La Asociación Amigos del Lago de Palermo manifestó su preocupación por la implementación de la Ley N.º 4950 a través de una reciente licitación pública impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para instalar núcleos de servicios gastronómicos en espacios verdes públicos. A través de un documento técnico, la entidad sostiene que la medida podría entrar en conflicto con normas urbanísticas, ambientales y patrimoniales actualmente vigentes.
La polémica se originó a partir del llamado a licitación para otorgar permisos de uso en plazas y parques porteños, una iniciativa que, según la organización, habilitaría la instalación de estructuras destinadas a la venta de alimentos y bebidas dentro de espacios verdes que actualmente cuentan con distintos niveles de protección normativa.
Las observaciones sobre la normativa vigente
Uno de los principales argumentos desarrollados por la Asociación Amigos del Lago de Palermo se relaciona con las Ordenanzas Municipales N.º 46.229 y N.º 46.660, normas que establecen restricciones para el otorgamiento de concesiones, permisos de uso y cambios de destino en parques, plazas y otros espacios verdes públicos.
Según destaca la entidad, la Ordenanza 46.229 dispone que no pueden otorgarse concesiones, cesiones, transferencias de dominio ni permisos de uso sobre espacios destinados a plazas y parques públicos. Asimismo, establece que las concesiones existentes deben mantenerse únicamente hasta su vencimiento y no pueden ser renovadas, salvo algunas excepciones específicas previstas posteriormente por la normativa.
En ese sentido, la organización considera que el esquema previsto por la Ley 4950 reabre mecanismos que, según su interpretación, se encuentran limitados por disposiciones anteriores aún vigentes.
El debate sobre los espacios verdes de uso público
Otro de los cuestionamientos apunta al Código Urbanístico de la Ciudad. La Asociación sostiene que muchas de las plazas incluidas dentro de los procesos licitatorios se encuentran catalogadas como áreas de Urbanización Parque (UP), una categoría destinada específicamente a espacios verdes y parquizados de uso público.
De acuerdo con la normativa citada en el documento, en estos sectores sólo pueden autorizarse obras de utilidad pública que complementen el uso del espacio sin alterar su carácter esencial.
La entidad entiende que la incorporación de locales gastronómicos, sanitarios, áreas de servicios y otras instalaciones asociadas a la actividad comercial podría modificar las características originales de estos espacios.
Qué establece la Ley 4950
La Ley N.º 4950 fue sancionada en 2014 con el objetivo de crear un marco regulatorio para otorgar permisos de uso precario en espacios verdes públicos. La normativa contempla la instalación de núcleos de servicios que incluyan sanitarios gratuitos, estaciones saludables, estacionamientos para bicicletas, conexión Wi-Fi, bibliotecas y espacios destinados al expendio de alimentos y bebidas.
Además, la ley permite la comercialización de productos alimenticios envasados, bebidas sin alcohol, infusiones y determinadas elaboraciones gastronómicas.
Para la Asociación Amigos del Lago de Palermo, estas actividades terminan configurando establecimientos con características similares a bares o cafeterías dentro de espacios cuya función principal debería continuar siendo recreativa y ambiental.
La situación del Parque Tres de Febrero
Uno de los puntos más sensibles del planteo se vincula con el Parque Tres de Febrero. La entidad recuerda que la Ley Nacional N.º 24.257 prohíbe el otorgamiento de nuevas tenencias precarias, permisos de uso o concesiones dentro de ese predio y establece que las autorizaciones existentes sólo pueden mantenerse hasta su vencimiento.
Asimismo, el documento señala que este espacio se encuentra protegido por disposiciones patrimoniales que restringen la realización de actividades o instalaciones capaces de alterar el paisaje o afectar la libre circulación de los visitantes.
Según la organización, algunos de los espacios incluidos en la licitación formarían parte de áreas vinculadas al entorno del Parque Tres de Febrero, motivo por el cual considera necesario revisar la compatibilidad de las propuestas con la normativa vigente.
La defensa de los espacios verdes urbanos
La Asociación Amigos del Lago de Palermo sostiene que cualquier intervención en plazas y parques debe respetar los principios establecidos por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que promueve la protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito y la preservación de las áreas verdes urbanas.
Desde la entidad consideran que las políticas vinculadas al espacio público deben priorizar la conservación ambiental, el acceso irrestricto de los vecinos y la protección del patrimonio paisajístico de la Ciudad.
En ese marco, remarcan la necesidad de analizar en profundidad los alcances de las concesiones proyectadas y sus posibles impactos sobre el uso cotidiano de plazas y parques.
Los pasos que propone la organización
Como parte de sus conclusiones, la Asociación Amigos del Lago de Palermo plantea la posibilidad de impulsar medidas judiciales destinadas a suspender la ejecución de la licitación hasta que se resuelvan los cuestionamientos planteados. También propone promover una iniciativa legislativa orientada a derogar la Ley N.º 4950.
La organización entiende que estas acciones permitirían abrir un debate más amplio sobre el futuro de los espacios verdes porteños y sobre los límites de las actividades comerciales dentro de plazas y parques públicos.
Un debate que vuelve a la agenda urbana
La utilización de los espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires ha sido motivo de discusión en numerosas oportunidades durante los últimos años. La incorporación de nuevos servicios, concesiones y actividades comerciales suele generar posiciones contrapuestas entre quienes consideran que estas iniciativas mejoran la experiencia de los usuarios y quienes sostienen que pueden afectar el carácter público de los parques y plazas.
En este contexto, la presentación realizada por la Asociación Amigos del Lago de Palermo vuelve a poner sobre la mesa una discusión que involucra aspectos urbanísticos, ambientales y patrimoniales. Mientras avanza el proceso licitatorio impulsado por el Gobierno porteño, la entidad reclama una revisión de la iniciativa y reafirma su postura en defensa de los espacios verdes como ámbitos de acceso libre, gratuito y protegidos para toda la comunidad.
