La Policía de la Ciudad y la Agencia Gubernamental de Control (AGC) incautaron más de 300 celulares sin respaldo legal.
El operativo se llevó a cabo sobre la avenida Pueyrredón al 700, en la zona comercial de Once, donde personal de la División Contravenciones y Faltas Contra el Orden Público, junto a inspectores de la AGC y la Unidad Operativa de Fiscalización Integral (UOFI), inspeccionaron varios locales dedicados al servicio técnico y comercialización de equipos de telefonía celular.
En uno de los comercios inspeccionados, administrado por un hombre de 46 años y nacionalidad peruana, se hallaron 308 teléfonos móviles sin documentación respaldatoria. Ante esta irregularidad, la AGC procedió a la clausura preventiva del establecimiento y al secuestro de los dispositivos.
Según se informó, el responsable fue notificado por infracción a la Ley de Telecomunicaciones, normativa que regula el comercio y la trazabilidad de los equipos de comunicación en el país.
Desde el Gobierno porteño señalaron que estos procedimientos buscan desalentar el circuito ilegal de reventa de celulares, muchas veces alimentado por robos en la vía pública. «El objetivo es proteger a los vecinos y frenar el delito asociado al mercado negro», indicaron fuentes oficiales.
Vecinos de la zona celebraron la intervención, aunque remarcaron que «este tipo de controles deben ser frecuentes y sorpresivos». Comerciantes legales también expresaron su apoyo: «Es una buena señal para quienes trabajamos en regla y vemos cómo otros se aprovechan de la falta de controles».
El operativo se enmarca en una serie de acciones coordinadas entre la Policía de la Ciudad, la AGC y otros organismos del Ejecutivo porteño, que desde comienzos del año intensificaron las inspecciones en zonas con alta concentración comercial como Once, Flores y Retiro.
Además, organizaciones barriales vienen advirtiendo sobre la presencia de comercios que funcionan como pantallas para actividades ilícitas vinculadas al robo de celulares. Desde la Red de Comerciantes de Once insistieron en la necesidad de una mayor articulación entre el Estado y los actores locales para prevenir estos hechos y preservar el buen nombre de la zona, muchas veces estigmatizada por la actividad ilegal de unos pocos.
