¿Qué evaluamos?

En los últimos días circuló información sobre la prueba de 7° grado en la Ciudad de Buenos Aires, expresando preocupación en los docentes sobre quiénes la hicieron, para qué, qué contenidos se evalúan, qué uso se le puede dar a los resultados.
Los análisis realizados con respecto a la prueba, se basan en información errónea porque están basados en un folleto ilustrativo que estaba destinado a los alumnos para explicar el tipo de consignas que iban a tener que responder y de ninguna manera fue concebido como ejercitación previa aunque ese haya sido el uso que se le dio.
Quienes diseñan estos mecanismos de evaluación son docentes con formación centrada en la didáctica de la Matemática y las Prácticas del Lenguaje. Son cargos técnicos que implican que no son funcionarios políticos ni electos por afinidades ideológicas.
Esta prueba está inscripta en la misma línea en la que se viene trabajando en la Ciudad desde hace 20 años. La finalidad es proporcionar información actualizada y algunas interpretaciones a supervisores, directivos y docentes, para acompañar la reflexión sobre las prácticas de enseñanza y los procesos de aprendizaje de los alumnos. También a los responsables de las políticas públicas, para que puedan diseñar e implementar acciones tendientes a la mejora del sistema educativo jurisdiccional.
Para algunos gremios docentes esto puede significar el cierre de grados, la estigmatización de escuelas, docentes o alumnos, la lectura falaz sobre las diferencias de resultados entre la gestión estatal y la privada o la tercerización de las responsabilidades del Estado. Los empleados sostienen que buscan garantizar que todos los chicos y chicas que estudian en las escuelas de la Ciudad, cuenten con todas las oportunidades de aprendizaje necesarias para el cumplimiento real de su derecho a la educación.
Todos los contenidos evaluados pertenecen al Diseño Curricular para el Nivel Primario vigente en la Ciudad. Se trata de una selección realizada para las áreas de Matemática y de Prácticas del Lenguaje. El recorte es por las limitaciones de una prueba de estas características: es individual, escrita, anónima, a resolver en un tiempo acotado y un momento específico.
Otro debate es si las evaluaciones de sistema reemplazan a las evaluaciones de aula. Para muchos las ealuaciones de sistema persiguen otros fines, son valiosas porque hablan de algunas cuestiones que se observan de manera generalizada, a través de los resultados de aprendizaje de los alumnos.
A su vez, la especificidad de las pruebas jurisdiccionales (en relación con las nacionales e internacionales) es que permiten obtener información sobre algunos de los aprendizajes de los alumnos en función de lo prescripto por los materiales curriculares de la jurisdicción.
La construcción de una evaluación masiva implica procesos y modelos técnicos específicos a cargo un equipo. Como la prueba busca identificar qué contenidos señalados en el Diseño son necesarios para profundizar en las aulas, es fundamental el trabajo conjunto con los especialistas de las áreas de la Gerencia Operativa de Currícula y Enseñanza.
Los resultados obtenidos a través de una evaluación no deberían utilizarse con propósitos diferentes a aquellos para los cuales esta fue diseñada. Hacerlo implicaría no solo la invalidez técnica de la información que se difunda, sino también la falta de ética en las decisiones que se tomen.
Mejorar no implica culpabilizar a las escuelas, los docentes, los chicos y las familias, sino asumir las responsabilidades que corresponden. A quienes trabajan en las aulas, la responsabilidad de seguir pensando sus prácticas de manera tal de profundizar la presencia del Diseño Curricular en cada propuesta de enseñanza. A quienes tienen a cargo la gestión, la responsabilidad de poner al servicio de las escuelas y los docentes todos los medios necesarios para que ello sea posible.
Desde los equipos técnicos que vienen trabajando hace más de 20 años en el Gobierno de la Ciudad afirman que la evaluación no fue concebida para: rankear escuelas; modificar el diseño Curricular vigente; comparar de manera descontextualizada los resultados entre escuelas de gestión estatal y privada; definir promoción de alumnos ni certificaciones; establecer incentivos ni difundir datos que son confidenciales.
Sin embargo, no se puede garantizar que la gestión actual utilice los resultados con otros fines.