garantizar derechos, no más policía para perseguir a los abandonados por el propio Estado”, subraya el texto legislativo.
La iniciativa también se apoya en datos recientes: más de 230 comedores en la Ciudad brindan 125.000 raciones semanales, y el último informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad registró 613.000 personas en situación de pobreza y 191.000 en indigencia, lo que representa al 26% de la población porteña.
Pedido de informes al Ejecutivo porteño
Por su parte, el diputado Alejandro Grillo presentó un proyecto de resolución solicitando al Ejecutivo porteño que informe en un plazo de 30 días todos los detalles administrativos y operativos vinculados con la decisión anunciada por Macri.
El pedido incluye:
- La normativa específica que se aplicará para sancionar a quienes revisen residuos.
- El acto administrativo por el cual se impartió la orden.
- Protocolos o instrucciones internas en la Policía de la Ciudad.
- Cantidad de actas contravencionales labradas por esta causa desde diciembre de 2023.
- Casos de detenciones, aprehensiones o sanciones efectivas.
- Procedimientos diferenciales para personas en situación de calle, menores o con discapacidad.
- Articulación (o no) con áreas sociales del Ejecutivo, como el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
Un debate que excede lo institucional
Las reacciones en la Legislatura reflejan un creciente malestar frente a políticas que, según referentes de la oposición y organizaciones sociales, apuntan a “disciplinar la pobreza” en lugar de resolver sus causas estructurales.
El debate no solo abarca el ámbito parlamentario. En redes sociales y medios comunitarios, vecinos y vecinas también expresaron su preocupación por la creciente tensión entre el discurso de “orden y limpieza” y los derechos de quienes viven en situación de vulnerabilidad extrema.
Mientras tanto, el gobierno porteño sostiene la implementación de los nuevos contenedores antivandálicos, y continúa aplicando el artículo 94 del Código Contravencional, que sanciona con multas o trabajos comunitarios a quienes ensucien la vía pública.
