Los 43 ex manteros expulsados del predio ubicado en Perón y Boulogne Sur Mer el viernes pasado mantuvieron una reunión en la sede de la Defensoría del Pueblo ubicada en Santiago del Estero 1765 de la Ciudad.
Los vendedores ambulantes llegaron al predio judicial con el objetivo de encontrar alguna respuesta frente al operativo de la División de Ferias del Ejecutivo porteño en conjunto con la Policía de la Ciudad que dejó como saldo varios detenidos y heridos.
“Seguiremos haciendo reuniones y convocando a todos los compañeros expulsados que hasta la fecha suman unos 100. Sabemos que existe una nueva lista con más de 60 puesteros del predio de la Rioja e Yrigoyen que tienen previsto desalojar de manera inmediata” alertaron de las Asociación Manteros Libres en un comunicado.
Los vendedores anunciaron que luego de la convocatoria para reunir a todos los expulsados realizarán las acciones judiciales que correspondan por “los hechos de violencia como las detenciones arbitrarias y las lesiones que sufrieron nuestros compañeros en la represión brutal, injustificada e innecesaria”.
En relación a los argumentos del ejecutivo para llevar adelante el operativo, los manteros sostienen que la caducidad de un permiso por incumplir el reglamento es un tipo de sanción administrativa y se debería llevar adelante luego de un proceso que permita al permisionario defenderse, o presentar un descargo de modo previo a la caducidad. Luego debe ser notificado fehacientemente, indicando los recursos disponibles y los plazos. La persona puede interponer recursos administrativos y eventualmente judiciales, que suspenden la ejecución del desalojo. “Por lo que vimos, en el proceso no hubo ni derecho de defensa ni posibilidad de interponer recursos, y eso hace nula la actuación del gobierno” destacaron.
La conflictividad crece a pesar de los esfuerzos por parte del Gobierno de la Ciudad. Los caminos elegidos no parecen encontrar soluciones más allá de del impacto inmediato. Será necesario escuchar a las partes para encontrar la posibilidad de un acuerdo que permita respetar la inclusión social, el derecho al espacio público y eliminar las mafias que operan en la zona.
