El Gobierno de la Ciudad puso en venta una edificación pública ubicada en la Avenida Córdoba 2222 (Balvanera, Comuna 3), en donde los vecinos pedían que se construyera un polideportivo con piletas y un centro cultural, para que pueda ser utilizado por las escuelas de la zona y gente de todas las edades. En ese contexto, integrantes del Consejo Consultivo presentaron un amparo para frenar el remate en conjunto con el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC).
El GCBA ya había intentado desprenderse del establecimiento en mayo por declararlo “innecesario para la gestión”, pero esa licitación quedó vacante. Esta vez bajó su precio a menos de la mitad y ya recibió una oferta por un monto un poco mayor al precio base de 1.276.470 dólares a abonar en pesos. La subasta a cargo de la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles se llevó a cabo el lunes 5 de diciembre a través de la página web del Banco Ciudad y la oferta quedó sujeta a aprobación.
Según informó Página 12, de concretarse la transacción, la ciudadanía perdería un edificio público de más de cuatro mil metros cuadrados y dos plantas, donde funcionaba la Dirección General de Ceremonial y Protocolo. El espacio también fue sede durante mucho tiempo de los talleres donde se hacían las banderas argentinas que luego se distribuían en escuelas y organismos públicos.
Para frenar la licitación los vecinos están haciendo jornadas de visibilización y protestas. Además, desde el Consejo Consultivo Comunal 3 presentaron un amparo, con el patrocinio del Dr Jonatan Baldiviezo, presidente del ODC, con el objeto que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la decisión de la venta, “por ser contraria al destino que establece el Plan Urbano Ambiental (PUA) para los inmuebles públicos y por no haber realizado instancias de participación ciudadana para la decisión del destino otorgado a la edificación”; y que se interrumpa el proceso de subasta.
“El Plan Urbano Ambiental exige considerar el destino social de los establecimientos de la CABA, uno de ellos es que sea destino a equipamiento, como puede ser un polideportivo”, expresaron en los argumentos, a la vez que agregaron: “El planeamiento urbano tiene como uno de sus objetivos fundamentales garantizar el goce del derecho a un ambiente sano y equilibrado; y es la herramienta institucional y legal para prevenir daños ambientales y el detrimento del ambiente urbano. El incumplimientode cualquier normativa relacionada con el PUA constituye de por sí una violación al derecho de un ambiente sano y adecuado”.
La causa quedó en el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nro 15, Secretaría Administrativa Nro 30, que dictó la “anotación preventiva” del inmueble, es decir, que registró el trámite y notificó a la parte demandada, el Gobierno de la Ciudad. Todavía no se dictó la medida cautelar que frenaría la subasta.
