El diputado porteño Andrés La Blunda presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno de la Ciudad informe cómo se financian los hogares públicos destinados a personas mayores y cuál es la situación de los residentes afiliados al PAMI. También pide conocer si existen fondos que la Ciudad debería estar percibiendo y no recibe.
El financiamiento de los hogares de residencia permanente para personas mayores vuelve a quedar bajo la lupa en la Legislatura porteña. El diputado de la Ciudad de Buenos Aires Andrés La Blunda presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno porteño informe en detalle los recursos destinados a sostener estos establecimientos y la articulación existente con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI).
La iniciativa apunta particularmente a conocer qué sucede con las personas mayores afiliadas al PAMI que viven en los hogares estatales de la Ciudad, cuánto dinero reconoce el organismo nacional por su atención y alojamiento y qué parte de esos recursos efectivamente ingresa a las arcas porteñas.
El pedido alcanza a los hogares Dr. Guillermo Rawson, San Martín, Dr. Alejandro Raimondi y el Complejo Martín Rodríguez-Viamonte, establecimientos que alojan a personas mayores en situación de vulnerabilidad.
Un convenio firmado en 2018
Uno de los puntos centrales del proyecto es el convenio específico que el Gobierno porteño y el PAMI firmaron en 2018 para establecer un mecanismo de reconocimiento económico por los afiliados del organismo nacional que residen en los hogares Rawson y San Martín.
El acuerdo contemplaba un cupo máximo de 380 plazas mensuales. La iniciativa de La Blunda busca determinar si ese convenio continúa vigente, si tuvo modificaciones o prórrogas y cuáles son actualmente sus condiciones económicas.
El legislador también quiere saber si existen otros convenios o instrumentos entre la Ciudad y el PAMI relacionados con el alojamiento y la atención de personas mayores en los hogares porteños.
La pregunta adquiere especial relevancia porque, según los fundamentos del proyecto, el mecanismo de reconocimiento económico establecido en 2018 no se habría extendido a todos los establecimientos de gestión estatal. En particular, se plantea conocer cuál es la situación de los afiliados al PAMI que viven en el hogar Dr. Alejandro Raimondi y en el Complejo Martín Rodríguez-Viamonte.
¿Cuánto paga PAMI por cada residente?
Entre los datos que el proyecto reclama al Ejecutivo porteño se encuentra el monto que actualmente reconoce el PAMI por cada afiliado que reside en estos establecimientos.
La información solicitada incluye el valor utilizado como referencia para calcular el pago, el porcentaje que se reconoce a la Ciudad, el monto final por residente y las modificaciones que haya tenido ese valor desde enero de 2025.
Además, el proyecto pide que el Gobierno informe, desde enero de 2025 hasta la actualidad, cuántos residentes afiliados al PAMI generaron una contraprestación, cuánto se facturó, cuánto reconoció el organismo nacional y cuánto dinero fue efectivamente percibido por la Ciudad.
También deberá indicar si existen montos pendientes de cobro y, en ese caso, qué gestiones realizó el Gobierno porteño para obtenerlos.
El límite de 380 plazas
Otro de los interrogantes que plantea La Blunda está relacionado con el cupo establecido en el convenio de 2018.
El proyecto solicita conocer si continúa vigente el límite de 380 afiliados mensuales, cuántas plazas se utilizan actualmente y cómo se distribuyen entre los establecimientos alcanzados.
También busca determinar si existen personas afiliadas al PAMI que viven en estos hogares pero no generan ninguna contraprestación económica para la Ciudad debido a ese límite y si el Gobierno porteño realizó gestiones para ampliar el cupo.
La situación de los hogares que quedaron afuera
El proyecto pone especial atención sobre los residentes del Hogar Dr. Alejandro Raimondi y del Complejo Martín Rodríguez-Viamonte.
En estos casos, el Ejecutivo deberá informar bajo qué instrumento jurídico o administrativo se encuentra regulada la relación con el PAMI, si la Ciudad recibe algún tipo de contraprestación por el alojamiento y la atención de sus afiliados y, en caso de no recibirla, explicar los motivos.
También se pide saber si se realizaron gestiones para incorporar estos establecimientos al régimen de reconocimiento económico vigente entre el Gobierno porteño y el organismo nacional.
El costo de mantener los hogares
La iniciativa no se limita a los recursos provenientes del PAMI. También busca conocer cuánto le cuesta a la Ciudad sostener cada uno de sus hogares para personas mayores.
Por eso, el proyecto solicita información sobre el presupuesto vigente y el gasto ejecutado durante 2025 y 2026, los principales conceptos que componen esos gastos y el costo promedio mensual y anual por residente.
Además, el Ejecutivo deberá indicar si existen gastos que se realizan de manera centralizada desde otras áreas del Gobierno porteño y que, por ese motivo, no aparecen imputados directamente a cada establecimiento.
El pedido también contempla otras posibles fuentes de financiamiento, como aportes de otras obras sociales, Incluir Salud, ObSBA, organismos públicos nacionales o provinciales y eventuales aportes realizados por los propios residentes.
¿Cuánto termina poniendo la Ciudad?
Uno de los objetivos centrales del pedido de informes es obtener una cifra que permita dimensionar el gasto neto que efectivamente afronta el Gobierno porteño.
Para eso, el proyecto solicita que se calcule cuánto gastó la Ciudad durante 2025 y 2026 para sostener cada hogar, descontando los recursos recibidos del PAMI, otras obras sociales, organismos públicos y cualquier otra fuente de financiamiento. También pide determinar el gasto neto promedio por residente.
La información permitiría, según los fundamentos de la iniciativa, evaluar con mayor precisión cuánto dinero sale del Tesoro porteño para sostener estos establecimientos y qué parte podría estar siendo cubierta mediante otros mecanismos de financiamiento.
Una discusión sobre el rol del Estado
En los fundamentos, La Blunda sostiene que los hogares alcanzados por el proyecto alojan a personas mayores en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas afiliadas al PAMI.
El planteo apunta a determinar si el esquema de financiamiento vigente garantiza que la Ciudad reciba los recursos correspondientes por la atención de afiliados al organismo nacional. El proyecto advierte que, si el mecanismo no alcanza a todos los establecimientos, podría ocurrir que el Tesoro porteño esté afrontando gastos que, al menos parcialmente, deberían ser compensados por el PAMI.
La iniciativa se apoya además en las atribuciones de la Legislatura porteña para requerir información al Poder Ejecutivo y en el derecho de acceso a la información pública establecido por la Ley 104 y por la Constitución de la Ciudad.
Por ahora, el proyecto no propone modificar el sistema ni establecer nuevas obligaciones para el PAMI: busca, en primer lugar, poner sobre la mesa los números y conocer cómo funciona actualmente el esquema de financiamiento de los hogares públicos para personas mayores.
La respuesta del Ejecutivo permitirá saber cuánto se paga por cada residente, cuántos afiliados al PAMI están alcanzados por el convenio, qué ocurre con quienes quedan fuera del cupo y cuánto termina destinando la Ciudad para sostener estos establecimientos.
