Un nuevo episodio de colapso estructural sacudió al barrio de Once. El pasado martes 7 de mayo, un depósito de telas ubicado en la esquina de Tucumán y Pasteur sufrió un derrumbe parcial, dejando como saldo tres trabajadores heridos con politraumatismos, quienes debieron ser trasladados a los hospitales Fernández y Ramos Mejía.
El hecho reavivó las críticas por la falta de fiscalización en los depósitos textiles, especialmente en zonas donde proliferan luego de la pandemia, como el eje comercial de Once y sectores de Flores. En este contexto, la Legislatura porteña recibió un proyecto de resolución (Expediente 1438/2025) del diputado Gabriel Solano que exige al Gobierno de la Ciudad informes detallados sobre las condiciones del predio siniestrado y las políticas de control vigentes.
¿Qué se pide?
El proyecto, presentado por legisladores de la oposición, solicita que el Ejecutivo porteño, a través de los organismos correspondientes, responda en un plazo de 30 días sobre los siguientes puntos:
- Motivos del derrumbe e informes previos sobre el estado estructural del edificio.
- Habilitaciones registradas y documentación técnica vinculada al predio.
- Antecedentes de denuncias sobre el funcionamiento del depósito.
- Si se realizó un relevamiento general de depósitos textiles en ese barrio y otros puntos de la ciudad.
- Si se prevé intensificar las inspecciones a raíz de este y otros casos.
Una problemática que viene de arrastre
Según los fundamentos del proyecto, este tipo de hechos no son nuevos. Se mencionan casos trágicos como el incendio en un taller de Páez y Terrada (Flores) y el derrumbe en Luis Viale (Caballito), donde murieron personas, incluidos niños que vivían en condiciones de esclavitud.
El texto también refiere a denuncias vecinales históricas, como las impulsadas en Flores Norte, donde se alerta desde hace años sobre la proliferación descontrolada de talleres y depósitos. En muchos casos, aseguran, los espacios funcionan sin habilitación, sin condiciones de seguridad y con el aval de una red de connivencia entre empresarios y el Estado.
Una ciudad al borde del colapso habitacional
La iniciativa parlamentaria critica también el avance de la especulación inmobiliaria en detrimento de la seguridad y el bienestar de los vecinos. La Agencia Gubernamental de Control (AGC), responsable de las inspecciones edilicias, es señalada como uno de los organismos que no habría actuado preventivamente.
“Barrios residenciales han sido transformados en zonas saturadas de depósitos que ponen en riesgo la vida de quienes allí habitan. Es urgente revisar el rol del GCBA en estos procesos”, señala el proyecto.
