El ex funcionario del Gobierno, imputado en la causa del derrumbe de Beara, podría convertirse en los próximos días en juez. Juan Lizarraga, padre de una de las víctimas fatales del boliche de Palermo, criticó la propuesta del Ejecutivo porteño y pidió a los legisladores que insten a que Farrell no sea designado magistrado. “Este sistema hay que corregirlo”, agregó.
Los familiares de Ariana Lizarraga (20) y Leticia Provedo (21), las dos fallecidas en el derrumbe ocurrido en septiembre de 2010 denuncian que el ex director de Habilitaciones de la Agencia Gubernamental de Control, Martín Farrell, asumirá como magistrado en el fuero Contencioso Administrativo si es que no se modifica el cronograma en la Legislatura para el tratamiento del pliego.
“Los legisladores están para representar al pueblo y decidir finalmente quién va a ser juez o no de la Ciudad. Reclamamos la reprogramación que hizo la Junta de Ética y Acuerdos porque si no, Farrell va a quedar nombrado sin que se desarrolle un debate público previo, sin que se tengan en cuenta todas las impugnaciones que alguien pueda presentar y sin que se debata en el Parlamento”, resumió Lizarraga en declaraciones a la radio Frecuencia Zero.
Además, pidió que “se cumplan los pasos democráticos que tienen que ser transparentes para que un juez asuma en la Ciudad. Sería la primera vez en la historia porteña que un juez tomara su cargo fictamente. Lo único que reclamamos es que se modifique el programa que presentaron porque el 25 de junio sería recién la audiencia pública y al otro jueves –cuando tendría que votarse en sesión si Farrell tiene las condiciones o no- ya pasaron los 60 días. Entonces asumiría entre la audiencia y la sesión. Como el partido oficialista no tiene los votos y dentro de su propio partido tiene oposición, quieren que Farrell asuma fictamente.
Farrell se encuentra imputado en la causa que investiga la jueza Alicia Iermini quien en 2012 lo había sobreseído junto a los otros acusados: Norberto Casano, jefe del Departamento de Esparcimiento; Pablo Saikauskas, director de Habilitaciones Especiales; Carlos Mustapich, quien habría dado la habilitación del local, Gustavo Amaru, maestro mayor de obras, Isaac Rasdolsky, arquitecto encargado de verificaciones, Leandro Camani y Matías Luis Pantarotto, ambos gestores de habilitaciones. Como la Cámara del Crimen revocó la sentencia de primera instancia, la jueza volvió a investigar el caso por el cual Farrell declaró el viernes. “Una vez que se cumplan todas las indagatorias, ella debería resolver si los procesa o sobresee”.
“Este sistema hay que corregirlo. Hay muchas leyes y reglamentos viejos que no están adaptados a lo que sucede hoy. Los pliegos, entre otros papeles, exigen los antecedentes penales de la persona que se postula. Presentás toda esa documentación y hasta que te nombran pueden pasar, como en este caso, 2, 3, 4 años. Y si en este período vos sos un abusador de menores o –como en este caso- estás imputado por homicidio culposo y mal cumplimiento de la función pública y cohecho, no pasa nada, te nombran igual”, criticó Lizarraga.
