Una fuerte polémica se generó en la Ciudad de Buenos Aires tras la denuncia de un gremio sobre la implementación de un sistema de control de asistencia que obliga a trabajadores estatales a utilizar sus dispositivos personales con geolocalización.
La medida, impulsada por la gestión de Jorge Macri, establece que las y los empleados deben registrar su presentismo mediante celulares, computadoras o tablets, con GPS activo y carga previa de domicilios y horarios laborales.
Desde el sector gremial indicaron que ya se envió una carta documento a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda para frenar la implementación.
Cuestionamientos por posible vulneración de derechos
Según denunciaron, el sistema implicaría una “violación flagrante a derechos constitucionales”, al requerir acceso a datos sensibles como la ubicación en tiempo real y los movimientos diarios de los trabajadores.
Advierten que la geolocalización permanente podría exponer información privada vinculada a hábitos, relaciones y vida personal, sin un consentimiento considerado válido ni proporcionalidad en la medida.
En ese marco, recordaron antecedentes judiciales recientes, como la suspensión del sistema de reconocimiento facial en la Ciudad en 2023, como ejemplo de límites a tecnologías de control consideradas invasivas.
Uso de recursos personales y posibles perjuicios laborale
Otro de los puntos centrales del reclamo es la obligación de utilizar recursos propios, como teléfonos móviles, datos y conectividad, sin compensación por parte del Estado.
La secretaria de Comunicación del gremio, Romina Piccirillo, advirtió que fallas técnicas, falta de señal o robos de dispositivos podrían derivar en descuentos salariales injustificados.
Además, señaló que el sistema no contempla la dinámica de muchas tareas estatales, como:
- Visitas domiciliarias
- Atención en hospitales
- Intervenciones en situaciones de urgencia
- Trabajo territorial en barrios
Pedido de suspensión y convocatoria a paritaria
Frente a este escenario, el gremio solicitó formalmente que el Gobierno porteño se abstenga de implementar cualquier sistema que obligue al uso de dispositivos personales o geolocalización, y reclamó la apertura de una instancia de diálogo.
En particular, pidieron que cualquier modificación en los sistemas de control de presentismo sea tratada en el ámbito paritario correspondiente, con participación de las organizaciones sindicales.
