Los empleados del Centro Gallego se pronunciaron sobre la asamblea de representantes realizada el 18 de diciembre. Según los delegados gremiales la salida es convertirlo en un nuevo hospital para la zona de Balvanera.
Los representantes sindicales consideran que no se resolvió nada en concreto con respecto a la venta porque las agrupaciones desconocieron las últimas elecciones. El documento presentado por el actual interventor Martín Moyano Barros no se votó, pero se reconoció el que votaron las seis agrupaciones presentes. Se rechazaron los últimos diez balance presentados y se acordó que la venta queda condicionada a los puntos presentados por las agrupaciones. Ahora nombraran una comisión de socios para iniciar la negociación.
Frente a la intención de venta, la asamblea resolvió que la forma debe estar condicionada a los puntos presentados. Entre ellos el hecho de que el grupo que lleve adelante la compra se debe hacer cargo de todas las deudas y de los trabajadores con sus derechos convencionales.
“Para nosotros significa que seguimos en la misma situación. La venta no está resuelta y los puestos de trabajo siguen navegando en ese mar de incertidumbre”, destacó Yolanda Guitián, trabajadora y delegada del Centro Gallego.
“Cuando llego la intervención de la mano de Moyano Barros nos prometió reactivar el hospital, sin embargo hizo todo lo contrario, lo vacío, cerró sectores, no pagó los sueldos, no se hizo cargo de las deudas, nos vaciaron de socios, de insumos y de medicamentos”, agregó la empleada.
Para Yolanda la responsabilidad por la situación que se vive es del gobierno Argentino y Español porque pusieron distintos interventores y no se encargaron de controlar lo que estaba pasando en esta institución de la colectividad.
“Con la falta de hospitales que tenemos en la ciudad, donde los ciudadanos hacen cola desde el día anterior para obtener turno, el Centro Gallego es un espacio preparado para ser un lugar hospitalario de gran complejidad. Por eso solicitamos que pase a la órbita de los hospitales públicos, pero por ahora no hay respuesta”, destacó la delegada.
Por último precisó que los trabajadores no son responsables de las deudas generadas y que “los gobierno de Argentina y España deben hacerse cargo”.
