A través del sitio Mapa de la Policía, vecinos y organizaciones sociales documentan casos de hostigamiento, detenciones arbitrarias y represión que afectan especialmente a manteros, migrantes, jóvenes y estudiantes.
En las calles de Balvanera y San Cristóbal, la relación entre la comunidad y la fuerza de seguridad se tensó en los últimos años. Los reportes vecinales muestran un crecimiento sostenido de las denuncias por violencia institucional, muchas de ellas registradas en torno a operativos policiales contra la venta ambulante o en contextos de protesta social.
El caso de Jorge Martín Gómez, ocurrido en agosto de 2019 en Carlos Calvo al 2600, sigue siendo uno de los episodios más recordados. El hombre, de 42 años, murió tras recibir una patada en el pecho por parte de un efectivo de la Policía de la Ciudad. El golpe lo derribó y su cabeza impactó contra el pavimento. Su muerte se transformó en un símbolo del debate sobre el uso excesivo de la fuerza y el control ciudadano de las prácticas policiales.
Desde entonces, el registro digital impulsado por organizaciones como el Mapa de la Policía se convirtió en un canal fundamental para que los vecinos puedan visibilizar situaciones de abuso o intimidación. “Registrar es proteger”, repiten quienes coordinan la iniciativa, que recibe información sobre casos ocurridos en toda la Ciudad de Buenos Aires, pero que encuentra en Balvanera y San Cristóbal un foco constante de alertas.
Entre los reportes más recientes figura un episodio de amedrentamiento policial a estudiantes de psicología ocurrido en octubre de 2024 en Avenida Independencia al 3000, en medio del conflicto universitario. También se reportaron hostigamientos a vendedores senegaleses en Paso y Perón (abril de 2025), represiones a manteros en Once y múltiples operativos en los que se denunciaron insultos, golpes y detenciones arbitrarias.
El Mapa de la Policía clasifica estos hechos según su tipo: represión a la protesta, desalojos, intimidaciones, hostigamiento o violencia física directa. Cada caso incluye la fecha, dirección y una breve crónica elaborada a partir del testimonio de víctimas o testigos. El objetivo, explican sus impulsores, es crear una memoria colectiva de la violencia policial y brindar una fuente pública de información para vecinos, medios y organismos de derechos humanos.
En los barrios céntricos, los casos más recurrentes están relacionados con la venta callejera. Los operativos “antimanteros” suelen desplegar centenares de efectivos, con procedimientos que los comerciantes y feriantes califican de violentos. En septiembre de 2024, en Sarmiento y Pueyrredón, se documentó un megaoperativo de 600 policías, allanamientos sin orden judicial y requisas a periodistas. “Nos tiraron la mercadería, la comida y nos empujaron para sacarnos del lugar”, relató uno de los vendedores afectados en su testimonio.
El registro ciudadano permite identificar patrones y concentraciones geográficas de la violencia policial. Zonas como Once, Corrientes y Pueyrredón o Avenida Belgrano aparecen con mayor frecuencia en los reportes, lo que sugiere un uso sistemático del control policial sobre los sectores populares y las economías informales. Estas evidencias, señalan los investigadores, son fundamentales para reclamar políticas públicas que garanticen la seguridad sin criminalizar la pobreza.
Otro aspecto central del Mapa de la Policía es su función educativa. A través de talleres y materiales informativos, la iniciativa promueve el conocimiento de los derechos ciudadanos frente a las fuerzas de seguridad. Enseña a registrar los hechos con seguridad, guardar evidencias, y acompañar a las víctimas en el proceso de denuncia. Este trabajo colectivo permite fortalecer la confianza entre vecinos y tejer redes de contención ante situaciones de abuso.
En un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones policiales crece, el registro ciudadano se posiciona como una forma concreta de participación barrial. No se trata solo de recopilar datos: se trata de construir una narrativa común sobre la violencia y la justicia, donde las voces del territorio tengan el protagonismo que muchas veces los expedientes judiciales les niegan.
Los casos documentados en Balvanera y San Cristóbal reflejan que la violencia policial no es un hecho aislado, sino parte de un entramado cotidiano que afecta la convivencia urbana. Frente a ello, el trabajo de vecinos, periodistas y organizaciones de derechos humanos sigue siendo clave para mantener viva la exigencia de transparencia, control y respeto por la vida en los barrios.
