El pedido se basa en la necesidad urgente de transparentar el uso y el destino de esos bienes públicos y conocer cuál ha sido su impacto concreto en el acceso a la vivienda. Por Martín Bustamante.
La legisladora porteña Victoria Freire presentó un proyecto de resolución en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para que el Poder Ejecutivo brinde información detallada sobre el cumplimiento de la Ley 6287, que desde 2019 declara como «innecesarios» más de 50 inmuebles del dominio privado de la Ciudad, muchos de ellos ubicados en barrios populares.
El proyecto requiere al Ejecutivo que, en un plazo de 30 días, informe sobre el listado de inmuebles desocupados, cuántas familias fueron desalojadas, cuál fue su composición (especialmente en relación a niños y niñas), si recibieron algún tipo de subsidio habitacional o fueron incluidas en programas de vivienda, y cuáles son los inmuebles que aún están ocupados y que podrían ser desocupados próximamente. También exige conocer el destino y los montos recaudados por cada operación inmobiliaria y cómo fueron reinvertidos.
La diputada subraya que, según lo establece la Ley 6287, el producto de la venta de estos inmuebles no puede destinarse a gastos corrientes, sino que debe financiar obras de infraestructura, salud, educación, seguridad, transporte público, cultura y, especialmente, vivienda. Sin embargo, hasta el momento no se han difundido datos claros sobre cómo se ha ejecutado ese mandato legal.
En los fundamentos del proyecto, Freire cita un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Ministerio Público de la Defensa, que revela que la política habitacional actual de la Ciudad es insuficiente, fragmentada y no garantiza soluciones definitivas. Según ese relevamiento, el déficit habitacional afecta al 55% de la población, con más de 6.400.000 hogares en situación precaria o directamente sin techo. Un tercio de esas personas vive en condiciones de hacinamiento.
A esto se suma el recorte presupuestario del 27,25% interanual en los organismos dedicados a la política habitacional, lo que constituye el nivel más bajo en doce años. Para Freire, esta situación no solo profundiza la emergencia habitacional sino que vulnera el derecho a una vivienda digna y adecuada, especialmente en un contexto de crecimiento de la población en barrios populares y del número de familias que no pueden acceder a un alquiler formal.
Desde una perspectiva barrial, la situación tiene un impacto directo en los territorios. En muchos casos, los inmuebles vendidos o desocupados eran habitados por familias con larga trayectoria en el barrio, o cumplían funciones comunitarias o sociales. El proyecto busca visibilizar esas realidades y exigir que las políticas públicas no se definan a espaldas de quienes habitan los barrios.
Según la legisladora, “es necesario poner freno a la privatización silenciosa del patrimonio público, y garantizar que los recursos obtenidos por la Ciudad se traduzcan en obras concretas que mejoren la calidad de vida de los porteños y porteñas, especialmente en lo que respecta al acceso al hábitat”.
