La diputada porteña presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno de la Ciudad explique las decisiones adoptadas desde diciembre de 2023 en los Institutos de Formación Técnica Superior. El pedido pone el foco en los IFTS 13, 27, 28 y 87, la situación de estudiantes y docentes, los recursos presupuestarios y las dificultades registradas durante las inscripciones.
La situación de los Institutos de Formación Técnica Superior (IFTS) de la Ciudad de Buenos Aires quedó bajo la lupa de la Legislatura porteña. La diputada Guadalupe Tagliaferri presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo informe sobre los criterios utilizados para reorganizar la oferta académica, cerrar o trasladar comisiones y distribuir los recursos destinados a estas instituciones.
La iniciativa solicita información sobre las decisiones adoptadas desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la actualidad y establece un plazo máximo de 30 días para que el Ejecutivo responda. Entre los establecimientos mencionados de manera específica aparecen los IFTS N° 13, 27, 28 y 87.
El proyecto busca conocer no solamente qué comisiones fueron cerradas, suspendidas o trasladadas, sino también por qué se tomaron esas decisiones, quién las dispuso y qué informes técnicos, pedagógicos y presupuestarios las respaldaron.
Qué pasó con las comisiones de los IFTS
Uno de los principales puntos del pedido está relacionado con la reorganización de las comisiones que forman parte de la Planta Orgánico Funcional (POF) de los institutos.
Tagliaferri solicita que el Gobierno explique los motivos de esas modificaciones y precise qué organismo o funcionario tomó cada decisión, en qué fecha y mediante qué acto administrativo. También pide que se incorporen los informes utilizados como fundamento.
El proyecto plantea además una situación que puede resultar especialmente problemática para quienes estudian en estos institutos: la apertura de inscripciones en comisiones que luego fueron dadas de baja.
En esos casos, el Ejecutivo deberá informar cuántos estudiantes estaban inscriptos cuando se tomó la decisión y qué alternativas se ofrecieron para garantizar la continuidad de sus estudios.
También se pide explicar los motivos de los traslados de comisiones entre establecimientos ubicados a una distancia geográfica considerable y determinar si las instituciones de destino cuentan con el equipamiento y el perfil profesional necesarios para dictar las carreras correspondientes.
El proyecto menciona particularmente el traslado de una comisión del IFTS N° 27 al IFTS N° 5, cuya apertura se produjo en agosto de este año.
Cuántas comisiones fueron cerradas o trasladadas
Otro de los datos que se busca obtener es un panorama general de los cambios producidos en los IFTS porteños desde diciembre de 2023.
El pedido reclama conocer la cantidad de comisiones abiertas, cerradas, suspendidas, trasladadas o reconfiguradas, discriminadas por instituto, carrera, año, turno y período académico.
Además, se solicita identificar cuántos estudiantes y docentes estuvieron involucrados en cada una de esas situaciones.
La iniciativa también pone el foco en carreras que tendrían demanda comprobada pero que no recibieron los recursos solicitados para abrir nuevas comisiones.
Entre los ejemplos aparece el pedido de una segunda comisión para tercer año de Diseño Gráfico y Multimedial del IFTS N° 27, así como solicitudes realizadas por las autoridades del IFTS N° 13 a partir de la cantidad de estudiantes inscriptos en materias anuales y cuatrimestrales.
El presupuesto, otro de los ejes del pedido
El proyecto de Tagliaferri también reclama información detallada sobre los recursos destinados a los IFTS durante 2024, 2025 y 2026.
El Gobierno deberá informar el presupuesto asignado y ejecutado, discriminado por instituto, programa, actividad y partida presupuestaria. También se solicita conocer específicamente los recursos destinados a infraestructura, equipamiento, mantenimiento y equipos de apoyo técnico-pedagógico.
A su vez, el pedido apunta a identificar cualquier modificación, reducción, reasignación o ampliación presupuestaria realizada durante esos años, indicando la partida de origen y destino y los fundamentos de cada modificación.
La diputada también pregunta si está prevista una ampliación presupuestaria para fortalecer los equipos directivos, docentes y de apoyo que deben atender situaciones vinculadas con inclusión, discapacidad y salud mental.
La preocupación por la continuidad de los estudiantes
La reorganización de la oferta académica no solamente tiene consecuencias administrativas. El proyecto busca determinar qué impacto tuvieron los cierres y traslados sobre quienes cursan las carreras.
Por eso, solicita una nómina y el número total de estudiantes y docentes afectados desde diciembre de 2023, además de información sobre las alternativas ofrecidas para evitar superposiciones horarias y prevenir el abandono de los estudios.
También se pide precisar cómo se garantizará el dictado de materias anuales que no tienen oferta durante el segundo cuatrimestre, tomando como referencia el caso del IFTS N° 13.
Otro de los puntos apunta a los exámenes de ingreso: el Ejecutivo deberá explicar cuáles fueron los fundamentos pedagógicos de su implementación y qué impacto tuvieron sobre los niveles de matriculación.
El caso del IFTS 28 y los cambios en la oferta académica
El proyecto dedica un apartado particular al IFTS N° 28, donde se solicita información sobre el cierre de una comisión de la carrera de Pedagogía y Educación Social con Orientación en Derechos Humanos y la incorporación de la carrera de Recursos Humanos.
En este caso, el pedido busca conocer cómo se decidió reorganizar a los docentes para dictar materias de una carrera en la otra y qué criterios se utilizaron para determinar si sus antecedentes y perfiles profesionales se correspondían con las nuevas asignaciones.
También se pregunta si existen concursos o convocatorias abiertas para que los docentes puedan acceder al dictado de esas unidades curriculares.
Qué pasa con la situación laboral docente
Otro capítulo del proyecto está dedicado a los trabajadores de los institutos.
La iniciativa reclama conocer qué normas y procedimientos del Estatuto del Docente de la Ciudad fueron considerados al momento de suspender, cerrar, trasladar o abrir comisiones en los IFTS 13, 27, 28 y 87.
Además, pide información sobre las medidas previstas para garantizar la estabilidad laboral, la convocatoria a concursos de titularización y el fortalecimiento de los equipos de apoyo.
El proyecto también consulta qué medidas adopta la Agencia de Habilidades para el Futuro para garantizar los derechos estatutarios, la estabilidad laboral y la continuidad de los haberes de los docentes afectados por el cierre o traslado de comisiones.
Reclamos por el sistema de inscripciones
Las dificultades de gestión también forman parte del pedido de informes.
Tagliaferri solicita que el Ejecutivo explique las causas de las interrupciones registradas en la plataforma SIU Guaraní durante el período de inscripciones y qué medidas se tomaron para solucionar los inconvenientes que pudieron afectar a los estudiantes.
Además, el proyecto pregunta si antes de adoptar las modificaciones hubo reuniones o mesas de trabajo con rectores, consejos directivos y comunidades educativas de los institutos involucrados.
En caso afirmativo, se pide conocer las fechas, participantes, organismos convocantes, temas tratados y conclusiones, junto con las actas o documentos elaborados.
Una discusión sobre el futuro de la formación técnica
En los fundamentos, la iniciativa parte de una definición establecida en la Constitución de la Ciudad, que asigna al Estado porteño la responsabilidad de garantizar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita y de asegurar igualdad de oportunidades para el acceso, permanencia y egreso del sistema educativo.
Desde esa perspectiva, el proyecto plantea que los IFTS cumplen un papel estratégico dentro de la educación superior técnica porteña, tanto por su función formativa como por su vinculación con las necesidades sociales, culturales y productivas.
La propuesta sostiene que las decisiones sobre apertura, continuidad, suspensión, cierre o traslado de comisiones deberían basarse en criterios objetivos, transparentes y verificables, que contemplen no solamente el presupuesto, sino también la demanda educativa, las características de las carreras, el equipamiento disponible y la ubicación de cada establecimiento.
El proyecto también plantea que cualquier modificación de la oferta académica debe analizarse junto con los recursos disponibles y sus consecuencias sobre estudiantes y trabajadores.
Por eso, el pedido de informes busca poner bajo la lupa los criterios de gestión, las decisiones sobre la oferta académica, el presupuesto, la situación docente y los mecanismos de participación de las comunidades educativas.
Ahora, la iniciativa deberá avanzar en la Legislatura porteña. La respuesta que eventualmente brinde el Ejecutivo permitirá conocer con mayor precisión qué cambios se produjeron en los IFTS durante los últimos años y cuáles son los criterios que se están utilizando para definir el futuro de la formación técnica superior pública en la Ciudad.
