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Proponen debate obligatorio entre candidatos a Jefe de Gobierno de CABA

Un proyecto de Maximiliano Ferraro propone la implementación de un debate público, televisivo y obligatorio en las elecciones a Jefe de Gobierno. El principal objetivo es realizar un debate  entre los principales candidatos a Jefe de Gobierno en la primera vuelta electoral y en la segunda vuelta, si la hubiere. Asimismo determina como Autoridad de aplicación al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los procesos eleccionarios han evolucionado substancialmente en los últimos años en nuestra ciudad. La sociedad porteña exige campañas electorales competitivas y propositivas de las cuales obtenga una multiplicidad de visiones sobre la realidad. Esta situación nos obliga a encontrar nuevas formas de interactuar con la sociedad y producir procesos electorales incluyentes, trasparentes y equitativos. Es por eso que creemos fundamental crear un marco normativo que regule la organización y difusión de los debates que tan importante rol tienen en una república democrática.

El proyecto determina un debate público, televisivo y obligatorio. Público por que el carácter colectivo del mismo y la difusión desde medios públicos estatales es medular a la hora de la organización de las discusiones que nos incumben a todos. Televisivo porque se sustenta en el lugar central que la televisión tiene como medio de comunicación masivo y la importancia del mismo para el acceso a la información de la mayoría de la población en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La obligatoriedad apunta a que no sean las estrategias coyunturales de los candidatos las que determinen cuando los ciudadanos pueden ver un debate de sus futuros gobernantes y cuando no.

En igual sentido se establece que el principal objetivo del proyecto es generar un ámbito neutral, democrático y republicano propicio para la exposición de ideas, propuestas y plataformas electorales de los candidatos a Jefe de Gobierno desde la esfera pública estatal. Propugnan un espacio de discusión neutral que impida cualquier trato de privilegio arbitrario a los candidatos o espacios políticos invitados, democrático porque se sostiene en la promoción de la legitimidad política y social emanada de la voluntad popular de los procesos eleccionarios, y republicano porque aspira a la efectiva distribución del poder y al acceso de las minorías a la palabra.

Internacionalmente la práctica del debate televisivo se ha hecho tradición en países como España, Chile, Brasil, Estados Unidos, México, Francia, etc. En Argentina no ha sido posible avanzar en esta saludable práctica democrática por verse  condicionada a las estrategias coyunturales de cada uno de los candidatos y sus asesores políticos.

En el Derecho comparado la práctica del debate televisivo no tiene una regulación jurídica específica. En EE.UU., España o México la práctica consuetudinaria del debate no requirió de regulación previa. No obstante, se produjeron a posteriori ciertas normas aisladas y jurisprudenciales en cuanto a controversias específicas como, por ejemplo, cuándo es posible para las organizaciones no gubernamentales organizar debates o la participación de partidos minoritarios en los mismos por problemas de logística. Asimismo varios dirigentes de partidos como el Frente Amplio de Uruguay o el PSOE de España han declarado públicamente  la necesidad de regular jurídicamente el carácter de obligatoriedad de los debates televisivos.

De estas razones se infiere que de ser aprobado este proyecto de Ley, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomaría la delantera en materia de regulación de debates en medios de comunicación audiovisuales a nivel internacional.

En cuanto al articulado específico, el Artículo 2 establece que el debate se aplicará entre los cinco (5) días anteriores al comienzo de la veda de la primera vuelta electoral, o la segunda, en caso que la hubiere. La cantidad de días es arbitraria existiendo en diversos proyectos actualmente presentados en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación Argentina diferentes lapsos temporales; diez (10) días antes del comienzo de la veda en el caso del proyecto de Gustavo Ferrary, “el día inmediato anterior a la finalización de la campaña electoral” en el de Gerardo Millman y siete (7) días antes de la veda en el proyecto de las ex-Senadoras Nacionales María Eugenia Estensoro y Norma Morandini. La intención originaria, se entiende, es que el debate público conjugue relevancia política y actualidad con relación a la fecha del día eleccionario, como sucede de manera consuetudinaria en la mayoría de los países donde esta práctica es habitual. De nada sirve a la ciudadanía un debate desactualizado en cuanto a los temas que atañen a la sociedad.

La convocatoria realizada por la autoridad de aplicación a los partidos políticos según el Artículo 5, debe respetar los objetivos establecidos en el artículo 3 del Proyecto. Aquí es importante hacer mención a la participación de espacios políticos minoritarios.

Respecto a la difusión del debate entienden prioritario utilizar los medios audiovisuales sujetos a su titularidad. Es substancial para respetar el espíritu de la Ley que se libere la señal a todos los medios privados y públicos que lo soliciten de modo que se difunda el debate a la mayor cantidad de ciudadanos posible.

El artículo 6 establece que el Reglamento General del debate debe ser establecido por la Autoridad de Aplicación y negociado con los diferentes espacios políticos participantes. El mismo debe regirse por la imparcialidad a la hora de definir moderadores, tiempo de exposición de cada candidato, tópicos a tratar, fecha del debate y del sorteo previo, lugar físico de exposición, modalidad para determinar invitados, etc.

El artículo 8 impone el carácter obligatorio del debate, que como anteriormente se explico se sustenta en la necesidad de que no sean las conveniencias especulativas de los candidatos las que definan cuando los ciudadanos pueden presenciar un debate y cuando no. En definitiva es ampliar los derechos de los ciudadanos en una democracia que cada día exige más participación.

La práctica de debatir con fundamentos e igualdad de posibilidades ocupa un lugar esencial en una república democrática. El Proyecto de Ley aspira a funcionar como instrumento de consolidación para nuestro sistema de partidos que, en definitiva, promueva la educación cívica. Los autores creen esencial crear un mecanismo efectivo para que los ciudadanos puedan conocer la capacidad de los aspirantes a Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.