La diputada porteña presentó un proyecto para que el Gobierno de la Ciudad detalle cómo se desarrolló el despliegue del 24 de septiembre. El pedido incluye información sobre efectivos, detenciones, personas heridas, desalojos, controles a comercios y secuestro de mercadería o herramientas de trabajo.
El operativo realizado el 24 de septiembre en distintos barrios populares de la Ciudad volvió a llegar a la Legislatura porteña. La diputada Berenice Iañez presentó un proyecto para que el Gobierno de la Ciudad informe en un plazo de 30 días distintos aspectos del despliegue policial y de las intervenciones realizadas por otras áreas porteñas.
El expediente, identificado como 3015-D-2026, ingresó a la Legislatura el 25 de septiembre y lleva también las firmas de Claudio Ferreño, Matías Lammens y Claudia Neira. El pedido apunta a reconstruir qué ocurrió durante el operativo conocido públicamente como “Tormenta Negra” y qué medidas se adoptaron en los barrios alcanzados.
Qué información se pide sobre el despliegue
Uno de los primeros puntos del proyecto está relacionado con las eventuales órdenes judiciales utilizadas para realizar allanamientos o detenciones. En caso de que alguna intervención no hubiera contado con una orden de ese tipo, se solicita que el Ejecutivo explique los fundamentos utilizados para llevarla adelante.
La iniciativa también solicita conocer cuáles fueron los barrios alcanzados, los horarios de inicio y finalización de cada procedimiento, la cantidad de policías y de agentes de otras áreas que participaron y los resultados obtenidos en cada lugar.
Además, se pide precisar cuántas personas fueron detenidas, cuáles fueron las acusaciones formuladas en cada caso, dónde fueron trasladadas y en qué barrio se produjo cada detención.
También preguntan por personas heridas
Otro apartado está destinado a las personas que pudieron haber resultado lesionadas durante los procedimientos.
El proyecto solicita información sobre la cantidad de casos, el lugar donde ocurrieron, la atención médica recibida, los eventuales traslados a hospitales o centros de salud, el tipo de lesión y las circunstancias en las que se produjo.
La presentación también pregunta si hubo participación de organismos vinculados con la atención social y la protección de derechos durante los procedimientos.
Qué pasó con las personas en situación de calle
El pedido de informes incorpora además una serie de preguntas sobre posibles desalojos de personas en situación de calle.
En caso de que hayan ocurrido, Iañez solicita conocer en qué barrios se produjeron, cuántas personas fueron afectadas, qué protocolos se aplicaron y si hubo familias que fueron trasladadas a otros lugares. También pide información específica sobre la eventual presencia de niños, niñas y adolescentes entre las personas desalojadas.
En este punto, la iniciativa pregunta por la intervención del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y por la actuación de la Subsecretaría de Red de Atención e Inclusión Social. También busca saber qué medidas se prevén para garantizar la continuidad educativa de los chicos que pudieran haber sido afectados.
El foco puesto en los comercios y actividades económicas
Una parte importante del expediente está relacionada con las actividades comerciales y productivas que funcionan en los barrios populares.
El proyecto pide un detalle de las clausuras, intimaciones, decomisos, secuestros, retiros, remociones, desalojos o suspensiones que se hayan realizado durante el operativo. La información debería incluir el lugar exacto, el tipo de actividad, la medida adoptada, los organismos que participaron y el fundamento utilizado.
También se solicita conocer cuántos comercios, talleres, depósitos, puestos, ferias, espacios gastronómicos, emprendimientos familiares y otras actividades económicas fueron inspeccionados.
Mercadería, herramientas y vehículos
Otro de los interrogantes apunta a los bienes que pudieron haber sido retirados o retenidos durante los procedimientos.
La Legislatura busca saber qué elementos fueron afectados, cuántos quedaron bajo custodia, cuál era su valor estimado, dónde fueron depositados y cuántos fueron posteriormente devueltos. También se pide informar si hubo bienes que fueron destruidos, descartados o que no fueron restituidos.
El proyecto pregunta específicamente por herramientas, maquinaria, mobiliario, carros, vehículos, equipamiento gastronómico y otros elementos vinculados con el trabajo cotidiano. Además, busca saber si las personas afectadas recibieron una copia del acta del procedimiento y si fueron informadas sobre el organismo responsable y los mecanismos para realizar reclamos administrativos.
Un operativo con participación de distintas áreas
El despliegue no estuvo limitado a la Policía de la Ciudad. Según los fundamentos del proyecto, participaron también organismos vinculados con control, tránsito, espacio público, bomberos y atención sanitaria.
Información difundida públicamente después del operativo indicó que participaron alrededor de 1.500 efectivos y que el procedimiento se realizó de manera simultánea en 15 barrios populares. También se informó sobre 17 personas detenidas y 192 vehículos secuestrados.
Entre los barrios mencionados aparecen Padre Carlos Mugica, 21-24, La Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Barrio Mitre, Ciudad Oculta, Barrio 20, INTA, Bermejo, Padre Mujica, 1-11-14, Cildañez, Los Piletones y Fátima.
Los cuestionamientos planteados por Iañez
Además del pedido de información, los fundamentos del expediente incluyen una valoración crítica sobre el despliegue. Allí Iañez sostiene que la cantidad de efectivos utilizada no guardaría relación con los resultados difundidos y cuestiona el modo en que se realizaron algunas intervenciones.
Esas afirmaciones forman parte de la posición expresada por la legisladora en los fundamentos del proyecto. Entre los datos que menciona se encuentran 11 detenciones vinculadas, según esa presentación, con comercialización de estupefacientes, otras seis por diferentes motivos, 12 clausuras sobre 30 inspecciones y 192 vehículos secuestrados.
La diputada también vincula el procedimiento con otros operativos realizados durante el año en barrios populares y plantea interrogantes sobre su relación con las políticas de integración urbana y social.
Un pedido para reconstruir qué ocurrió
El proyecto presentado en la Legislatura pone el foco, en definitiva, en una serie de aspectos que van más allá de las detenciones y los resultados policiales.
La intención es conocer qué organismos participaron, bajo qué procedimientos actuaron, qué ocurrió con las personas detenidas o lesionadas, qué pasó con los comercios y trabajadores afectados y qué destino tuvieron los bienes retirados durante los procedimientos.
Ahora el Gobierno porteño deberá responder los distintos puntos solicitados si el pedido avanza en la Legislatura. La información oficial permitirá reconstruir con mayor detalle el alcance de un operativo que volvió a poner en discusión la relación entre seguridad, control del espacio público y vida cotidiana en los barrios populares de la Ciudad.
