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La justicia porteña ordenó al gobierno local reparar ascensores en un profesorado de Balvanera

La cartera a cargo de Soledad Acuña deberá dar respuesta a las demandas de docentes y alumnas por las condiciones edilicias de la institución educativa. Por Marcos Bolivar.

La justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que repare los ascensores del Instituto de Enseñanza Superior N° 1 Doctora Alicia Moreau de Justo en el barrio de Balvanera, confirmaron hoy fuentes vinculadas a la causa.

La medida “autosatisfactiva”, que fue apelada por el GCBA, fija un plazo de 90 días para que se “proceda a la reparación de los dos ascensores” del edificio escolar situado en la avenida Córdoba 2.016, y “acreditar el cumplimiento de la orden impartida”.

La medida fue dictada por el juez en lo contencioso administrativo y tributario Aurelio Ammiranto, ante la demanda promovida por S.E.B., una docente del IES N°1, quien reclamó que, para garantizar el derecho a la educación, se pongan en funcionamiento los dos únicos ascensores del edificio, de planta baja y cuatro pisos.

La demanda expuso que en el IES N°1 se dictan clases de nivel secundario y superior para profesorados de Historia, Lengua y Literatura, Matemática, Física y Psicología y que la falta de funcionamiento de los elevadores, desde hace casi tres años, perjudica al personal docente y de servicio y al alumnado, que deben subir por las escaleras.

Se ofreció como prueba notas de estudiantes que marcaron los problemas que genera el ascenso y descenso de los pisos del edificio debido a la extensión de las escaleras, a lo que sumaron “distintos padecimientos de salud y afecciones físicas, la edad, el transcurso del embarazo en su caso, el agotamiento y la necesidad de trasladarse con materiales como computadoras, libros y cuadernos”.

Al contestar una requisitoria judicial, el GCBA afirmó que a través de personal técnico de la Dirección General de Infraestructura Escolar constató los desperfectos y que se debían realizar reparaciones y reemplazos de piezas para que los elevadores vuelvan a funcionar, pero Ammirato evaluó que no se había realizado actividad en ese sentido.

Para dictar la medida, el juez ponderó el derecho a la educación, la salud y el trabajo, previstos en las constituciones nacional y local.