Durante el discurso de apertura de la 44° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, los ministros de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto y de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro, fueron interrumpidos por un importante grupo que protestaba contra el cierre de los Centros de Formación Docente. Para el oficialismo fue un hecho fascista. Las autoridades de los profesorados y la oposición cuestionaron la cobertura mediática.
Según un proyecto de declaración presentado por la diputada porteña María González Estevarena se trató de “una violenta manifestación que realizaron docentes y alumnos de los Centros de Formación Docente porteños”. Tanto Avelluto como Avogadro debieron suspender sus discursos por la protesta contra el proyecto de creación de la Universidad de Formación Docente que impulsa el Gobierno de la Ciudad.
La diputada consideró que “estos hechos violentos, donde se busca acallar las opiniones de otros, y siendo que la Feria del Libro es justamente un ámbito de pluralidad de voces en plena libertad para que sean oídas y expresadas las mismas, nos preocupan y nos llaman a reflexionar sobre lo vital que resulta proteger y repudiar ataques de este tipo”.
Desde el oficialismo señalan que bajo ningún punto de vista la protesta, sea cual fuere su motivo, puede socavar el derecho a la libertad de expresión, ya que es fundamental para la democracia.
“Desde el Rectorado queremos expresar nuestro rotundo rechazo por los dichos del Ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, quien ha caracterizado de ‘fascistas y no democráticos’ a un grupo de estudiantes y docentes que participaron de una protesta”, afirmaron la rectora del Instituto Mariano Acosta, Andrea Berman y su vicerrector, Alberto Romero, en un comunicado.
Las autoridades del Instituto advirtieron “profunda preocupación por la publicación de fotografías de los rostros de un grupo de estudiantes que participaron” y agregaron que “en particular queremos llevar tranquilidad al estudiante de nuestra comunidad que aparece en dicha publicación y hacerle saber que cuenta con el apoyo de este Rectorado”.
El diputado de la Ciudad, Roy Cortina, presentó un proyecto de declaración donde afirma que “se ha publicado, con el formato de un fichaje policial a terroristas, un amplio recuadro en colores que recorta en primer plano los rostros de varios de los jóvenes que protagonizaron el reclamo referido, más algunos de sus nombres. Algo que, afortunadamente, no suele ser habitual ni aceptable en sociedades democráticas donde se aspira a colocar un especial énfasis en la seriedad y responsabilidad de la comunicación e información transmitida y se considera al derecho a la protesta un bien preciado y constitucionalmente protegido”.
La ministra de Educación, Soledad Acuña, manifestó en varias entrevistas que el Poder Ejecutivo no tiene la obligación de hacer consultas con la comunidad educativa para impulsar una reforma.
La Ley no obliga, pero en la medida que los jóvenes estudiante no encuentren canales de expresión, seguirán siendo las protestas las instancias de participación para manifestar su rechazo a la iniciativa del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires.
