En el marco de las preocupantes denuncias de hostigamiento hacia la organización civil Consejerías de Vivienda, dedicada a la defensa del derecho a la vivienda digna en la ciudad, la diputada de la Ciudad de Buenos Aires Alejandrina Barry un proyecto de resolución que busca esclarecer los hechos y obtener respuestas concretas sobre la presencia policial en sus actividades. El proyecto, dirigido al Poder Ejecutivo a través de los Ministerios de Seguridad y de Espacio Público, exige un informe detallado que permita comprender los motivos y procedimientos involucrados en estos actos.
El primer artículo del proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá presentar, en un plazo máximo de 30 días, un informe por escrito y en formato digital sobre los operativos o controles policiales realizados durante las reuniones y actividades de las Consejerías de Vivienda. Se solicita que se detalle qué áreas intervinieron en dichos operativos, proporcionando el nombre y apellido de los funcionarios responsables tanto de su orden como de su ejecución. Además, se requiere la presentación de las órdenes de servicio que dieron lugar a estas intervenciones, tanto por parte de la policía como del Ministerio de Espacio Público.
En el segundo artículo, se demanda al Gobierno de la Ciudad y a la Policía a su cargo que expliquen los motivos por los cuales se envió personal policial a dichas actividades de las Consejerías de Vivienda. Asimismo, se solicita información detallada sobre cómo obtienen la información acerca de los lugares, fechas y horarios en que se llevarán a cabo estas reuniones, así como el organismo civil o policial encargado de recopilar dicha información.
El fundamento del proyecto destaca la labor de la organización Consejerías de Vivienda, cuyo objetivo es brindar apoyo a los vecinos que enfrentan dificultades en el acceso a una vivienda digna. Esta organización ha denunciado una grave crisis habitacional en la ciudad, haciendo hincapié en el trágico derrumbe de la construcción en Lacarra y Rivadavia, que causó la pérdida de vidas humanas y dejó personas desaparecidas.
La nota relata los casos concretos en los que miembros de la organización han denunciado la presencia de agentes de policía en sus reuniones, incluso cuando estas se realizaban en lugares privados. Se resalta el patrón sistemático de este hostigamiento y la sospecha de un trabajo de inteligencia ilegal. La presencia policial en reuniones pequeñas, el seguimiento en las inmediaciones de los lugares de encuentro y la obtención de información a través de redes sociales generan serias preocupaciones respecto a las prácticas empleadas por la Policía de la Ciudad.
Ante esta situación, el proyecto de resolución busca obtener respuestas claras y contundentes por parte del Poder Ejecutivo. Se exige transparencia en el accionar de las fuerzas de seguridad y se busca garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y organizaciones civiles.
Se espera que, mediante la aprobación de este proyecto de resolución, se pueda esclarecer el hostigamiento denunciado y se tomen las medidas necesarias para prevenir futuras acciones indebidas por parte de la Policía de la Ciudad. La defensa de los derechos ciudadanos y la protección de la labor de las organizaciones de la sociedad civil son pilares fundamentales para una convivencia democrática y justa en nuestra ciudad.
