Un proyecto de resolución presentado por el diputado porteño Francisco Caporiccio solicita información sobre el funcionamiento del Sistema de Transporte Público en Bicicleta, las sanciones aplicadas a la empresa concesionaria y el dinero que el Estado porteño destinó al servicio. También reclama conocer el estado de las estaciones, la cantidad de bicicletas operativas y los planes de expansión hasta 2029.
El funcionamiento del sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de Buenos Aires quedó bajo la lupa de la Legislatura porteña a partir de un proyecto de resolución presentado por el diputado Francisco Caporiccio, que solicita al Gobierno de la Ciudad un amplio informe sobre el estado de la concesión a cargo de TEMBICI.
La iniciativa surge luego de que el Gobierno porteño aplicara dos multas de manera simultánea a la empresa concesionaria, por un monto de $18.946.065,93 cada una, lo que representa un total de $37.892.131,86. Las sanciones fueron establecidas mediante las Disposiciones N.º 14 y 15/DGTALMMI/26, publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad el 13 de agosto de 2026.
El pedido apunta a conocer no solamente las circunstancias que motivaron esas sanciones, sino también cuál es el estado real de uno de los principales sistemas de movilidad sustentable de la Ciudad.
Dos multas que abren interrogantes sobre la concesión
Según la fundamentación del proyecto, uno de los incumplimientos atribuidos a TEMBICI está relacionado con la falta de presentación en tiempo y forma de su estructura de costos actualizada.
El otro está vinculado con el mantenimiento deficiente de estaciones del sistema, que presentaban problemas de corrosión y oxidación. La empresa había atribuido esos inconvenientes a factores externos, particularmente a la humedad generada por regadores automáticos ubicados en espacios verdes cercanos. Sin embargo, el Gobierno porteño consideró que esa explicación no la eximía de cumplir con sus obligaciones de mantenimiento.
El proyecto sostiene que la estructura de costos constituye un elemento central para que el Estado pueda controlar una concesión de servicio público. Allí se incluyen aspectos que permiten calcular las redeterminaciones de precios, evaluar los cargos y detectar eventuales ineficiencias o ganancias extraordinarias.
Por eso, Caporiccio pide conocer cuántas veces TEMBICI incumplió desde el inicio de la concesión con la obligación de actualizar y presentar esa documentación.
¿Cuántas bicicletas funcionan actualmente?
Otro de los puntos centrales del pedido de informes apunta directamente al funcionamiento cotidiano del sistema.
La iniciativa solicita que el Gobierno porteño informe cuántas estaciones se encuentran actualmente habilitadas, sobre el total previsto en el contrato, y cuántas bicicletas están operativas respecto del número exigido contractualmente.
También reclama conocer el porcentaje de disponibilidad del sistema durante los últimos seis meses y determinar si actualmente se cumple con la cantidad mínima de bicicletas operativas establecida en los pliegos.
La información permitiría establecer con mayor precisión cuál es la distancia entre el servicio previsto en el contrato y el que efectivamente reciben los usuarios.
Estaciones deterioradas y problemas de mantenimiento
El proyecto también busca determinar cuántas estaciones presentaban problemas de corrosión u oxidación, en qué comunas están ubicadas y si la empresa había advertido previamente al Gobierno porteño sobre la situación.
Además, solicita conocer si las tareas de mantenimiento correctivo fueron completadas o si todavía permanecen sectores deteriorados sin intervenir.
La discusión no se limita entonces a una cuestión estética. La propia fundamentación de la iniciativa señala que el deterioro de las estaciones tiene consecuencias sobre la experiencia de los usuarios y sobre la seguridad del equipamiento.
Cuánto paga la Ciudad por el servicio
Uno de los capítulos más relevantes del pedido de informes está relacionado con los recursos públicos destinados a la concesión.
El proyecto solicita confirmar cuál es el precio fijo mensual que el Gobierno porteño abona a TEMBICI en agosto de 2026, planteando como referencia un monto de $19.167.014,24 neto de anticipo financiero.
También reclama conocer cuánto dinero recibió la empresa desde el inicio del contrato, el 25 de febrero de 2019, hasta el 31 de julio de 2026, con el detalle correspondiente a cada año.
A esto se suma otro interrogante: el proyecto pide conocer si la concesión contempla ingresos propios provenientes de publicidad, publicidad en bicicletas u otros usos del sistema y cuánto recaudó la empresa por esos conceptos entre 2022 y 2026.
Una concesión que continúa hasta 2029
El contrato de concesión comenzó en 2019 y, según la fundamentación de la iniciativa, tiene vigencia hasta 2029. El proyecto considera que todavía restan tres años durante los cuales el Gobierno porteño debe garantizar que el servicio funcione en condiciones adecuadas.
Por eso, además del estado actual, Caporiccio busca conocer cuál es el futuro previsto para el sistema.
El pedido incluye información sobre una eventual expansión del servicio, ya sea mediante la incorporación de nuevas comunas o a través del aumento de la cantidad de estaciones y bicicletas. También pregunta si se evalúa incorporar tecnologías alternativas o complementarias, como bicicletas eléctricas o monopatines.
La iniciativa también solicita saber si una eventual ampliación requeriría una renegociación del contrato o podría instrumentarse mediante una adenda al acuerdo vigente.
¿Cómo controla la Ciudad a la empresa?
Otro de los ejes del proyecto está relacionado con los mecanismos de control y supervisión.
El Gobierno porteño deberá informar, si el pedido es aprobado, con qué frecuencia se realizan las inspecciones, qué organismo tiene a su cargo la certificación del servicio y si los informes de desempeño son de acceso público.
También se busca conocer cuáles son los indicadores de calidad y disponibilidad establecidos contractualmente, cuál es actualmente el nivel de cumplimiento de cada uno y si existen penalidades automáticas frente a incumplimientos reiterados, además de las multas ya aplicadas.
La mirada puesta en la próxima licitación
Finalmente, la iniciativa pretende anticiparse al vencimiento de la actual concesión.
El proyecto pregunta cuál es el cronograma previsto para la renovación o nueva licitación del sistema en 2029 y si el Gobierno porteño ya comenzó a realizar estudios que puedan servir como base para diseñar los futuros pliegos.
Entre otros aspectos, esos estudios deberían contemplar la demanda, la cobertura geográfica, la tecnología y el modelo de financiamiento del sistema.
La discusión aparece así vinculada no solamente con las multas recientes, sino con qué modelo de movilidad pretende sostener la Ciudad durante los próximos años.
El proyecto presentado por Caporiccio plantea, en definitiva, una batería de preguntas sobre dinero público, funcionamiento, mantenimiento, controles y futuro del sistema de bicicletas públicas. La iniciativa sostiene que el control legislativo resulta necesario para garantizar que la concesión cumpla con las condiciones previstas y que el servicio pueda seguir funcionando como una alternativa de movilidad sustentable en Buenos Aires.
