La participación vecinal, ese derecho consagrado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, atraviesa días complejos en la Comuna 3. Una disputa entre vecinos por la legitimidad del Consejo Consultivo llevó a que la Junta Comunal solicitara un dictamen a la Procuración General porteña. El objetivo: esclarecer la situación legal y reglamentaria de los mecanismos de participación ciudadana en este territorio que abarca los barrios de Balvanera y San Cristóbal.
Fabiana Puente, integrante de la Mesa Promotora del Consejo Consultivo de la Comuna 3, compartió detalles sobre el conflicto y la reciente reunión mantenida con la Junta Comunal. “Nos pareció urgente tratar este tema: hay una organización que armó un consejo consultivo paralelo, publica imágenes engañosas y genera confusión entre los vecinos”, explicó.
Según Puente, la publicación de fotografías de reuniones informales en el pasillo del Centro Cultural Spineto, presentadas como comisiones del Consejo Consultivo, provocó una reacción inmediata de los promotores: “Eso es una estafa participativa. Es un intento de manipular la participación democrática de la ciudadanía”.
Ante la gravedad de las acusaciones, todos los comuneros —excepto el representante de La Libertad Avanza, que se encuentra ausente por motivos de salud— participaron del encuentro. Allí, según informó Puente, la Junta Comunal comunicó que solicitó un dictamen a la Procuración General. Este organismo, junto con la Defensoría del Pueblo y la Sindicatura, forma parte del sistema de control institucional que establece la Constitución porteña.
El Consejo Consultivo Comunal está contemplado en el artículo 131 de la Constitución de la Ciudad, que establece mecanismos de democracia participativa y la creación de estos espacios para canalizar la voz vecinal. En el caso de la Comuna 3, el reglamento vigente —aunque perfectible— ha permitido deliberar durante años. Sin embargo, la organización señalada por Puente cuestiona la legitimidad de la actual Mesa Promotora, acusándola de no haber renovado su mandato en tiempo y forma.
“Se basan en una lectura reglamentarista equivocada”, señala Puente. “El mandato seguía vigente, y nadie propuso en diciembre someter a votación la elección de una nueva mesa. Además, muchas de estas personas ni siquiera habían acreditado identidad ni domicilio en la comuna”.
Las acusaciones cruzadas escalan en tono. La Mesa Promotora denuncia amenazas, amedrentamiento y campañas de desinformación en redes sociales. Incluso, se viralizó un video en el que aparece Fabiana Puente en una asamblea sin su autorización, con una voz en off que cuestiona la legalidad de su rol. “No soy funcionaria pública. No autoricé esa grabación. Fue un escrache encubierto”, afirmó.
El conflicto, en definitiva, revela la tensión entre dos modelos de participación: uno institucionalizado, deliberativo, con reglamento y comisiones; y otro que, desde lo informal, interpela a las estructuras con cuestionamientos directos, pero que —según denuncian sus detractores— lo hace con prácticas que vulneran los principios básicos del respeto democrático.
Mientras tanto, la Junta Comunal aguarda el dictamen legal solicitado, y los vecinos siguen reclamando reglas claras, respeto mutuo y un espacio de participación que sea genuino, plural y democrático.
