Los operativos, realizados en el predio de Perón y Boulogne Sur Mer en la zona de Once, han generado una fuerte polémica.
El proyecto de resolución, ingresado a la Legislatura, pide que el Ejecutivo explique las razones detrás de los allanamientos, que ocurrieron el pasado 4 de octubre, y que aclare quiénes son los titulares de los puestos allanados. Además, solicita información sobre la cantidad de mercadería decomisada y si existieron instancias de diálogo con los vendedores antes de los operativos.
Los hechos: allanamientos en el predio
El conflicto se desencadenó cuando la Policía de la Ciudad y personal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana irrumpieron en el predio, sin previo aviso, donde más de 200 vendedores ambulantes fueron reubicados en 2017 por el propio Gobierno de la Ciudad. Estos comerciantes, que fueron desplazados inicialmente de las avenidas Rivadavia y Pueyrredón, ahora se enfrentan a nuevos desalojos.
Según declaraciones del ministro de Seguridad, Waldo Wolff, ese día se llevaron a cabo 197 allanamientos en 23 parcelas, con un gran volumen de mercadería incautada, aunque los detalles específicos aún no fueron proporcionados. Wolff destacó que las acciones responden a una política de «restablecer el orden» en el espacio público, mencionando intervenciones anteriores en otras zonas como Parque Patricios, Parque Centenario y Constitución.
Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, declaró que las acciones formaban parte de una campaña para erradicar lo que describió como «trabajo esclavo» en las calles de Once. Sin embargo, tanto Wolff como Macri omitieron presentar pruebas que sustenten estas graves acusaciones.
Una persecución constante a los trabajadores de la economía popular
La situación ha despertado duras críticas por parte de sectores que ven estas medidas como una persecución sistemática a los trabajadores de la economía popular. A muchos de los vendedores afectados, que ya habían sido desalojados de otras áreas, se les había permitido reubicarse en este predio hace solo una semana, después de que el Gobierno cerrara otro espacio en la calle Rioja. Esta incoherencia en las acciones del Gobierno porteño ha generado incertidumbre y malestar entre los vendedores.
La diputada autora del proyecto de resolución cuestiona la falta de una política integral que atienda la problemática de estos trabajadores, y denuncia que las únicas respuestas del Ejecutivo han sido violentas, fuera del marco de la ley, y sin ofrecer soluciones o alternativas viables para quienes dependen de estos ingresos para subsistir.
Un llamado a la transparencia
El proyecto de resolución exige transparencia y claridad sobre los procedimientos del Ministerio de Espacio Público y la Policía de la Ciudad en relación con los vendedores ambulantes. Para ello, se pide que se remitan las actas de los operativos y se detallen los dispositivos vigentes para desalojos en casos como este.
La discusión en torno a los derechos de los trabajadores de la economía popular, especialmente en el contexto de la venta ambulante, sigue siendo un tema de gran relevancia en la Ciudad de Buenos Aires. La respuesta del Ejecutivo será clave para esclarecer los motivos detrás de estos operativos y para determinar qué medidas tomarán en el futuro frente a esta problemática social.
