Los legisladores Pablo Bergel y Gustavo Vera junto al ex legislador Facundo Di Filippo presentaron una denuncia penal contra funcionarios del PRO que permiten el uso de espacios públicos para locales comerciales que no pagan Canon.
El diputado de la Ciudad de Buenos Aires por Proyecto Sur, Pablo Bergel se encontraba haciendo un desalojo simbólico del predio usurpado en Plaza Congreso, usado para playa de estacionamiento, que posee 410 cocheras. Por cada hora de estacionamiento cobran $21 y no le pagan nada a la ciudad. “Estos son los verdaderos ocupas, los verdaderos usurpadores” afirmó el diputado de Proyecto Sur.
Haciendo referencia a la toma del predio de Villa Lugano, que ya lleva dos semanas, el diputado aseveró que “sería bueno que los funcionarios y legisladores se fijen bien quienes son los usurpadores del patrimonio público de la Ciudad. Y con complicidad de quien se hace esta usurpación”. Y siendo más duro acusó directamente que la situación no existiría sin la complicidad del gobierno de Mauricio Macri.
También se refirió a complejos que están emplazados sobre la costa del Río de la Plata, por ejemplo Costa Salguero o Ciudad deportiva de la boca que es propiedad de IRSA, que hacen inaccesible al ciudadano el patrimonio público. “Todo eso también es usurpación”, concluyó Bergel.
“Hay tres situaciones: o que no pagan nada, o tienen las concesiones vencidas, o lo que pagan es ridículo”, expresó haciendo alusión a restaurantes, confiterías y estadios que obstruyen el espacio público y no generan la entrada de dinero debida para la Ciudad autónoma de Buenos Aires.
“Los pasos lógicos a seguir ahora sería sancionar penalmente a quienes han violado la ley y le están robando a la ciudadanía porteña”, propuso el diputado de Proyecto sur. Y amplió que “se debería proceder a su desalojo y a su recuperación por parte de la ciudad para usarlos correctamente, usarlos para otra cosa o volverlos a concesionar de una manera seria”.
Dentro de los responsables y cómplices apuntó al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y como principal responsable al director general de concesiones, Gabriel María Astarloa.
Que a su vez depende del ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera.
Por último Bergel indicó que la propia Legislatura porteña fue quien aprobó “estirar algunas concesiones”, sin reparar en que el canon que deben pagar es absolutamente mínimo en relación a lo que ganan explotando los terrenos públicos. En este sentido, los diputados Vera, Di filippo y Bergel presentaron la denuncia penal pertinente para que se investigue si hay complicidad de legisladores o funcionarios con concesionarios.
