En el marco de un operativo conjunto, la Policía de la Ciudad secuestró más de 25 teléfonos celulares en tres inspecciones realizadas a servicios técnicos de reparación en el barrio de Balvanera. La medida se tomó ante la falta de documentación respaldatoria y la existencia de denuncias por robo y hurto vinculadas a varios de los dispositivos encontrados.
Los procedimientos contaron con la participación de personal de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y de la Dirección General de Coordinación Operativa (DGCOPE), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.
Las inspecciones se realizaron en tres comercios ubicados sobre la avenida Rivadavia al 2200 y 2300, y en la calle Rincón al 100. Mientras que en los primeros dos locales se detectaron irregularidades menores y de carácter administrativo —por lo que se labraron actas y se identificó a una mujer venezolana de 63 años y un hombre de 29—, la situación fue muy distinta en el tercer comercio.
En el servicio técnico de Rincón al 100 se encontraron 22 celulares sin documentación de origen y otros 4 denunciados como robados o hurtados. Ante este panorama, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 10, a cargo del juez Julián Ercolini y la Secretaría N.º 20 del doctor Pascual, dispuso el secuestro de los aparatos y la imputación penal del responsable del local, un hombre de 22 años. Se le adjudica la presunta violación a los artículos 258 y 259 del Código Procesal Penal, vinculados a la comercialización de elementos robados o de origen dudoso.
Como resultado de la intervención, el local fue clausurado por las agencias de control del Gobierno porteño.
Los operativos forman parte de una estrategia más amplia que apunta a desarticular el circuito de comercialización ilegal de celulares robados, una práctica que se alimenta, en parte, de la venta informal en galerías y ferias del barrio. En Balvanera, vecinos y comerciantes han denunciado en reiteradas ocasiones la presencia de negocios sospechosos que operan con total impunidad.
Desde el Consejo Consultivo Comunal y otras organizaciones barriales se ha insistido en la necesidad de articular controles más sistemáticos y efectivos, a la vez que se reclama mayor transparencia en la trazabilidad de los dispositivos que llegan a los locales de reparación. Este tipo de operativos, aunque necesarios, generan inquietud sobre cuántos comercios siguen funcionando al margen de la ley.
