El nuevo gobierno de Colombia enfrenta un escenario complejo en materia de seguridad, conflicto armado y paz, con una sociedad profundamente polarizada y grupos armados que, según los especialistas, llegan a este nuevo ciclo político con mayor presencia territorial, capacidad económica y poder local.
Para analizar los desafíos que enfrenta el país, Abran Paso dialogó con Kyle Johnson, experto en el conflicto colombiano y director académico de la Fundación Conflict Responses (CORE), quien advirtió que algunas de las políticas anunciadas por el nuevo gobierno podrían significar un regreso a estrategias de seguridad utilizadas hace dos décadas.
Johnson trazó un paralelismo con la llamada Seguridad Democrática y con el Plan Patriota, implementado durante los años más intensos del conflicto entre el Estado colombiano y las FARC. Según explicó, aquella estrategia se apoyaba en una fuerte ofensiva militar, con apoyo de Estados Unidos, y buscaba debilitar a las organizaciones armadas mediante golpes contra sus principales dirigentes.
“El Plan Patriota sí golpeó a las FARC duro”, señaló el especialista, aunque remarcó que el contexto actual es completamente diferente porque las FARC ya no existen como organización única y el mapa del conflicto colombiano se transformó profundamente.
El riesgo de repetir estrategias del pasado
Para Johnson, uno de los principales problemas de la nueva orientación en materia de seguridad es que parte de herramientas que ya fueron utilizadas en otros momentos y que no necesariamente funcionan frente a la realidad actual.
El especialista anticipó una posible intensificación de las operaciones militares contra los grupos armados, aunque consideró improbable que ese incremento permita alcanzar los objetivos anunciados por el Gobierno.
En particular, cuestionó las expectativas de conseguir un control territorial amplio en apenas 90 días. “No van a lograr el control territorial de toda la nación en 90 días”, sostuvo, al considerar que se trata de una meta excesivamente ambiciosa.
Johnson planteó que puede haber golpes militares puntuales y resultados concretos contra determinados grupos, pero eso no necesariamente se traducirá en un cambio estructural de la situación de seguridad.
“Son medidas que hemos visto en el pasado” y que, según su análisis, no dieron los resultados que prometían, explicó. Para el director académico de CORE, el problema no se resuelve simplemente aumentando la intensidad de una estrategia que ya mostró limitaciones.
El desafío: detener el crecimiento de los grupos armados
Más que plantear como objetivo inmediato una victoria militar definitiva, Johnson propone un parámetro mucho más concreto: detener el fortalecimiento de los grupos armados.
Desde CORE, señaló, sería considerado un éxito que se lograra frenar una dinámica que lleva casi una década: organizaciones armadas que aumentan su territorio, cantidad de integrantes, recursos económicos y capacidad de ejercer poder en las comunidades.
“Parar esa dinámica” sería un resultado significativo, explicó. El desafío consiste en revertir un proceso que ha permitido que los grupos armados tengan cada vez mayor capacidad de control territorial y social.
A esto se suma el crecimiento de las economías ilícitas, que funcionan como una fuente de financiamiento para estas organizaciones. Para Johnson, ese circuito económico constituye uno de los elementos centrales que permiten la expansión de los grupos armados.
Las víctimas, frente a un escenario incierto
El eventual endurecimiento de la política de seguridad también plantea interrogantes sobre el futuro de las víctimas del conflicto armado.
Johnson señaló que quienes recurren a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) todavía podrían encontrar allí un mecanismo de justicia, aunque advirtió que existen víctimas frustradas por la falta de resultados concretos.
El panorama resulta todavía más complejo para quienes sufren las consecuencias de los conflictos actuales. La intensificación de las operaciones militares puede generar nuevos desplazamientos, amenazas, asesinatos y otras formas de violencia contra la población civil.
El especialista puso como ejemplo dinámicas observadas en Nariño, donde incluso acuerdos de no agresión entre grupos armados no necesariamente impidieron los desplazamientos cuando el Estado comenzó a intervenir militarmente en esos territorios.
La violencia, además, puede adquirir nuevas modalidades. Johnson mencionó entre ellas el uso de minas antipersonales y drones, una tecnología que distintos grupos armados ya poseen y que podría adquirir mayor relevancia en el conflicto.
Una sociedad dividida
El problema de la seguridad se combina con otro desafío: la polarización política.
Para Johnson, una de las principales preocupaciones es que la confrontación política termine trasladándose al terreno de la violencia. No necesariamente, aclaró, mediante una violencia generalizada, sino a través de hechos puntuales vinculados con discursos de odio, desinformación y una creciente radicalización del debate público.
El segundo riesgo es institucional. Cuando cuestiones fundamentales como la seguridad, la paz o el desarrollo territorial quedan atrapadas en una disputa permanente entre sectores políticos, se vuelve más difícil construir políticas de Estado que sobrevivan a los cambios de gobierno.
“Realmente avanzar como Estado” será uno de los grandes desafíos, sostuvo Johnson, en un país donde cada administración cuenta con un período limitado y donde las políticas de largo plazo suelen quedar condicionadas por la disputa política.
Un gobierno sin mayoría propia en el Congreso
A este panorama se suma una dificultad política adicional: el nuevo presidente no cuenta con una fuerza propia que controle el Congreso.
Johnson recordó que incluso antes de asumir el nuevo gobierno ya se produjo una señal significativa: distintos sectores de derecha, centro e izquierda se unieron para impedir que el oficialismo lograra colocar a su candidato al frente del Senado.
Para el especialista, esto demuestra que la derecha no necesariamente funcionará como un bloque homogéneo detrás del nuevo Gobierno. Cada partido tendrá sus propios intereses y estrategias de supervivencia política.
En ese escenario será clave observar qué posición adoptan las distintas fuerzas frente al Ejecutivo: si se declaran oficialistas, opositoras o independientes. Esa definición puede modificar significativamente el equilibrio parlamentario y la capacidad del Gobierno para avanzar con sus propuestas.
Entre la seguridad y la construcción de consensos
El análisis de Johnson deja así un escenario abierto. Colombia enfrenta un nuevo ciclo político con grupos armados fortalecidos, una sociedad polarizada, dificultades para alcanzar acuerdos de paz y un Congreso donde el Gobierno deberá negociar permanentemente.
La principal incógnita será si la nueva administración consigue adaptar sus políticas a las características actuales del conflicto o si intenta recuperar fórmulas que funcionaron parcialmente en un contexto completamente diferente.
Para CORE, el objetivo debería ser más concreto que una promesa de control territorial inmediato: frenar el crecimiento de los grupos armados, reducir la violencia y proteger a la población civil.
En paralelo, el desafío político será evitar que la polarización termine bloqueando la construcción de políticas de Estado. Porque, en definitiva, el conflicto colombiano no se define únicamente en el terreno militar: también se juega en los territorios, en las instituciones y en la capacidad de construir acuerdos que sobrevivan a un gobierno de turno.
La entrevista a Kyle Johnson fue utilizada también como fuente para la elaboración de un artículo publicado por France 24 en Español sobre el escenario político colombiano y los desafíos que enfrenta el nuevo gobierno. France 24 — “Polarización nacional y un pulso en la derecha: el ajedrez de Colombia que encara De la Espriella”
