La legisladora porteña Victoria Freire presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de repudio contra las declaraciones y la iniciativa del jefe de Gobierno, Jorge Macri, que plantea sancionar a personas que revuelvan bolsas de basura y generen suciedad en el espacio público. Según denunció la vocera del Gobierno porteño, la medida incluiría multas de hasta $900.000.
Para la legisladora, la propuesta “criminaliza y castiga a quienes menos tienen” y responde a un intento de “congraciarse con las expresiones de derecha” en un contexto electoral.
“Nadie elige revolver la basura”
Freire remarcó que las personas que buscan comida o materiales en la basura lo hacen por necesidad: “Nadie elige revolver la basura como un placer, sino porque no le queda otra. El Estado debería ofrecer soluciones, no perseguir”. La legisladora advirtió que este tipo de políticas “corre la vara” y busca instalar como aceptable un trato “cruel e inhumano” hacia quienes viven en situación de extrema vulnerabilidad.
También señaló que la medida se inscribe en una serie de decisiones recientes que afectan a cartoneros, personas en situación de calle y vendedores ambulantes. Entre ellas, mencionó la suspensión del servicio de traslado para recicladores urbanos —un convenio con 18 años de trayectoria— y el desalojo administrativo de una cooperativa de reciclado en Villa del Parque.
Un trabajo con valor social y ambiental
Para Freire, las cooperativas de recicladores cumplen un rol social y ambiental clave: separan residuos, recuperan materiales y generan ingresos para miles de familias con sueldos bajos y en condiciones adversas. “En lugar de fortalecer ese trabajo, el Gobierno recorta apoyos y promueve medidas de castigo”, señaló.
La legisladora advirtió que, según datos oficiales, en la Ciudad de Buenos Aires hay casi un millón de personas en situación de pobreza y unas 800.000 en condiciones de pobreza o indigencia. En ese contexto, las políticas públicas deberían enfocarse en garantizar derechos básicos y generar condiciones de inclusión laboral.
“El Estado debe organizar, no desorganizar”
Freire cuestionó que las políticas represivas sólo trasladan los problemas de un lugar a otro: “Si se persigue a las personas en situación de calle, se mudan a otra esquina. Si se desalojan vendedores ambulantes de un parque, se instalan en otra zona. Eso no ordena nada, sólo agrava la situación”.
Como alternativa, defendió la experiencia de los recicladores tras la crisis de 2001, cuando la organización y el reconocimiento por parte del Estado permitieron formalizar la actividad, otorgar uniformes, ingresos y sistemas de traslado, y al mismo tiempo mejorar la gestión ambiental de la Ciudad.
En materia de venta ambulante, Freire propuso habilitar predios y espacios específicos para que vendedores y vendedoras puedan trabajar de manera ordenada, garantizando tanto su sustento como los derechos de todos los vecinos.
“Se trata de construir soluciones que reconozcan el trabajo y garanticen derechos, no de competir por quién puede ser más cruel con los que menos tienen”, concluyó.
