Como ya pasó los últimos tres años en la Legislatura Porteña, el PRO intentará aprobar una ley para que no existan más trapitos y limpiavidrios. El legislador por la Coalición Cívica (CC) e integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales Maximiliano Ferraro, adelantó que va a votar en contra y recordó que en 2011 la oposición logró un proyecto “donde se intentaba regular el trabajo de los cuida coches en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y no tapar la situación debajo de la alfombra como se pretendía en ese momento”.
“Están fallando la Fiscalía General de la CABA y la Policía Metropolitana, porque tienen herramientas, si esta actividad está prohibida, como para que estos actores no estén instalados en las calles”, describió el diputado. “Pero no vaya a ser cosa que algunos estén asociados con algún otro tipo de redes que los vinculan a la política”, sospechó.
“Aprovecharon estos dos años y volvieron con la misma intención”, avisó el referente en una entrevista realizada por la radio Frecuencia Zero. “Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es lo que hacen los fiscales? ¿Qué hacen los jueces? ¿Qué hace la Policía Metropolitana? Porque no confundamos a la sociedad, no es que estos funcionarios no tienen las herramientas. La CABA las tuvo”, agregó respecto a la Ley que consensuaron entre opositores y que fue vetada por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri.
“Lo que vamos a tratar, y en eso tenemos una historia desde nuestro bloque, es de consensuar con el resto de los sectores de la oposición el proyecto de aquel momento y volver a presentarlo”, explico Ferraro. También indicó que la iniciativa original “no quería esconder la situación debajo de la alfombra y evitaba que sucedan esas situaciones de connivencia de las distintas fuerzas de seguridad con algún grupo que pueda llegar a cometer delitos y que lleve adelante el tema en eventos masivos como pueden ser los partidos de fútbol o recitales”.
“Pareciera ser que escondiendo estas situaciones que hoy existen en connivencia entre unos y otros, y porque este tema tiene redito para ciertos sectores de la sociedad, estamos banalizando o bajando el debate de lo que tenemos que solucionar”, analizó el dirigente de la CC, quien aseguró que su iniciativa “trataba de regular las actividades” y evitar que se estafe a la gente que pretende estacionar”.
“Ahora vamos a tener el estacionamiento medido en la CABA y empieza el tiempo de la licitación de las distintas empresas para la actividad”, recordó Ferraro, quien también aseveró que “hay muchas personas que trabajan de esto y se puede regular, como se hizo en otras partes, integrándolos al sistema”.
“Esto es pensado como una cuestión meramente electoral, como lo está pensando el oficialismo. Y no tiene que ser discutido de esta manera”, propuso el legislador. “Para algunas cosas entrega espacio público y para otras cosas no. Entonces pongámonos de acuerdo, porque hay un doble estándar en algunas cuestiones que discutimos en la Legislatura. Y nosotros tenemos la responsabilidad de sacar las mejores normas”, agregó.
“Es una situación extremadamente grave porque hay responsabilidades de la Justicia y del Gobierno Porteño. Estamos proponiendo una gran mesa de dialogo multisectorial que empiece el cumplimiento de la Ley 1770, que es la de la urbanización de las villa. Y que a la vez se garantice la vivienda, la integridad de las personas y que no haya ningún tipo de desalojo violento, que termine con la vida tanto de los habitantes o los que están ahí en el predio”, expresó el diputado con respecto a las tomas que se estuvieron dando en el barrio de Villa Lugano. “La Defensoría del Pueblo de la CABA, se presentó en la Justicia y también como garante. Mañana va a haber una reunión de la Comisión de Vivienda como para avanzar en que podamos ir a un desalojo con garantías de que esa gente va a tener vivienda. Un hecho pacifico, que no se cobre ninguna vida humana. Ahí todos tenemos la responsabilidad”, afirmó.
“Lo mejor para eso sería que el gobierno presente un plan de urbanización como le ha pedido la el Poder Judicial, un plan de saneamiento de la tierra, un plan de desalojo no violento y que funcione esa mesa multisectorial. Para que los vecinos que hace años que vienen siendo estafadas por el no cumplimiento de la Ley 1.770, tengan garantías de que finalmente van a acceder a su vivienda”, concluyó Ferraro.
