El proyecto, que evidencia los lineamientos principales que llevará adelante el Poder Ejecutivo, debía darse a conocer antes del 30 de septiembre. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), quien realizó la presentación judicial, asegura que dicha omisión “lesiona el derecho a la participación y a la información”.
El viernes 9 de octubre ACIJ solicitó al Poder Judicial de la Ciudad que dictara una medida cautelar para ordenar al Poder Ejecutivo que presente el proyecto de Presupuesto 2016, de manera inmediata, ante la Legislatura de la Ciudad. La causa tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 1 de la Ciudad, a cargo de la jueza Elena Liberatori.
Según denuncia la Asociación, tanto la Constitución de la Ciudad como la Ley de Administración financiera establecen que el proyecto debe presentarse antes del 30 de septiembre. Sin embargo, el Gobierno ha violado su obligación y no ha remitido, hasta la fecha, el proyecto correspondiente.
“La ley de presupuesto tiene una gran trascendencia, no sólo porque evidencia los compromisos y prioridades del gobierno, sino también porque se relaciona de modo inescindible con el ejercicio efectivo de los derechos, en tanto éstos exigen para su implementación de la asignación y ejecución de recursos públicos”.
La anticipación con la que el Poder Ejecutivo tiene que presentar su propuesta no sólo busca respetar la división de poderes, sino también refuerza la idea de previsión y discusión del proyecto de ley de presupuesto por parte de todos los actores políticos y sociales llamados a participar en su elaboración.
“La omisión de presentar el proyecto impide a ACIJ y a todos los habitantes de la Ciudad el debate y discusión en tiempo oportuno sobre las proyecciones presupuestarias del Poder Ejecutivo para el próximo año, debido a que ni siquiera pueden conocerlas” aseguran desde la Asociación Civil. “Además, se frustra toda posibilidad de que los integrantes del Poder Legislativo discutan y debatan, en el plazo constitucionalmente previsto, las previsiones presupuestarias para el próximo ejercicio, así como el derecho de todos/as los/as ciudadanos/as a participar de esas discusiones, que ya deberían estar teniendo lugar en el Poder Legislativo”.
Ante dicha violación gubernamental del mandato constitucional, que lesiona el derecho a la participación, a la información y al debido proceso presupuestario, resulta imprescindible la intervención del Poder Judicial de la Ciudad para revertir con carácter urgente la situación existente, que impide a todos los habitantes de la Ciudad conocer el modo en que se planean distribuir los recursos públicos durante el próximo año y participar en el proceso de deliberación parlamentaria del Presupuesto, afirmaron a través de un comunicado.
