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Continúa la búsqueda de Layla

El lunes 2 de noviembre a las 12.30 hs. la Asociación Docente ADEMyS realizará un  corte en Acoyte y Rivadavia para reclamar la aparición de la joven desaparecida.

A unos diez días de la desaparición de Layla Nayeli Sainz Fernández, joven de 13 años alumna del Normal Nº 4, estudiantes, docentes, organizaciones sociales y políticas, y la Asociación Docente Ademys convocan a un abrazo al colegio y a realizar un corte de calle en Av. Rivadavia y Acoyte.

El jueves 22 de octubre a la salida de la escuela, desapareció Layla. Desde ese día, su familia, amigos y vecinos, con el acompañamiento de varias organizaciones, no paran de buscarla y reclamar en todas las instancias por su búsqueda y aparición.

Recién ayer, la mamá y el papá de Layla pudieron constituirse en querellantes en la causa por la desaparición de su propia hija y comenzar a tener acceso al expediente.

La familia había radicado la denuncia en la comisaría 34 y recayó en la fiscalía de Pompeya y Parque Patricios, a cargo del fiscal Adrián Giménez.

Tanto la comisaría de la Policía Federal como esta fiscalía son permanentemente denunciadas por la connivencia con el delito organizado y por maltratar a las familias que denuncian. El modus operandi de la 34 (como otras comisarías de la Ciudad) es retrasar por 48 horas la toma de la denuncia, y tratar las desapariciones como simples fugas de hogar. Eso da lugar a que las nenas y jóvenes víctimas de redes de trata sean sometidas al arbitrio pleno de sus captores durante días.

Diferentes denuncias provenientes de los barrios de Soldati, Bajo Flores, Lugano y la Villa 1-11-14, dan cuenta de una red de acosadores vía Facebook, que captan menores con maniobras de seducción y la mayoría de las veces con amenazas, extorsiones y violencia, para que las víctimas envíen fotos, videos y hasta tengan contactos con desconocidos.

Varias de estas jóvenes de distintas escuelas de la zona sur de la Ciudad contaron a sus docentes que estaban siendo amenazadas a través de redes sociales y, gracias a que se animaron a hablar, se pudieron hacer las denuncias correspondientes para que esas situaciones se investiguen.

Hoy, ante la desaparición de Layla, se considera que no se trata de casos aislados y tenemos fuertes indicios de que muchas de las víctimas están relacionadas a la misma causa.

En este caso, como en muchos otros, la comisaría y la fiscalía garantizan la impunidad del delito organizado y la continuidad de la reproducción de la violencia y opresión hacia las mujeres con la que el Estado y los proxenetas hacen “buenos negocios” en los que nuestras pibas y miles de mujeres se convierten en mercancía para el consumo.

La Ciudad de Buenos Aires es un centro de explotación laboral y sexual, origen, tránsito y destino de víctimas de trata. Hace dos años, distintas organizaciones presentaron denuncias y mapas de más de 600 prostíbulos en la Ciudad, la inmensa mayoría de los cuales cuentan con protección de sectores de la justicia y la policía; y se calcula en más de 3000 los talleres clandestinos de trabajo esclavo.

En esta complicidad con la base operatoria misma de estas organizaciones de delitos complejos que supone coordinaciones incluso a nivel internacional, hay evidentes responsabilidades del Estado. Las propias fiscalías son nombradas por el Poder Ejecutivo. Y en la Ciudad de Buenos Aires –y particularmente en estos barrios- funcionan cuatro fuerzas de “seguridad” que dependen del gobierno porteño y del gobierno nacional: la Policía Metropolitana, la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura. El entrelazamiento de estos elementos con las redes de trata para la explotación sexual y laboral, el narcotráfico y el delito organizado, están a la luz del día.

El propio jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, fue denunciado por sus vínculos con reconocidos proxenetas y traficantes de mujeres y drogas, Raúl Martins y Carlos Conde, quienes habrían financiado parte de su campaña electoral a jefe de gobierno; y la esposa de Macri, Juliana Awada, denunciada por sus vínculos con la esclavitud laboral en talleres textiles.

La Ciudad es una plataforma para la impunidad. Según un informe de la PROTEX, de2009 a2014 se llevaron a cabo 106 juicios condenatorios por trata. Sólo 2 casos pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires.

La trata -junto con el narcotráfico y la venta de armas- es uno de los principales negocios a nivel mundial. El dinero sucio de los abusos, vejaciones, violaciones, pornografía infantil, etc., es lavado a través del juego y las operaciones financieras que cuentan con el pleno aval de la justicia y los gobiernos,  nacional, de la Ciudad y de todas las provincias.

En todo este tiempo, ni un solo representante del Ministerio de Educación de la Ciudad se hizo presente en la escuela de Layla, ni en ninguna de las otras escuelas cuyas alumnas sufrieron amenazas. Ningún funcionario ha llamado siquiera a la familia de Layla ni a los docentes y directivos de las escuelas afectadas.

El Ministerio de Educación y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberían poner en forma inmediata todos los recursos a disposición de la búsqueda de Layla, así como brindar el ámbito adecuado para que aquellos/as niños/as –o familias- que están siendo víctimas de ese tipo de situación, se animen a expresarlo y reciban la atención que merecen.

De cara al impacto de esta situación en las escuelas, ADEMyS reclama un plan de capacitación y jornadas de reflexión de docentes, estudiantes y familias, a fin de poder relevar, analizar y dimensionar este flagelo social que atraviesa todos los barrios de la Ciudad y el Conurbano, y poder elaborar una red de intervención conjunta de la comunidad educativa y sus organizaciones, y precisar un pliego de reclamos hacia el Estado, cuyo accionar hasta el momento objetivamente garantiza la impunidad para las redes de acoso y explotación sexual.

Además, reclaman que al Gobierno que implemente combis para el traslado de las adolescentes que asisten a los secundarios y que viven en la 1 11 14, responsabilizándose del cuidado de la integridad física de nuestras alumnas.