En Villa Ortúzar, la movilización de vecinos y organizaciones barriales logró impedir un intento de desalojo sobre dos viviendas ubicadas en la histórica traza de la ex Autopista 3 (AU3). Según explicó Juan Martín Chippano, coordinador del Galpón de Ortúzar, el operativo fue desplegado por el Gobierno de la Ciudad bajo el argumento de un supuesto riesgo de derrumbe, aunque las familias afectadas se encuentran alcanzadas por una ley sancionada en 2024 que suspende expresamente los desalojos hasta resolver su situación habitacional.
La denuncia pone nuevamente en el centro del debate la política de desalojos administrativos que distintas organizaciones sociales vienen cuestionando desde hace meses y que incluso motivó una medida cautelar dictada por el juez Roberto Gallardo.
Un operativo que fue frenado por la organización vecinal
El episodio ocurrió durante la mañana, cuando un importante despliegue policial cortó la calle Holmberg, entre Giribone y Álvarez Thomas, en pleno centro de Villa Ortúzar.
«Un vecino avisó muy temprano que había un operativo policial con la calle completamente cortada. Nos comunicamos enseguida con familias de la cuadra y nos confirmaron que había llegado la Guardia de Auxilio con un arquitecto para elaborar un informe sobre un supuesto riesgo de derrumbe», relató Chippano.
Esa situación despertó inmediatamente la preocupación de las organizaciones del barrio.
«Nos dimos cuenta rápidamente de que podía tratarse de uno de estos procedimientos de desalojo que el Gobierno de Jorge Macri viene realizando y celebrando públicamente», afirmó.
Sin embargo, este caso presentaba una diferencia fundamental.
Las dos viviendas involucradas forman parte de la traza de la ex AU3, un conflicto urbano que lleva más de cuatro décadas y que cuenta con un régimen legal específico para garantizar soluciones habitacionales a quienes viven allí.
La ley que protege a las familias de la ex AU3
Chippano explicó que, a fines de 2024, la Legislatura porteña aprobó una nueva normativa destinada a resolver la situación de quienes habitan inmuebles de la ex AU3.
Entre sus disposiciones más importantes se encuentra la suspensión de los desalojos hasta que el Estado determine si cada familia reúne las condiciones para acceder a los beneficios previstos.
«Los propios vecinos les recordaron a los funcionarios que existía una ley que impedía ese procedimiento porque estaban dentro del proceso de incorporación al programa habitacional», explicó.
La presencia de vecinos, referentes barriales y legisladores terminó modificando el escenario.
«En menos de media hora el operativo empezó a levantarse. Los funcionarios dejaron un acta con algunas observaciones sobre las viviendas, pero no pudieron avanzar con el desalojo que tenían preparado.»
Más de 40 años esperando una solución
La problemática de la ex AU3 atraviesa buena parte de Villa Ortúzar.
Se trata de inmuebles expropiados hace décadas para una autopista que nunca se construyó completamente y cuya situación jurídica permanece sin resolver para numerosas familias.
Según recordó Chippano, la primera ley destinada a resolver este conflicto fue sancionada en el año 2000 y la normativa aprobada en 2024 buscó actualizar ese proceso.
«Hay familias que llevan décadas esperando una solución definitiva. Presentaron toda la documentación para incorporarse al nuevo régimen, pero todavía no recibieron una resolución administrativa.»
Mientras tanto, viven en una situación de incertidumbre permanente.
«No son propietarios, pero tampoco pueden regularizar plenamente su situación. Muchas veces no saben si conviene invertir en arreglos porque desconocen cuál será el desenlace del proceso.»
La precariedad habitacional como consecuencia de la demora estatal
Para el coordinador del Galpón de Ortúzar, el deterioro de muchas viviendas no puede atribuirse a quienes las habitan.
«Si aparece un arquitecto predispuesto a encontrar problemas, seguramente los va a encontrar. Pero la responsabilidad no es de los vecinos. El propietario de esos inmuebles sigue siendo el Gobierno de la Ciudad mientras no termine el proceso previsto por la ley.»
En ese sentido recordó el incendio ocurrido años atrás sobre la calle Charlone, donde numerosas familias perdieron sus viviendas y permanecieron durante días acampando en una plaza mientras reclamaban asistencia estatal.
«Aquella tragedia mostró las consecuencias de la precariedad habitacional y terminó siendo uno de los antecedentes que impulsó la nueva ley.»
El rol de la organización barrial
Durante la entrevista, Chippano destacó que la cláusula que hoy permitió frenar el intento de desalojo nació del trabajo conjunto entre vecinos, organizaciones y representantes legislativos.
«Cuando empezamos a detectar numerosos procesos judiciales y desalojos sobre la traza de la ex AU3 entendimos que hacía falta una protección específica. Por eso impulsamos que la nueva ley incluyera expresamente la suspensión de los desalojos.»
A su entender, ese trabajo territorial terminó convirtiéndose en una herramienta concreta de defensa para las familias.
«El conocimiento del barrio y la organización vecinal permitieron construir un marco legislativo que hoy protege derechos.»
Denuncias contra los desalojos administrativos
El referente barrial también vinculó este episodio con la política de desalojos administrativos que distintas organizaciones vienen denunciando desde hace meses.
Según explicó, el mecanismo consiste en ingresar a viviendas bajo el argumento de un supuesto riesgo estructural certificado por un informe técnico, para luego desalojar a sus ocupantes y tapiar los inmuebles.
Aunque existe una medida cautelar del juez Roberto Gallardo que cuestiona este procedimiento, Chippano sostuvo que el Gobierno continúa impulsando operativos similares.
«Sabemos que siguen ocurriendo y por eso mantenemos todas las alertas encendidas.»
Una disputa que continúa
Mientras las familias esperan una resolución administrativa definitiva, el conflicto por la ex AU3 permanece abierto.
Desde el Galpón de Ortúzar sostienen que la prioridad debe ser cumplir las leyes ya sancionadas y garantizar soluciones habitacionales definitivas para quienes llevan décadas viviendo en esos inmuebles.
Para las organizaciones barriales, el operativo frustrado demuestra que la participación vecinal sigue siendo una herramienta decisiva para defender el derecho a la vivienda frente a situaciones de vulnerabilidad y frente a políticas que consideran incompatibles con la legislación vigente.
