Mientras el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires destaca la recuperación de más de 550 inmuebles ocupados en los últimos dos años, organizaciones sociales y datos recientes sobre el mercado inmobiliario advierten que la crisis habitacional se profundiza, especialmente para quienes alquilan en los barrios porteños.
El último operativo tuvo lugar en un ex hotel ubicado en Brasil al 900, en el barrio de Constitución. Según informó el Ejecutivo porteño, el edificio presentaba graves irregularidades edilicias y de seguridad, lo que motivó su clausura tras una inspección solicitada por la Defensoría del Pueblo. El procedimiento fue el número 550 de la actual gestión y contó con la participación de la Policía de la Ciudad, la Guardia de Emergencias y áreas del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.
Desde el Gobierno señalaron que estas acciones permitieron “devolver a los vecinos” propiedades equivalentes a más de 200 millones de dólares y remarcaron que la recuperación de inmuebles usurpados es una prioridad de la gestión de Jorge Macri.
Desalojos, seguridad y discurso oficial
El Jefe de Gobierno sostuvo que detrás de muchos inmuebles ocupados se instalan economías ilegales como el narcomenudeo, la trata o el delito, y afirmó que existe una decisión política de “terminar con eso”. En esa línea, durante 2024 y 2025 se llevaron adelante desalojos en barrios como Constitución, San Cristóbal, Balvanera, Almagro, La Boca, Barracas, Palermo y Villa Crespo, además de grandes predios como el denominado “Elefante Blanco” en Belgrano.
En paralelo, la Ciudad también avanzó con el desalojo de más de 18 mil manteros en zonas comerciales clave como Once, Flores, Constitución y Liniers, reforzando los controles especialmente durante las fiestas.
Sin embargo, desde distintos espacios vecinales y organizaciones sociales se advierte que estas políticas no vienen acompañadas de soluciones habitacionales para las familias desalojadas, en un contexto donde acceder a una vivienda formal se vuelve cada vez más difícil.
Alquilar en la Ciudad: números que alarman
Según el Informe Anual de la Encuesta Nacional Inquilina de diciembre de 2024, elaborado por Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos, el panorama para quienes alquilan en la Ciudad de Buenos Aires es crítico .
En promedio, los hogares inquilinos destinan el 42,8% de sus ingresos al pago del alquiler y las expensas, porcentaje que asciende al 44,6% en los contratos firmados después de la derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023. En la práctica, esto significa que casi la mitad del ingreso mensual se va solo en sostener la vivienda.
Los valores promedio de alquiler en CABA durante diciembre de 2024 alcanzaron los $411.809 para monoambientes, $523.382 para dos ambientes y $665.273 para tres ambientes en contratos firmados tras el DNU, con aumentos acumulados que superan el 180% interanual.
Mudanzas forzadas y endeudamiento
El informe revela además que 1 de cada 4 inquilinos tuvo que mudarse en los últimos tres meses por no poder afrontar el precio del alquiler. De ese grupo, el 94% estaba bajo contratos firmados fuera del marco de la ley derogada.
La precarización contractual es otro de los puntos críticos: solo el 10% de los contratos mantiene el plazo de tres años, mientras que la mayoría se firma por uno o dos años, con actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales en más del 70% de los casos.
En este escenario, el endeudamiento se vuelve una constante: más del 63% de los hogares inquilinos tiene deudas, principalmente por tarjetas de crédito, alimentos y, en un 30% de los casos, para poder pagar el alquiler.
Barrios en tensión
En barrios como Constitución, Balvanera o San Cristóbal —donde se registraron desalojos recientes— la situación se vive con especial preocupación. Vecinas y vecinos advierten que el cierre de hoteles, pensiones o inmuebles ocupados no viene acompañado de políticas que garanticen alternativas de vivienda accesible, lo que empuja a muchas familias a la informalidad, el hacinamiento o nuevas ocupaciones.
Los datos del informe también muestran que el 91% de los inquilinos tuvo que resignar gastos básicos para pagar el alquiler, incluyendo alimentos y salud, y que una parte significativa de las personas que sufren situaciones de violencia continúa conviviendo con sus agresores por no poder afrontar un nuevo alquiler.
Una discusión pendiente
Mientras el Gobierno de la Ciudad pone el acento en la recuperación de propiedades y el orden del espacio público, los números del mercado inmobiliario reflejan una realidad distinta en los barrios: alquilar es cada vez más caro, inestable y excluyente.
La tensión entre desalojos, seguridad y derecho a la vivienda vuelve a instalarse en la agenda vecinal porteña. Para muchas organizaciones barriales, sin políticas integrales de acceso a la vivienda, los operativos celebrados por el Ejecutivo solo profundizan una crisis que ya impacta de lleno en la vida cotidiana de miles de familias.
