El proyecto presentado en la Legislatura porteña reclama al Gobierno de la Ciudad datos actualizados sobre viviendas, infraestructura, servicios, mantenimiento, obras, presupuesto y situación dominial de distintos complejos habitacionales. La iniciativa busca conocer las condiciones en las que viven miles de familias y fortalecer el control ciudadano sobre las políticas de vivienda.
La situación edilicia, sanitaria y habitacional de 18 conjuntos de viviendas de la Ciudad de Buenos Aires quedó bajo la lupa de la Legislatura porteña a partir de un proyecto de resolución presentado por la diputada Victoria Freire.
La iniciativa solicita al Poder Ejecutivo porteño que, en un plazo de 30 días, informe de manera detallada sobre las condiciones de estos complejos, las obras realizadas y pendientes, los recursos destinados a su mantenimiento, el acceso a los servicios básicos y la situación dominial de las viviendas.
Entre los conjuntos incluidos aparecen Barrio Carrillo I y II, Barrio Nágera, Barrio Piedrabuena, Castex, Consorcio XVI, Donnizetti, Dorrego, Espora, General Savio, Illia, J. J. Castro, Justo Suárez, Lafuente, Rivadavia I y II, Samoré, Soldati y Copello.
Qué información reclama Freire
Uno de los primeros puntos del proyecto apunta a conocer cuántas viviendas existen en cada conjunto, cuántos hogares las habitan y cuál es la composición familiar de la población residente. También se solicita conocer cuándo fueron actualizados esos datos, qué organismo los produjo y qué fuentes fueron utilizadas.
La iniciativa también busca relevar la presencia de espacios comunitarios, sociales, culturales, deportivos y de cuidado, además de comedores, merenderos y otras experiencias de organización barrial.
En paralelo, solicita información sobre escuelas, jardines, centros de primera infancia, centros de salud y otros equipamientos públicos o comunitarios ubicados dentro de los conjuntos o en sus alrededores.
Otro aspecto incorporado al pedido es la existencia de actividades comerciales, productivas, de servicios y de la economía popular, junto con las políticas de acompañamiento, regularización, fiscalización u ordenamiento aplicadas por el Gobierno porteño.
Problemas de infraestructura y servicios
El proyecto pone especial atención sobre el estado de la infraestructura de los complejos habitacionales.
Freire pide información actualizada sobre la provisión de agua potable, cloacas, electricidad y gas, incluyendo la cantidad de unidades que cuentan efectivamente con cada servicio y las conexiones irregulares registradas.
También busca conocer qué áreas del Gobierno porteño tienen actualmente responsabilidades sobre estos conjuntos y cuál es su intervención en cuestiones como mantenimiento, infraestructura sanitaria, desagües pluviales, redes cloacales, obras hidráulicas, espacios comunes y atención de reclamos.
Entre los problemas que el proyecto pretende relevar aparecen filtraciones, desbordes cloacales, humedad estructural, roturas de cañerías, problemas de desagüe e inundaciones internas, además de eventuales riesgos sanitarios derivados del funcionamiento deficiente de la infraestructura.
Cuánto dinero se destinó a mantener los complejos
Uno de los puntos centrales del pedido de informes apunta al uso de los recursos públicos.
La diputada solicita conocer las partidas presupuestarias ejecutadas durante los últimos cinco años en cada conjunto habitacional para mantenimiento, reparaciones y obras.
El pedido incluye el programa al que fueron imputados los gastos, el crédito vigente, los montos devengados y ejecutados, el tipo de intervención, la fecha de realización y la empresa contratista o modalidad de ejecución.
La iniciativa también solicita información específica sobre las obras realizadas durante ese período, incluyendo fecha, contratista, monto ejecutado, sector intervenido y estado de avance.
Reclamos vecinales y obras pendientes
Otro de los objetivos es conocer la cantidad de reclamos presentados por los vecinos durante los últimos cinco años y determinar cuántos fueron resueltos.
El proyecto pide información sobre los canales utilizados para realizar esos reclamos —presenciales, telefónicos o digitales— y sobre el estado de avance de cada caso.
Además, el Gobierno porteño deberá informar si existen obras previstas para renovar o adecuar integralmente la infraestructura sanitaria y pluvial, indicando presupuesto, organismo responsable y estado administrativo de cada intervención.
También se consulta por la existencia de planes integrales de mantenimiento o programas específicos para mejorar los conjuntos habitacionales, con información sobre objetivos, etapas, organismos responsables, presupuesto, obras previstas y mecanismos de seguimiento.
La situación dominial también está bajo la lupa
El proyecto no se limita al estado físico de las viviendas. También incorpora la situación jurídica y dominial de las unidades habitacionales.
En ese sentido, Freire solicita conocer qué registros o intervenciones existen sobre regularización dominial, escrituración, adjudicación, transferencia o perfeccionamiento de la situación jurídica de las viviendas.
También pide información sobre la condición de tenencia de las unidades: propietarios, adjudicatarios, inquilinos, ocupantes u otras situaciones relevadas.
Por último, se busca determinar si el Instituto de Vivienda de la Ciudad u otros organismos brindaron asistencia técnica, jurídica, administrativa o social para la conformación y regularización de consorcios y mecanismos de gestión de los espacios comunes.
«El derecho a la vivienda» y una mirada integral sobre los barrios
En los fundamentos de la iniciativa, Freire plantea que la política habitacional no puede limitarse a construir y adjudicar viviendas. La responsabilidad estatal también comprende su mantenimiento, conservación, mejora y gestión integral para garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad a lo largo del tiempo.
El proyecto sostiene que los 18 conjuntos presentan realidades diferentes, pero comparten problemáticas como el deterioro edilicio, la falta de mantenimiento, deficiencias sanitarias, eléctricas y pluviales, filtraciones, dificultades de accesibilidad, deterioro de espacios comunes y situaciones pendientes de regularización dominial.
Desde esa perspectiva, la iniciativa propone una concepción más amplia de la política habitacional, que incluya no solo las condiciones materiales de los edificios sino también las dimensiones sociales, urbanas y comunitarias de los barrios.
Información pública para controlar las políticas de vivienda
Uno de los fundamentos centrales del proyecto es la necesidad de contar con información sistematizada sobre el estado de los conjuntos habitacionales.
La iniciativa sostiene que disponer de datos actualizados sobre conservación, obras realizadas y proyectadas, infraestructura, situación dominial y recursos presupuestarios permitiría evaluar el cumplimiento de las obligaciones estatales, establecer prioridades y fortalecer los mecanismos de transparencia y control ciudadano.
Para Freire, contar con esta información también resulta necesario para diseñar políticas públicas que respondan a las características y necesidades concretas de cada conjunto habitacional.
El proyecto concluye planteando que la integración urbana de estos complejos requiere una intervención estatal sostenida y planificada que permita preservar el patrimonio habitacional existente y garantizar el derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat digno para las familias que viven allí.
