La diputada porteña Andrea Mariana González presentó un proyecto de resolución para conocer cómo se aplica el nuevo procedimiento para utilizar de manera precaria parques y polideportivos de la Ciudad. Busca saber cuántas solicitudes hubo, quiénes accedieron, cuáles fueron rechazadas y qué criterios se utilizan para asignar días y horarios.
El uso de los parques y polideportivos públicos de la Ciudad de Buenos Aires quedó bajo la lupa de la Legislatura porteña. La diputada Andrea Mariana González presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno de la Ciudad informe cómo se está aplicando el procedimiento establecido por la Resolución 459/25 de la Secretaría de Deportes, que regula el uso precario de estos espacios por parte de establecimientos educativos y personas jurídicas.
La iniciativa apunta a conocer cómo se distribuye una infraestructura deportiva que pertenece al patrimonio público y, especialmente, cuáles son las reglas que determinan qué instituciones pueden utilizarla, en qué horarios y bajo qué condiciones.
Cuántas instituciones solicitaron utilizar los polideportivos
Uno de los primeros datos que González busca obtener es la cantidad de solicitudes de uso de polideportivos recibidas desde 2025 hasta la actualidad.
El pedido solicita que la información sea desagregada por parque o polideportivo, fecha de presentación, tiempo que demandó cada trámite, tipo de entidad solicitante y actividad física o deportiva que se pretendía desarrollar.
La diputada también pide conocer cuáles son los establecimientos educativos y personas jurídicas que actualmente cuentan con permisos vigentes, además de los criterios de prioridad, disponibilidad y asignación de horarios utilizados por las autoridades.
El objetivo es reconstruir cómo funciona en la práctica el sistema de asignación de estos espacios públicos.
¿Quiénes quedaron afuera?
El proyecto también pone el foco sobre las solicitudes que no llegaron a concretarse.
González solicita que el Gobierno informe cuáles fueron las solicitudes rechazadas, desistidas o revocadas y que detalle, en cada caso, qué clubes de barrio y asociaciones civiles sin fines de lucro estuvieron involucrados.
La pregunta adquiere especial relevancia para las organizaciones comunitarias que utilizan infraestructura pública para desarrollar actividades deportivas, sociales y recreativas.
En los fundamentos, la legisladora plantea la necesidad de conocer si las condiciones de acceso garantizan igualdad de oportunidades y un acceso equitativo a los espacios deportivos públicos.
Los criterios para asignar días y horarios
Otro de los puntos centrales del pedido está relacionado con los criterios utilizados para decidir quién tiene prioridad cuando existen distintas solicitudes para un mismo espacio.
La iniciativa pregunta si se priorizan determinadas actividades, entidades, grupos etarios, poblaciones o modalidades de uso. También busca saber si existe un reglamento, protocolo o criterio formal para determinar la asignación de espacios y horarios.
Para González, contar con reglas claras permitiría evaluar si las decisiones responden efectivamente al interés público y evitar que la asignación de espacios quede sujeta a criterios discrecionales.
¿Se exige una contraprestación por utilizar espacios públicos?
El proyecto también pregunta si existen contraprestaciones para quienes reciben permisos de uso de parques y polideportivos.
La solicitud incluye tanto contraprestaciones económicas como aquellas que no implican dinero. En este último caso, se pide informar cuáles son los criterios de necesidad y proporcionalidad utilizados, si existe un registro público y cómo se realiza la rendición correspondiente.
La preocupación planteada en los fundamentos es que, cuando una institución utiliza un bien público bajo determinadas condiciones, debe poder conocerse qué contraprestación se acordó, cómo fue establecida, quién controla su cumplimiento y de qué manera queda registrada.
Permisos revocados y decisiones administrativas
Otro de los puntos incluidos en el pedido de informes se refiere a la modificación o revocatoria de permisos.
González solicita que se expliquen los criterios utilizados para tomar esas decisiones y que se identifiquen las entidades afectadas. Además, pide copias de los actos administrativos, informes, dictámenes o antecedentes que hayan servido como fundamento.
De esta manera, el proyecto busca que las decisiones sobre el acceso y permanencia en estos espacios puedan ser revisadas a partir de documentación concreta.
Reclamos, recursos e incidentes
La iniciativa también pretende conocer qué mecanismos existen para hacer un seguimiento público de los permisos otorgados.
Por eso, solicita información sobre los registros y mecanismos de seguimiento público, además de los reclamos, recursos administrativos, incidentes y evaluaciones de seguridad que hayan sido registrados.
Según los fundamentos, estos datos permitirían evaluar cómo se desarrolla la convivencia entre las distintas instituciones y actividades que utilizan los predios y qué medidas adopta el Gobierno porteño para garantizar su funcionamiento y preservación.
El debate por el acceso a los espacios deportivos públicos
El proyecto de Andrea Mariana González pone así el foco en una cuestión que excede la simple asignación de turnos: cómo se administra el acceso a infraestructura deportiva que pertenece a todos los porteños.
La legisladora sostiene que contar con información sobre solicitudes, permisos, rechazos, contraprestaciones y mecanismos de control resulta necesario para evaluar el funcionamiento del nuevo procedimiento y determinar si las decisiones se toman mediante reglas claras, transparentes y equitativas.
El pedido de informes busca, en definitiva, conocer cómo se distribuye el uso de los parques y polideportivos entre escuelas, clubes, asociaciones y otras entidades, y si el sistema actualmente vigente garantiza que estos espacios públicos cumplan con su función social y deportiva.
