La norma que creó el Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social fue sancionada en 2007, pero su origen se remonta a una organización que durante años reunió a editores y periodistas de distintos barrios porteños. Rafael Sabini, director de la revista El Abasto, recuerda cómo fue aquella disputa, las discusiones dentro del sector y el recorrido por los pasillos de la Legislatura para conseguir una ley que reconociera a los medios barriales.
La Ley 2.587 de Medios Vecinales de Comunicación Social no apareció de un día para el otro. Antes de que la Legislatura porteña la sancionara, hubo años de reuniones, discusiones y reclamos de periodistas y editores que buscaban que los medios de los barrios tuvieran un lugar dentro de la distribución de la publicidad oficial.
Rafael Sabini, director de la revista El Abasto, fue uno de los protagonistas de ese proceso. Aunque cuando se incorporó a la organización que impulsaba el reconocimiento de los medios barriales ya existía un camino recorrido, recuerda especialmente el trabajo de la Red de Medios Gráficos Barriales, que terminó siendo una de las expresiones centrales de aquella pelea.
“Yo me sumé a un grupo que se llamaba Red de Medios Gráficos Barriales”, recuerda Sabini. La organización venía trabajando desde fines de los años 90 para conseguir que se implementara una ordenanza que reconociera a los medios vecinales.
El antecedente era la Ordenanza 52.360, que establecía un régimen para los medios barriales y que posteriormente sería reemplazada por la Ley 2.587. Según Sabini, la primera pauta vinculada con aquel régimen comenzó a implementarse a comienzos de la década de 2000.
Para los medios pequeños, que muchas veces tenían enormes dificultades para conseguir anunciantes privados, la posibilidad de acceder a publicidad oficial significaba algo más que un ingreso adicional: podía ser una herramienta para sostener la producción periodística.
“Para cualquier editor es importantísimo tener una pauta oficial de un gobierno porque es un modo de sostener un medio”, explica.
Del Abasto a la organización de los medios barriales
Sabini cuenta que la revista El Abasto ya había conseguido publicidad oficial antes de la implementación de la ordenanza, a partir de una experiencia realizada en el barrio junto con el entonces CGP de la zona.
La publicación había participado de una iniciativa que incluyó la elaboración de un mapa del Abasto realizado por el dibujante Rep. El proyecto tuvo una importante repercusión y permitió que el medio comenzara a tener un vínculo con el Estado porteño.
Pero para Sabini era necesario que esa relación no dependiera de la buena voluntad de un funcionario de turno.
Por eso, cuando se conoció la existencia de la ordenanza, los medios que integraban la red comenzaron a trabajar para consolidar ese reconocimiento y, algunos años después, para transformarlo en una ley.
Cuando la ordenanza se convirtió en ley
La discusión legislativa comenzó varios años después. Sabini recuerda que los medios barriales se enteraron de que se estaba trabajando en un proyecto para transformar la ordenanza en ley a través de contactos con legisladores.
La reacción fue inmediata: comenzaron a recorrer la Legislatura y a reunirse con representantes de distintos bloques.
“Nos acercamos a todos los legisladores y diputados. Nos repartíamos en grupitos, dos o tres para cada legislador, y lo discutimos todo”, recuerda.
El objetivo no era solamente conseguir que existiera una ley. También había una discusión sobre qué tipo de ley se quería.
Uno de los principales debates estaba relacionado con el monto de la pauta y con los mecanismos para determinar qué medios podían acceder a ella.
Sabini recuerda que algunas de las propuestas iniciales planteaban una pauta menor y un sistema de evaluación que podía terminar estableciendo diferencias entre los medios según una supuesta calidad periodística.
Para los integrantes de la Red de Medios Barriales, esa posibilidad era problemática porque podía dejar en manos de funcionarios la decisión sobre qué medio producía contenidos de mayor o menor calidad.
“Era algo muy peligroso, depende de quién está en el gobierno”, señala Sabini.
La discusión terminó llevando a una de las características centrales del sistema: la pauta no se distribuye según una evaluación subjetiva de la calidad periodística de cada medio, sino mediante un mecanismo establecido por la propia ley.
Una pauta vinculada a un medio de alcance masivo
La Ley 2.587 fue sancionada el 6 de diciembre de 2007 y estableció como objetivo regular la contraprestación publicitaria de los Medios Vecinales de Comunicación Social con el Gobierno porteño y crear un sistema anual de estímulo a la calidad periodística.
La norma creó además el Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social, donde deben inscribirse los medios que cumplen con una serie de requisitos. La ley contempla publicaciones gráficas, radios, programas radiales y sitios web.
Uno de los aspectos más particulares de la norma es el mecanismo utilizado para determinar la pauta. El artículo 13 establece que la tarifa mensual se calcula a partir de un porcentaje del valor más bajo del espacio publicitario de la página 7 del diario pago de mayor tiraje de la Ciudad.
Para los medios gráficos y de radiodifusión se estableció un 1% de ese valor, mientras que los programas radiales reciben el 75% de esa referencia y los sitios web el 50%.
La elección de esa referencia también fue motivo de discusión.
Sabini recuerda que fue una manera de encontrar un parámetro que permitiera actualizar periódicamente el valor sin que la pauta quedara congelada en una cifra determinada.
En aquel momento, la página 7 de Clarín era una referencia vinculada con el valor publicitario de uno de los diarios de mayor circulación de la Ciudad.
“Nos dio miedo y dijimos: sí, pero ¿y Clarín si hace un dumping en la página 7 nos mata a todos?”, cuenta Sabini al recordar las discusiones de aquellos años.
El contexto cambió radicalmente desde entonces. La crisis del papel, la transformación del mercado de medios y el crecimiento de las publicaciones digitales hicieron que aquella referencia quedara cada vez más alejada de la realidad actual.
Todos los medios con la misma posibilidad
Otro de los debates importantes fue si los medios debían cobrar diferentes montos según su tamaño, cantidad de páginas o características de su producción.
Sabini recuerda que dentro de la propia Red hubo discusiones fuertes sobre este punto.
Finalmente, se impuso la idea de que todos los medios incluidos en el registro debían partir de la misma base.
El argumento era que si los medios que ya tenían mayor estructura recibían más dinero, la distancia con los medios más pequeños podía profundizarse.
“Si cobran más los que ya tienen un medio mejor, los otros no van a llegar nunca a ser mejores”, recuerda Sabini que planteaban sus colegas.
La diferenciación por calidad quedó entonces separada de la pauta básica y se incorporó mediante el Premio Anual Estímulo a la Calidad en la Producción Editorial, previsto por la propia ley.
La norma estableció que el premio se distribuyera entre doce integrantes del Registro, de acuerdo con la proporcionalidad de los inscriptos según cada soporte, y que el jurado estuviera integrado por legisladores, representantes académicos y representantes de medios de comunicación.
Los medios también participaron del control
La participación de los propios medios en el funcionamiento del Registro fue otro de los aspectos que Sabini destaca.
La ley establece que, al evaluar las solicitudes de inscripción, la autoridad de aplicación debe garantizar la participación de representantes de los Medios Vecinales como veedores.
Para Sabini, ese rol terminó siendo fundamental.
Recuerda especialmente a Ariel Rosales, a quien define como un referente para los medios barriales y como una persona que ayudó a enseñar a otros editores cómo desempeñarse como veedores.
“Él fue el primer veedor que empezó a hacer una diferencia y nos enseñó a ser veedores”, sostiene.
Con el tiempo, el crecimiento de los medios digitales hizo que esa tarea se volviera todavía más compleja. Según Sabini, la cantidad de sitios web que buscan incorporarse al registro aumentó considerablemente y el trabajo de revisar cada caso demanda muchas horas.
Dos amparos y una historia de organización
La historia del Registro tampoco estuvo exenta de conflictos.
Sabini recuerda que uno de los primeros grandes problemas se produjo cuando 15 medios fueron excluidos del Registro, entre ellos la revista El Abasto.
La discusión fue inmediata. Si un medio con trayectoria barrial podía ser considerado “no vecinal”, la preocupación era que esa interpretación pudiera extenderse posteriormente a otros.
“Si este no es barrial, estamos en el horno todos”, recuerda.
Los medios recurrieron entonces a la Justicia y presentaron un amparo. Según Sabini, la presión colectiva consiguió que aquella decisión fuera revisada.
Años más tarde llegaría otro conflicto judicial relacionado con la aplicación del régimen de pauta. Para Sabini, la organización entre los editores volvió a resultar determinante.
Incluso recuerda que el sector se dividió frente a distintas estrategias judiciales y que un grupo decidió continuar con el amparo que consideraba más adecuado.
“Cuando las papas queman, nos hemos juntado”, resume.
Una ley que nació de una disputa política y periodística
Para Sabini, mirar la historia con perspectiva permite entender que la Ley de Medios Vecinales fue el resultado de distintas posiciones dentro del propio sector, pero también de la capacidad de los editores para encontrar acuerdos.
“Hay que bajar un poco los egos y trabajar mancomunadamente”, sostiene.
La norma terminó siendo sancionada en 2007 y posteriormente reglamentada. La legislación vigente define a los medios vecinales como aquellos medios gratuitos, con domicilio y actividad comprobables en la Ciudad, cuyo objetivo es difundir información de interés público relacionada con Buenos Aires y sus habitantes.
Además, establece requisitos específicos para cada soporte. En el caso de los sitios web, por ejemplo, exige producción propia, actualización semanal, acceso gratuito al contenido y una determinada cantidad de material periodístico almacenado.
Para Sabini, sin embargo, más allá de los artículos y requisitos, el sentido profundo de la ley está relacionado con otra cuestión: garantizar que los barrios tengan medios capaces de producir información propia.
“Somos los superhéroes del barrio”
Hacia el final de la entrevista, Sabini recuerda una frase que alguna vez apareció como título de una nota sobre medios barriales: “Somos los superhéroes del barrio”.
La definición puede parecer exagerada, pero para el director de El Abasto resume una parte del trabajo cotidiano de estos medios.
Cuenta, por ejemplo, el caso de un terreno que estaba lleno de basura y ratas. Los vecinos habían reclamado durante mucho tiempo sin obtener respuestas. La revista publicó el problema y, poco después, el terreno fue limpiado.
“Cuando sentís que con esta profesión podés mejorar la vida de las personas es impresionante”, afirma.
Esa es, para Sabini, la razón por la que la discusión sobre la pauta oficial no puede reducirse solamente a una cuestión económica.
Los medios vecinales cumplen una función informativa específica: conocen a los actores del territorio, siguen los problemas cotidianos y ponen en circulación temas que muchas veces no llegan a los grandes medios.
La propia Ley 2.587 establece entre los requisitos que al menos la mitad del contenido periodístico propio de los medios registrados esté vinculado con la problemática de su área de influencia y con información sobre instituciones públicas o privadas sin fines de lucro de la Ciudad.
“Nosotros tenemos que hacerlo lo mejor para el barrio”, concluye Sabini.
Más de quince años después de la sanción de la ley, aquella pelea que comenzó con reuniones de periodistas y editores en distintos barrios de Buenos Aires continúa teniendo consecuencias concretas para quienes producen información local.
Y también deja una enseñanza que excede a los medios: muchas de las herramientas que hoy forman parte de la vida cotidiana de una comunidad nacieron de años de organización, discusión y participación colectiva.
