La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó las designaciones de Ana María Ferrero y Matías Barroetaveña como integrantes del Directorio de la Agencia de Bienes S.E., y de Graciela Inés Lietti y Ángel Gabriel Villegas como Síndicos del organismo.
El proyecto se aprobó con los cincuenta y cinco votos de los legisladores pertenecientes al bloque PRO, Confianza Pública y los diputados Gabriel Fuks, Claudio Heredia, María Rosa Muiños y Silvia Gottero del Frente Para la Victoria. Los parlamentarios de la Coalición Cívica, Autodeterminación y Libertad, Partido Socialista Auténtico. Una parte del FPV votaron en contra, mientras el Partido Socialista se abstuvo.
El Directorio está compuesto por siete miembros: el Presidente, el Vicepresidente, tres vocales titulares y cinco vocales suplentes, que son designados por el Poder Ejecutivo, y dos miembros restantes, que son designados por la Legislatura, con la mayoría absoluta de sus miembros, en representación de los bloques políticos opositores.
Al mismo tiempo cuenta con tres Síndicos: uno será designado por el Poder Ejecutivo y los dos restantes serán designados por la Legislatura, con mayoría absoluta de sus miembros, en representación de los bloques políticos opositores.
La Ley N° 5.558 creó la Agencia de Bienes Sociedad del Estado. Según los diputados autores del proyecto Carmen Polledo y Francisco Quintana, el objetivo del texto aprobado “fue llevar adelante políticas de fomento que integren y mejoren la gestión urbana de la Ciudad, impulsando actividades que procuren el desarrollo humano, sustentable y la innovación”, sin embargo muchos vecinos, organizaciones ambientalistas y legisladores de la oposición rechazaron la creación de la Agencia por considerarla anti constitucional.
“Estamos transfiriendo funciones del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. La composición del Directorio lo demuestra porque hay mayoría del Poder Ejecutivo para decidir sobre bienes públicos que es una atribución de la Legislatura” opinó el diputado Adrian Camps en diálogo con Abran Paso.
Antes de la aprobación definitiva de la norma que estableció la creación de la Agencia se realizó una audiencia pública y la totalidad de los oradores rechazaron la creación del organismo.
Más allá de la designación de los miembros del Directorio el debate continua y la pelea de las organizaciones vecinales continúa. Será la Justicia quien tendrá que determinar la constitucionalidad de la polémica Ley.
