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Delegan áreas de la educación pública a fundaciones privadas

Desde que asumió la actual gestión de gobierno, la Cartera educativa delegó ejes sustanciales en diversas fundaciones y organizaciones no gubernamentales, tales como la Fundación Eidos y la Fundación Cimientos.

La tercerización de la política educativa no puede ser eludida del debate sobre qué educación pública necesitan los niños de la Ciudad de Buenos Aires. Las organizaciones y fundaciones adjudicatarias de las licitaciones deben rendir cuentas en cuanto al cumplimiento de los pliegos y el Gobierno de la Ciudad debe exponer, de cara a la comunidad educativa,  las razones por las cuales delega funciones centrales en cuanto al logro de equidad, calidad y justicia educativa en manos privadas.

El pasado 25 de marzo, se conoció la noticia sobre la entrega por parte del Gobierno de la Ciudad de la capacitación laboral en villas y asentamientos como la 21-24, la 1-11-14, los Piletones y la 26, entre otras que integran las comunas 1, 4, 7, 8 y 9 a organismos del ámbito privado. En la misma noticia, se especifica que: “El llamado a licitación contó con el asesoramiento de la Fundación Cimientos, que trabaja con la capacitación laboral de jóvenes, lo cual la convierte en potencial adjudicataria de esta misma licitación a su presidente Miguel Blaquier”.

Resulta preocupante que una Fundación asesore al Gobierno de la CABA  en un proceso licitatorio por el cual compite y que se defina a través del sistema de bonos de impacto social un tipo de política curricular y laboral de carácter residual que coadyuve a la  precarización de la empleabilidad para un determinado segmento de la población de jóvenes y adultos de la Ciudad, profundizando de esta manera la segmentación del sistema educativo y la consecuente distribución desigual de la calidad y cantidad de oportunidades para quienes desarrollen sus trayectorias educativas en este distrito.

El ingreso del sistema financiero al sistema educativo a través de derivados como los bonos de impacto social constituyen definiciones que responden a un enfoque economicista y mercantil de la educación, contrario a la perspectiva del derecho social a la educación garantizado por el estado argentino y mandatado en la Ley de Educación Nacional.