Diputados porteños manifestaron dudas sobre la aplicación de la Ley N° 4.786 de Reparación Integral a las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas fatales de la tragedia de Cromagnon.
Los diputados Leandro Santoro, Javier Andrade, María Andrea Conde, Victoria Montenegro, Mariano Recalde y Carlos Tomada presentaron un pedido de informe en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para conocer la implementación de la Ley N° 4.786 porque consideran que faltan de datos exactos sobre determinadas cuestiones.
“Teniendo en cuenta, a su vez, la situación de vulnerabilidad sostenida en el tiempo de los/as beneficiarios/as de la normativa mencionada y estando presentes las consecuencias de la tragedia en ellos/as y su entorno, como también en toda la ciudadanía; es que quienes tenemos responsabilidades políticas debemos velar por su integridad”, destacaron los diputados de la Ciudad en los fundamentos del proyecto.
En el pedido de informe se solicita que el Poder Ejecutivo detalle el plan que lleva adelante para implementar acciones, políticas y programas de salud para las víctimas, precisando cuántos beneficiarios de la ley accedieron a ellas, qué tipos de demandas sanitarias fueron requeridas, que atención médica fue otorgada y en cuántos casos se otorgó medicación.
Se busca obtener conocimiento sobre las convocatorias para la inserción laboral en el sector público que llevó adelante con preferencia para los beneficiarios de la ley en cuestión, indicando qué tipos de trabajos, con qué salarios y cuáles requisitos.
Se pregunta sobre qué funcionarios fueron destinados a la Comisión de Control y Seguimiento, según indica el Artículo 16 de la Ley N° 4.786, y cuáles fueron sus funciones, actividades y dictámenes.
Por último se solicita información sobre cómo se cumplió con el Artículo 14°, garantizando la difusión de los términos y alcances de la presente Ley, detallando a través de cuáles medios de difusión masiva y dependencias públicas, y en qué periodicidad, se llevó a cabo la misma.
Cromagnon marcó un antes y una después para los vecinos de Balvanera y para la vida política de la Ciudad de Buenos Aires. El apoyo para los familiares y sobrevivientes es un deber impostergable que debe cumplir el Estado.
