El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires definió que el primer juicio por jurados en la historia de CABA será por el derrumbe de San Cristóbal ocurrido el 1 de abril de 2019 en Pavón y Urquiza, producto de obras y trabajos de excavación por el cual murió el vecino y sonidista Adrián Continiello (32). Todavía no hay fecha confirmada para su inicio.
El juicio es por el delito de estrago imprudente (art. 189 del Código Penal), según voceros de la Magistratura.
Hay ocho personas acusadas, trabajadores de las empresas que llevaban adelante tareas de excavación y submuración en el terreno lindero al inmueble que se desplomó.
La jueza
Se definió además que la jueza en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Carla Cavaliere, será la encargada de conducirlo, tras realizar un sorteo entre magistrados del fuero Penal, Contravenciones y de Faltas.
“Los vecinos de la Ciudad tendrán la oportunidad de participar en la administración de Justicia y decidir con respecto a la culpabilidad de personas imputadas por delitos graves”, exponen en la Magistratura de CABA.
La espectativa de la familia
“Tengo esperanza de que al ser el primer juicio por jurados, y va a ser muy observado, no se arriesguen a realizar un papelón jurídico y dejarlos absueltos”, dijo ante este medio Norma Farelo, madre de Adrián.
Sobre por qué este caso llega al juicio por jurados, expuso: “La Ley N°6451 es la que recae porque nosotros como querella pedimos estrago doloso, de allí que llegamos a juicio por jurados. De otro modo sería colegiado que es lo que querían los responsables”.
Los juicios por jurado
Desde la Constitución porteña de 1996, fruto de su autonomía contemplada en la reforma constitucional de 1994, ya figuraban los juicios por jurados. No obstante, nunca avanzó su implementación.
Farelo menciona la Ley porteña aprobada en 2021, cuyo objetivo es concretar el inicio de los juicios por jurados.
Su artículo primero manifiesta que su objeto es “establecer el Juicio por Jurados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cumplimiento de los artículos 5°, 118, 122, 123 y 126 de la Constitución Nacional y el artículo 81, inciso 2° y 106 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Tal y como están contemplados en la actualidad, así son los juicios por jurados según la Magistratura porteña: “Esos tribunales populares estarán integrados por 12 ciudadanos (6 hombres y 6 mujeres, y no menos de 5 hombres y 5 mujeres) y 2 suplentes, y que su implementación será obligatoria en las causas que juzguen delitos graves, con pena máxima igual o mayor a 20 años. El juicio será dirigido por un juez profesional que explicará al jurado la ley aplicable al caso”.
“Mediante sorteo público en la Lotería de la Ciudad se determinó que podrán ser convocados a participar en los juicios por jurado durante el año 2022 aquellos ciudadanos porteños cuyos DNI finalicen en: 605”, explican.
“Esos jurados populares permitirán la participación ciudadana, la revalorización del sistema republicano, la democratización y la administración de justicia, aumentando la legitimidad y la confianza de la ciudadanía en los procesos criminales”, añaden fuentes judiciales.
La causa
Según la causa por el derrumbe de San Cristóbal, la constructora Lybster SA y Demoliciones Mitre SA llevaban adelante tareas de excavación y submuración en el predio de Pavón 3062, por órdenes del Fideicomiso Caputo Hermanos SA.
Previo al siniestro, hubo quejas y reclamos por esta obra. En el edificio lindero de Pavón 3078 –el cual luego se derrumbó- hubo rajaduras en las paredes y techos. Quienes allí residían se habían quejado en varias ocasiones ante los operarios y demás responsables.
Es más, se supo que el sindicato Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) había hecho señalamientos. Del mismo modo, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) había tomado conocimiento de estos problemas, pero no llegó a clausurar el predio.
“El Gobierno porteño a cargo de Horacio Rodríguez Larreta cuenta con la AGC y la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFyCO) que fueron creadas durante el mandato de Macri como jefe de Gobierno para que estos estragos no sucedan.
Pero al ser el Fideicomiso Caputo SA tuvieron vía libre para hacer lo que quisieron, y terminaron con la vida de mi hijo”, denunció Norma.
Los hechos
Pasadas las 15 hs del 1 de abril, producto de las obras linderas, el edificio de dos plantas de Pavón 3078 se derrumbó sobre sus cimientos. En la planta baja había un supermercado, cuyos propietarios descansaban al fondo y no fueron alcanzados por los escombros.
El primer piso estaba vacío y en el segundo estaba Adrián con sus mascotas. El joven falleció producto de las heridas derivadas del desprendimiento de material.
En la investigación surgieron las denuncias vecinales y profesionales sobre la calidad de las obras vinculadas a la excavación y submuración.
Los imputados
Es por esto que hay ocho personas que irán a juicio por el derrumbe de San Cristóbal: Valeria Martini, arquitecta y jefa de obra; Ricardo Nicolson, ingeniero a cargo y uno de los directores de Lybster; Eduardo Agustín Aguaviva, director de la obra por parte del Fideicomiso Caputo Hermanos SA, que encargó los trabajos. También: Norma Eugenia Mendes Simoes, presidenta de Lybster; Ramiro Ramos, arquitecto y representante técnico de la empresa; Sabrina Lorena Blands, responsable de Seguridad e Higiene de la obra; Osvaldo Becerra, arquitecto de la firma Demoliciones Mitre S.A.; Guido Eduardo Tirendi, inspector de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras del GCBA.
En este contexto, al haber un acusado que integra la administración capitalina, Farelo hace fuertes críticas al jefe de Gobierno: “No me recibió ni para condolencias”.
Sostiene que, si los organismos estatales del GCBA hubieran accionado a tiempo ante las primeras denuncias, no se hubiera producido el derrumbe que puso fin a la vida de Adrián.
