|

Derecho a ser sospechado

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires resolvió por mayoría que la policía tiene la potestad de requerir la exhibición del documento de identidad sin contar con elementos de sospecha previos vinculados con la comisión de un delito.

Los jueces del Tribunal que formaron la mayoría  así lo entendieron al revocar un fallo de Cámara que había declarado nulo un procedimiento policial por considerar que el personal carece de la facultad de solicitar el documento de identidad sin contar con elementos de sospecha previos vinculados con la comisión de un delito.

En la interpretación de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas esa solicitud resultaba equiparable a una privación de la libertad ambulatoria sin que existiera orden escrita de la autoridad competente.

Los jueces Inés M. Weinberg, Luis Francisco Lozano, José O. Casás y Ana María Conde coincidieron en sostener que, aún cuando el ordenamiento jurídico no prevé de modo expreso que la policía tenga la competencia para requerir la exhibición del documento, esa facultad surge de modo implícito de las funciones que le han sido asignadas, en particular, la de prevenir el delito. A lo que agregaron que la medida, para resultar válida, tiene que cumplir con determinadas condiciones de razonabilidad y proporcionalidad que deberán ser analizadas a la luz de las circunstancias del caso; por ejemplo, tiene que haber sido dispuesta por autoridad competente, perseguir un fin legal y no discriminar.

Weinberg, Conde y Casás aseguraron que la Cámara equiparó de manera arbitraria un supuesto de arresto, detención o requisa policial que requiere orden judicial en función de razones urgentes o sospechas razonables respecto de la comisión de un delito o contravención, con la nimia injerencia estatal en el ámbito de la libertad de circulación que comportó la interceptación de un ciudadano únicamente para solicitar su identificación, fundada en razones de seguridad pública o prevención de delitos.

La jueza Alicia E. C. Ruiz rechazó el recurso de queja por considerar que carece de crítica fundada.

La diputada nacional del PTS-FIT y querellante en causas de lesa humanidad Myriam Bregman manifestó su repudio hacia el reciente fallo al considerar que “esta atribución tiene una triste historia en la Argentina. Siempre fue utilizada como un método persecutorio, particularmente hacia los jóvenes y hacia los sectores más vulnerables”. Asimismo, Bregman afirmó que “es notorio que la Justicia está leyendo una situación política: desde el Gobierno nacional se impulsa un protocolo contra la protesta social y el aumento del control hacia los sectores populares”

Claudia Cesaroni, abogada, magister en criminología integrante del Centro de Estudios en Política Criminal (CEPOC), habló con Radio América sobre el polémico fallo y se detuvo en las cuestiones vinculadas a la aplicación del fallo, “el tema es cómo identifica. ¿La Policía identifica al azar como dice el fallo? No, no es verdad.Identifica a algunas personas por su aspecto físico, porque les parecen particularmente sospechosas. ¿Y por qué le parecen sospechosas? Bueno porque tienen determinada edad, porque usan gorrita o tienen mochila como la mayoría de los pibes o personas humilde”

La abogada agregó que “nosotros tenemos como antecedente que Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de DDHH en el año 2003 por el Caso Bulacio, que era un chico de 17 años que fue detenido en un recital de los Redonditos de Ricota y fue llevado a una comisaría donde falleció por los golpes que recibió en el lugar. La Argentina fue condenada por esa detención basada en un memorándum de la Policía Federal que habilitaba a la detención indiscriminada”

El fallo remite también al caso de Luciano Arruga. El joven “había sido detenido varias veces por la famosa detención por averiguación de antecedentes o la entrega de menor (lo que significa que encuentran un menor en la calle y lo llevan a la comisaría donde lo tienen retenido hasta que aparezca la familia, que puede ser en 2 o en 12 horas. Durante ese tiempo puede ser hostigado o enviado a limpiar, eso en el mejor de los casaos, ya que hubo muchas muertes en esas situaciones de detenciones ilegales)”, ejemplificó la abogada.

“Lamentablemente me siento obligada a decir que ante esta situación, que todos lleven el documento encima, especialmente los menores, porque uno puede cuestionarlo, pero un adolescente la va a pasar mal si no lo tiene. A un menor de 18 años no lo pueden llevar a una comisaría pero si a un Centro de recepción y derivación de personas y por ahí lo retienen 10 horas, que es el plazo máximo, que es un motón de tiempo”, advirtió la abogada.