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Libres pero condenados

Los Tribunales de Río Gallegos dieron a conocer su fallo en el juicio contra cinco trabajadores estatales de Santa Cruz: una trabajadora fue absuelta y otros cuatro fueron condenados, aunque quedaron libres por haber cumpido más de un tercio de la condena. Los organismos de derechos humanos denunciaron que el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades.
Los Tribunales de Río Gallegos dieron a conocer su fallo a los cinco trabajadores presos hace un año en Santa Cruz. La enfermera Patricia Benítez fue absuelta. Ernesto Apendino, Juan José Vera y Alberto Arteaga recibieron penas de tres años de prisión efectiva, aunque igual quedaron libres por haber cumplido ya más de un tercio de su condena. Diego Reyes fue condenado a un año de prisión, condena ya cumplida.
Los trabajadores se encontraban detenidos en prisión preventiva desde octubre del 2013, acusados por el incendio de un edificio público durante una jornada de lucha por aumento de salarios.
Entre el 18 y el 21 de noviembre se habían llevado a cabo las audiencias. Durante las audiencias quedó demostrado que el juicio es una farsa. La mayoría de los testigos son parte de las fuerzas de seguridad o personas que no estaban en el lugar. Incluso algunos de los testigos denunciaron que fueron amenazados por la jueza de instrucción y el fiscal para inducirlos a declarar contra los acusados sin pruebas. Los trabajadores detenidos denunciaron apremios por parte de la policía cada vez que eran trasladados al tribunal. En la última audiencia fueron liberados Patricia Benítez y Diego Reyes. Benítez quedó libre por falta de mérito y Reyes fue liberado porque el fiscal le imputó un delito con una pena menor a los 14 meses que pasó en prisión (daño a un móvil policial). Al resto de los trabajadores el fiscal pidió penas desde 5 años, sin absolutamente ninguna prueba.
En octubre del 2013 miles de trabajadores protagonizaron importantes jornadas de lucha por aumento de salarios, rechazando el mísero 5% ofrecido por el gobierno provincial. El 19 de ese mes fue incendiado el edificio de Planeamiento. Unos días después fueron detenidos estos trabajadores. Ha quedado claro que el juicio no es para averiguar quien incendió el edificio, sino que este incendio es utilizado para amedrentar al conjunto de trabajadores que luchan por un salario digno. En la provincia de Cristina Kirchner la criminalización de quienes luchan es moneda corriente, basta recordar el caso de los petroleros de Las Heras.
Todas las audiencias fueron acompañadas por la movilización de trabajadores, organizaciones sociales, políticas y personalidades como Nora Cortiñas y Elia Espen de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, entre otras. La liberación de Benítez y Reyes es un triunfo importante de la lucha popular contra la criminalización de la protesta. A la salida de esta edición, lunes 1 de diciembre, se realizará la lectura del veredicto final.
La libertad de los trabajadores es un alivio, aunque no borra el avance de la criminalización de la protesta social contra el pueblo.