Juntistas de 14 Comunas porteñas presentaron un amparo judicial y denuncia contra Mauricio Macri y Horacio Rodriguez Larreta por el decreto 251/2014 que impulsa el Gobierno de la Ciudad, ya que consideran que el mismo avasalla las competencias de la Juntas Comunales.
“De lo que se trata es de desconocer la autonomía de las comunas y de crear un poder independiente bajo el ala del gobierno central, al eliminar las funciones de las juntas comunales y de los consejos” analiza Alcira Fernández, integrante del Movimiento Comunero.
“Estamos en presencia de un verdadero golpe institucional con el fin de destruir los Gobiernos Comunales que comenzaron a funcionar recién en diciembre de 2011, con 11 años de retraso respecto de lo ordenado en la Constitución, permanentemente saboteados en su funcionamiento pleno, y ahora, con este decreto 251/14, transformándolos en una dependencia mas del Poder Ejecutivo de la Ciudad” explican en un comunicado los comuneros.
Por este motivo, los juntistas María Lavalle (Comuna 1), Luciano Umérez (Comuna 2), Alberto Lacherra (Comuna 3), Miguel Vayo (Comuna 4), Patricia Machado (Comuna 5), Martín Iommi (Comuna 6), Jorge Orovitz Sanmartin (Comuna 7), María Alejandra Camiña Bergalli (Comuna 8), Rubén Tzanoff (Comuna 9), María Marta Lopes (Comuna 10), Paula Resels (Comuna 11), Basilio Sioutis (Comuna 12), Marcelo Charlón (Comuna 14) y Carlos Méndez (Comuna 15), acompañados por los diputados porteños Pablo Bergel, Gustavo Vera, Alejandro Bodart y Marcelo Ramal elevaron un pedido de nulidad y la inmediata suspensión del decreto citado.
“Esto tiene un antecedente” explica Alcira, “ ya que luego de la elección de las Junta Comunales, el macrismo creó las Unidades de Atención Ciudadana de manera que a las comunas no les llegó presupuesto, no tienen competencias, no tienen transferencias de nada. Esto no hace mas que reeditar aquellas UAC que están funcionando y en donde a la cabeza están los los presidentes de las juntas comunales que, ovbiamente, son del PRO”.
Por su parte, la denuncia penal apunta a que se investigue por este hecho la conducta del Jefe de Gobierno y al jefe de Gabinete por la posible comisión de los delitos de Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos.
