La falta de una regulación adecuada y la amplia discrecionalidad en la aplicación de las leyes han llevado a un ambiente de trabajo inseguro y a menudo a la violencia institucional contra los trabajadores del espacio público.
Este sector económico, que incluye la modalidad de venta en las calles de la ciudad, representa una fuente de subsistencia para un número significativo de personas. Sin embargo, quienes lo ejercen se enfrentan a riesgos asociados a su trabajo y al estigma social. La violencia institucional, que incluye intimidaciones, amenazas, hostigamiento y, en algunos casos extremos, la confiscación de mercancía por parte de la policía, es una realidad que enfrentan estos trabajadores diariamente.
Uno de los casos más trágicos de violencia institucional en este contexto es el de Beatriz Mechato Flores, una mujer de 74 años que perdió la vida mientras intentaba escapar de la persecución de los inspectores de espacio público y la policía el 17 de marzo de 2020.
La ambigüedad del marco normativo existente y la amplia discrecionalidad otorgada a las fuerzas de seguridad son factores clave que propician la violencia en este sector. Por lo tanto, se vuelve esencial establecer un marco legal apropiado que garantice los derechos de los trabajadores, el respeto a la identidad cultural, la igualdad de género y la solidaridad, al tiempo que garantice una adecuada gestión del espacio público.
La diputada de la Ciudad de Buenos Aires Ofelia Fernández presentó un proyecto que busca registrar y regular la actividad de comercio en el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires. Esto incluye el relevamiento de los trabajadores, la planificación de los espacios habilitados para la venta, la colaboración entre trabajadores, organizaciones y el gobierno local, la creación de puestos de trabajo fijos y desmontables según lo determine la autoridad competente, así como un sistema de canon locativo y permisos para el ejercicio de la actividad. Además, se establece un régimen de control que busca mantener el orden en el espacio público sin perjudicar los derechos humanos de los trabajadores.
Según el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la rama de “Comercio popular y trabajos en espacios públicos” representa un 11,8% del total de trabajadores registrados hasta mayo de 2022. Del total de trabajadores registrados en esta área, un 57,2% son mujeres. Además, la gran mayoría de estos trabajadores viven en la Ciudad de Buenos Aires, donde llevan a cabo su labor.
En vista de la importancia de este sector y las dificultades que enfrenta, la regulación adecuada se presenta como una necesidad urgente. La persecución y la violencia institucional no son soluciones efectivas, y solo agravan la situación económica y social de quienes dependen de sus ventas para subsistir. La propuesta de ley tiene como objetivo proteger a estos trabajadores y brindar un marco legal que garantice sus derechos y promueva un ambiente de trabajo seguro y ordenado.
En este contexto, habrá que ver si los legisladores le dan su respaldo al proyecto de ley presentado para mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida de aquellos que dependen del comercio en el espacio público en la Ciudad de Buenos Aires.
