El Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura porteña, el 30 de julio de 2024, el Proyecto de Ley N° 2120-J-2024, cuyo objetivo es la Modificación del Código Urbanístico (Ley N° 6099) o, en términos del GCBA, realizar un “ajuste”.
Durante su gestión, Rodríguez Larreta prometió acabar con las “torres sorpresa” que no estaban contempladas en la planificación urbana, pero su propio gobierno permitió excepciones.
La Justicia frenó varias torres debido a que sus permisos resultaban inconstitucionales e ilegales, ya que el Poder Ejecutivo no puede dictar excepciones sin aprobación de la Legislatura Porteña. Esto llevó al GCBA a derogar el viejo Código de Planeamiento y aprobar el nuevo Código Urbanístico, limitando la altura a 45 m como compensación a la ciudadanía.
Sin embargo, esta limitación no duró mucho. Durante la pandemia, la voracidad inmobiliaria resurgió con el ConvenioVirus en 2020, permitiendo más de 100 propuestas y 38 proyectos de convenios urbanísticos. Aunque se justificaron como mejoras para la ciudad, en realidad muchas desarrolladoras compraron leyes de excepción en la Legislatura.
Ahora, el nuevo proyecto de ajuste del Código Urbanístico, liderado por Jorge Macri, busca “consolidar el desarrollo urbano” en arterias principales y fomentar la “Igualdad de oportunidades Norte-Sur”, permitiendo torres que superen los 45 m. Este modelo económico crea la Capacidad Constructiva Adicional (CCA), que permite construir torres de hasta 90 metros en avenidas a cambio de desarrollos en el sur de la ciudad.
El CCA permite a las desarrolladoras inmobiliarias construir Proyectos Emisores en el Área de Desarrollo Prioritario Sur, generando capacidad constructiva que luego se transfiere a Parcelas Receptoras en otras partes de la ciudad. Las torres de 90 metros serán las nuevas protagonistas del paisaje urbano.
Este ajuste ha generado preocupación entre urbanistas y activistas, quienes señalan que no aborda la crisis habitacional, no previene la gentrificación en el sur y no evalúa los impactos sociales, económicos y ambientales de las torres. El Poder Ejecutivo tendría una discrecionalidad sin precedentes, beneficiando principalmente a las grandes corporaciones inmobiliarias, mientras la ciudadanía ve pocos beneficios tangibles.
En definitiva, la Capacidad Constructiva Adicional se perfila como un nuevo instrumento para seguir alimentando la especulación inmobiliaria, beneficiando a unos pocos y dejando de lado las verdaderas necesidades de la ciudad.
