“Allanaron un edificio que estaba ocupado por manteros senegaleses. Esto ocurrió en el barrio de Once”, afirma Claudio Rígoli, desde Canal 9, mientras sostiene su mirada fija a la cámara. Su rostro serio y la cortina musical de alerta, interpela con preocupación a un vecino, que busca informarse mirando la televisión en el barrio porteño Balvanera.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, realiza reuniones frecuentes con vecinos en cada una de las comunas que conforman el tejido urbano. Los ciudadanos que desean participar, deben inscribirse en un formulario online. Esto facilita un filtrado que garantiza la participación de personas afines a su gestión.
Durante uno de esos encuentros, celebrado el 16 de enero de 2019 en el Amerian Congreso Hotel, Rodríguez Larreta se refirió a la comunidad africana: “Hay situaciones muy violentas, yo no tengo nada en contra de la gente de otros países, pero uno de los grupos más violentos es extranjero. Estamos trabajando en ver si podemos deportarlos”, anunció, y siguió un estruendoso aplauso de los presentes.
La “amenaza mantera africana” se erige como un discurso que desciende de las más altas esferas de las instituciones estatales, y de los grupos mediáticos con mayor audiencia. La mirada paranoica sobre el quehacer de los vendedores ambulantes de “color” se encarna en buena parte de la ciudadanía de la capital argentina.
Un senegalés vende cinturones a dos cuadras del edificio donde vive el vecino que dice que siente temor cuando observa el alerta tras la noticia que da Claudio Rigoli. El televidente nunca le dirigió la palabra al mantero. No sabe qué piensa, qué siente, cómo vive y, mucho menos, si es violento y forma parte de una organización mafiosa.
El crecimiento exponencial de la venta callejera tiene origen en la falta de oportunidades del mercado formal de trabajo y la reactivación económica iniciada en el país en 2003. El proceso de crecimiento productivo experimentado en Argentina mejoró los índices de empleo, pero estuvo lejos de amparar a muchos de los nuevos trabajadores bajo la protección de la Ley de Contrato de Trabajo. Al tiempo que crecía el empleo, la informalidad hacía lo suyo, acompañada por otras formas, como la economía social.
Una porción de la población residente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que vivía en barrios caracterizados por la falta de infraestructura, y que no contaba con condiciones que le dieran acceso a una formación educativa calificada, se volcó a los lugares de mayor circulación de personas para intentar vender ropa o alimentos. Buena parte de esa población vulnerable, estaba integrada por quienes arribaron al país desde otros lugares del mundo en busca de una vida mejor.
Las dinámicas migratorias y los niveles de concentración de capital -inéditos a nivel mundial- dieron lugar a lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denominó formas atípicas de empleo; y la irrupción de la venta ambulante se configuró como un fenómeno mundial.
“En Nueva York, estás en la 5ta Avenida y uno ve tipos vendiendo carteras y paraguas. En el Vaticano, hace un tiempo atrás vi una intervención muy fuerte de la policía en el puente del Castel Sant’Angelo, en la que salieron corriendo como 20 o 30 vendedores y la policía les sacaba los paraguas que estaban vendiendo. No sé qué pasó ese día que decidieron actuar; por supuesto al otro día los tipos estaban de vuelta”, cuenta el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor.
Las estaciones cabeceras de los trenes metropolitanos registran la mayor concentración de vendedores, porque son áreas donde circulan miles de personas que entran y salen de la Ciudad todos los días.
Las inmediaciones de la estación Once de Septiembre, en el barrio Balvanera, se convirtió en una de las zonas más concurridas por los manteros. Se trata de un perímetro que reúne dos características históricas que conforman un diferencial para la actividad: ser un espacio comercial muy concurrido, y albergar a comunidades migrantes.
Once es un centro de ventas, con precios bajos, por excelencia. Allí se establecieron principalmente comerciantes judíos sefaradíes emigrados de Siria, después de la Segunda Guerra Mundial. En la década del ’80, arribaron vendedores coreanos que desplazaron a muchos de sus competidores. Su importante actividad comercial, atrajo a principio de este siglo la llegada de nuevos inmigrantes, los senegaleses.
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Transcurre el mediodía de un frío invierno porteño. La baja temperatura no parece afectar a los vendedores africanos que se despliegan, uno al lado del otro, sobre la calle Mitre, a metros de la Estación Once. Con una bolsa de residuos en una mano y, bufandas y gorros de lana en la otra, ofrecen sus productos; no ocultan su temor frente a una inminente requisa de inspectores de la Agencia Gubernamental de Control y efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Hay una atmósfera de tensión, los que están más cerca de la esquina ofician de “campana” para alertar al resto. Lo temido está por ocurrir, pasan el aviso, los vendedores tardan sólo unos segundos en guardar sus productos y comienzan a dispersarse. Pero no, falsa alarma; todo se distiende, sueltan algunas risas e intercambios de palabras en francés y wolof, idiomas autóctonos del país africano.
Ante la presencia de un periodista, señalan a Nongo, su vocero, el único que puede (o quiere) hablar en español. Mas tarde llega Arfang Diedhiu, presidente de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina.
“Cuando el hombre se va a otro país, las mujeres toman la responsabilidad de cuidar a los hijos, padres, toda la familia. Es muy importante su rol”, cuenta Arfang. “La gente se va de Senegal para buscar un futuro mejor. Es como el argentino que se va a Estados Unidos, a España o a Australia para tratar de mejorar un poquito su situación económica”, agrega.
Nongo se muestra incómodo, pero acepta dialogar con la condición de no interferir su trabajo. Mientras ofrece su mercadería, cuenta: “La gente dice que este es un país lindo, un país en el que si vengo hay trabajo. Hay poco trabajo. No hay empresas para trabajar”, destaca y no oculta su esfuerzo por comunicarse en español de la mejor manera posible.
Según la Dirección Nacional de Migraciones, desde 2004 se radicaron en el país un total de 5.868 inmigrantes senegaleses. Sobre esa cantidad, 127 fueron de mujeres, sólo el 2%. Los primeros integrantes de esta comunidad llegaron al país a mediados de la década del ’90, y en mayor cantidad en los primeros años del siglo XXI. Los grupos se conforman por varones, de 25 a 40 años, que viajaron solos sin sus familias y no lograron traer a esposas e hijos con el correr de los años.
En Senegal no hay embajada ni consulado argentino. Solo existe una oficina concurrente en Abuja, Nigeria. El camino más sencillo para tramitar una visa que les permita llegar a las costas sudamericanas es recurrir a las oficinas diplomáticas brasileñas. Por eso, casi la totalidad de los que deciden migrar, arriban primero al territorio carioca. Ante las dificultades que encontraron para emigrar a países de Europa, los destinos que les resultaron más accesibles fueron Brasil y Argentina, porque no tenían barreras de ingreso rígidas y, aunque no se igualaba al valor del Euro, la diferencia cambiaria era favorable. Arfang compara: “Capaz que vos ganas $1000 en Senegal. Preferís ganar $500 en Argentina. Hacés un poco la diferencia. Todos los muchachos que están acá mandan plata a su familia. Uno viaja para ayudar a los que se quedaron allá”.
Nongo considera que es muy difícil trabajar en Buenos Aires: “muy complicado para ganar nada”, y agrega que “antes era bueno”. Para graficar el presente, cuenta que la bufanda que tiene en su mano le deja $30 de ganancia. “No sé cuánto saco, hay días que vendo cinco, siete u ocho piezas. La gente mira, pero dice ‘no hay plata’. Todos son aumentos, no puede vivir. Antes preguntaba ‘cuánto sale’, pagaba rápido. Ahora dice ‘dejame pensar’, piensa en otra cosa: comida, la casa, la alimentación”, explica.
Los hoteles familiares o los inquilinatos son los únicos espacios posibles para construir algo que se parezca a un hogar. El hacinamiento en que viven no es motivo de preocupación de ningún conductor televisivo, no lo expresan al menos en su rostro. “Alquilamos y comemos todos juntos, tratamos de gastar lo menos posible, porque está todo caro, por eso nos juntamos tres o cuatro para vivir en una pieza, pagando $5000 por mes cada uno. Es algo natural para nosotros. Tratamos de llevar una vida lo más normal posible”, describe Arfang.
Muchos senegaleses cuentan con formación secundaria y universitaria. Trabajan en oficios de plomería, carpintería y construcción, pero la mayoría no tiene más alternativa que subsistir con la venta callejera. Arfang explica que“muchos de los jóvenes que están trabajando en la calle son chicos inteligentes, tienen oficios y títulos, pero sin el documento (argentino) es difícil trabajar en algún lugar. Están en la vía pública, pero a muchos no les gusta”.
Quienes trabajan en cuestiones migratorias, afirman que esta comunidad esta formada por personas que llegan y se arraigan en el país a pesar de todas las dificultades. “Aquí, hasta ahora pudieron trabajar, generar ingresos para enviar remesas a sus familias, tuvieron una buena vinculación con las organizaciones de Derechos Humanos”, dice Gabriela Liguori, coordinadora de la Comisión Nacional de Refugiados y Migrantes (CAREF), una asociación civil sin fines de lucro que trabaja en la promoción de derechos para estas poblaciones desde 1973.
Liguori explica los motivos que origina este movimiento migratorio: “Senegal, tenia una forma de vida muy precaria cuando era una colonia francesa, después de la descolonización en 1960, todo continuó igual o peor y durante la década del ’90 hubo una política económica de mucho ajuste”.
La comunidad africana no tuvo un buen recibimiento por parte de las instituciones gubernamentales, judiciales, policiales y mediáticas. Nongo dice: “El otro día, los policías entraron en la casa de él (señala a un compañero), le robaron el celular y todo el dinero también. No sé por qué nos persiguen. Nosotros somos musulmanes, sabemos la ley de dios, no puede molestar a ninguno, no bebemos alcohol, no fumamos cigarro, no molestamos a ninguno”.
Durante el primer semestre de 2018 se realizaron 27 allanamientos y detenciones en sus viviendas. El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, junto a las organizaciones Manteros Libres y Vendedores Ambulantes Independientes de Once, denunciaron acciones abusivas por parte de los efectivos: “Los policías entran a los gritos, con escopetas, mientras están durmiendo; los levantan aunque estén semidesnudos y los juntan en el patio del lugar que alquilan sin explicarles nada”. Los operativos continúan con la apropiación de toda su mercadería, pertenencias particulares, ropas de rituales, dinero, celulares y computadoras. “Los dejan sin plata y sin saber cómo hacer para comprar comida para ese día”, describe Demian Zayat, coordinador del Programa contra la Violencia Institucional, del Ministerio.
El Informe sobre Violencia Institucional presentado por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad en 2019, explica que desde marzo hasta diciembre de 2018, se registraron 623 hechos de violencia institucional por parte de la policía, y no todas las personas que los sufrieron efectuaron denuncias judiciales. Según Zayat, existen dos razones para que no las realicen: por un lado, las personas tienen miedo a hacerlo, “trabajan en la vía pública y siguen yendo al mismo territorio donde se cruzan con el policía que están identificando; por otro lado, existen problemas de pruebas, no suele haber testigos o es muy difícil demostrar qué pasó, y para llegar a una condena penal hay que tener una prueba bastante fuerte”.
La función principal del Ministerio Público de la Defensa, es proveer abogados de forma gratuita para afrontar una defensa penal a las personas que no pueden pagarlo, para esa función hay 24 defensores. En 2015 se creó el Programa contra la Violencia Institucional con el objetivo de ayudar a la tarea de cada uno de ellos. Su trabajo es monitorear las agresiones de las fuerzas de seguridad y ayudar a las víctimas a presentar las denuncias contra los policías involucrados en los casos. Los funcionarios las reciben y juntan las pruebas para que el fiscal avance en la causa. “Las investigaciones contra la policía siempre son complicadas, sobre todo porque los fiscales tienen que trabajar, con los mismos efectivos denunciados, en el resto de los delitos”, explica Demian.
A los senegaleses no les permiten trabajar en la calle y no están seguros en sus viviendas porque pueden ser vulneradas en cualquier momento. “Utilizan una persecución con muchos recursos estatales para perseguir a esta comunidad, por vender en la vía pública, cuando su único “delito” es el color de su piel”, señala Zayat.
La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) es una de las organizaciones sociales que trabaja con las comunidades africanas. Uno de sus integrantes, Nicolás Caropresi, señala que: “la mayoría de las veces que los africanos son detenidos no están vendiendo, los meten presos por ser negros. Detienen más a los senegaleses que venden una cadena o unas zapatillas, que a los dealers”.
Celsa Ramírez, titular del la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 35 la Ciudad de Buenos Aires, brindó una entrevista al programa radial “Buenos Vecinos”, donde aseveró que los migrantes de origen senegalés que venden en el vía pública, forman parte de una red delictiva que mueve un capital. Sostuvo que “estas personas, cuando llegan a la Ciudad tienen previstos los proveedores de mercadería, vivienda y manejo de dinero nacional”. Explicó que, en la comunidad senegalesa “existen una serie de delitos, más allá de la venta ambulante, vinculados a la explotación laboral de personas, evasión tributaria, contrabando e infracción a la ley de marcas”. Su acusación tuvo una gran repercusión en la mayoría de lo matutinos de gran tirada y en varios de los noticieros del prime time.
Fue la fiscal Ramírez quien solicitó, en 2018, los 27 allanamientos simultáneos en diferentes locales comerciales, departamentos y hoteles de los barrios de Once y Flores. El responsable de su autorización fue el juez Ladislao Enre, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 25.
Arfang Diedhiu no puede ocultar su indignación cuando habla sobre esta situación: “Creo que es una falta de respeto de su parte tratar de delincuentes a toda una comunidad ¿que te puedo decir? Tenés que pedir disculpas. Si uno no puede conseguir un trabajo, un laburo digno ¿Qué puede hacer? Tenés que estar en la calle para ganarte la vida. Eso es lo único que hacemos, otro no hacemos”. Arfang y Nongo aclaranque la mercadería que venden la compran “al por mayor” en locales comerciales de Once.
Nicolás Caropresi, considera que la denuncia de la fiscal Celsa Ramírez es falsa: “Se hace una contravención por ocupación del espacio público, y después se inventa una asociación ilícita para ingresar a sus domicilios”. Para el dirigente social, la Fiscal fue un paso más adelante: “Allanaron a quienes ya estaban trabajando en galerías pagando por un local, compañeros que ahorraron plata para poner un puesto porque en la calle no los dejan trabajar”.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), es uno de los actores más visibles en las denuncias contra la venta ambulante. En 2018, argumentaban que las ventas en los comercios de la zona cayeron un 20 % por el trabajo de los senegaleses en las calles. “Los datos de la recesión hablaban de esa caída del consumo, y le echan la culpa al vendedor ambulante”, responde Caropresi y considera que la verdadera venta clandestina la realiza: “la empresa más grande y millonaria de este país, con la venta virtual. Mercado Libre es el enemigo que tienen en común los vendedores ambulantes y los comerciantes”.
En marzo de 2018 se efectivizó la transferencia de competencias a la Policía de la Ciudad. Desde entonces, la figura de “resistencia a la autoridad” pasó a ser un delito local, y se transformó en una de las principales imputaciones contra los vendedores, junto al planteo de violación a la ley de marcas (que continúa en la órbita federal).
Desde fines de 2018 los inspectores de Espacio Público comenzaron a actuar de forma mas violenta. Su planta se había incrementado casi en un 40 % y todos salieron a hacer actas de contravención por faltas. No estaban identificados con ningún uniforme, se presentaban por sorpresa donde vendían los senegaleses y les sacaban la mercadería, los manteros creían que les querían robar y se resistían con ahínco, y en ese momento se presentaban como funcionarios, convocaban a la policía y los detenían por resistencia a la autoridad.
“Siempre se va moviendo el arco para permitir a la policía tener mayor discrecionalidad, sobre la detención de los vendedores senegaleses. Los juzgados pocas veces tienen un control muy detallado de este tipo de causas. Creen que son muy menores y muchas veces hacen sobreseimientos automáticos”, describe el coordinador contra la Violencia Institucional, Demian Zayat.
El funcionario judicial considera que esta política tiene como objetivo empezar a acumular causas contra los senegaleses, ya que, con el cambio establecido por un DNU firmado por Mauricio Macri se complica la situación migratoria: “La Policía de la Ciudad va viendo de qué manera los puede criminalizar, utilizan el Art. 83 del Código Contravencional, resistencia a la autoridad o ley de marcas. Hay una decisión clara de que no haya vendedores en la vía pública, y en base a eso, hacen lo que consideren necesario”.
La Ley 25.871, aprobada en diciembre de 2003, reafirma la igualdad entre argentinos y migrantes ante la ley. Tener un DNI argentino es fundamental para poder acceder a derechos, entre ellos, la unificación familiar de los migrantes (que pueda venir su familia y garantizar que van a ingresar al país). Obtener un Documento Nacional de Identidad exige algunos requisitos: tener radicación o un capital para invertir, contar con un trabajo formal, ser padre de un hijo argentino o estar casado con una mujer que resida en el país y, no tener antecedentes penales. Las causas que la fiscal Celsa Ramírez inicia en contra de los vendedores senegaleses es uno de los grandes impedimentos para que los integrantes de esa comunidad obtengan sus documentos.
Gabriela Liguori, coordinadora de CAREF, sostiene que las políticas migratorias, implementadas por el gobierno de Mauricio Macri, no ayudan a la integración de la comunidad senegalesa: “Por el Decreto 70 de 2017, toda persona migrante que tenga cualquier tipo de antecedente no va a poder regularizar su situación”. Nicolás Caropresi agrega que, antes del DNU de Macri, el trámite para acceder a una ciudadanía precaria consistía en un mecanismo ágil, que se renovaba cada tres o cuatro meses. “Eso les permitía pagar el monotributo; la mayoría de los que tenían documento se inscribieron en la AFIP”, destaca.
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La operación de sentido llevada adelante por el tándem Rodríguez Larreta-grupos mediáticos concentrados, tiene como punto de partida la desinformación. El vecino de Once no sabe qué sienten y cómo viven las personas que vende mercadería en las veredas de Balvanera, a pocas cuadras de su casa. Desconocer sus sufrimientos, necesidades, sueños y condiciones de vida, impide que se establezcan lazos de solidaridad y aumenta la estigmatización y discriminación. Al vecino le transmiten, por los medios hegemónicos, que existe una “organización delictiva”, “una comunidad violenta”; la TV muestra a un inspector golpeado, y no informa que el vendedor reaccionó porque una persona, vestida con ropas informales, le quitó la mercadería que necesita vender para vivir.
Grupos de vecinos de Balvanera cuestionan la “ocupación indebida del espacio público”, la “venta ilegal”, la presencia de inmigrantes “violentos” que golpean a inspectores y policías. “Tremendos momentos vivieron los efectivos durante la tarde, hay varios que fueron a parar al hospital”, se lee en un posteo de Facebook de la ONG Buenos Vecinos BA (agrupación vecinal del barrio). La publicación está acompañada de un video donde se ve un oficial herido y fotos de vendedores senegaleses junto a comentarios, requiriendo al Gobierno porteño su desalojo de la zona de Once.
La violencia policial quedo en evidencia y se instaló en la agenda pública a partir de la difusión de un video registrado con un teléfono inteligente que se viralizó. Allí se ve cómo un oficial de la Ciudad apuñala a un vendedor senegalés en la vía pública, a plena luz del día, en el barrio porteño de Flores. El dirigente de la organización Manteros Libres, Omar Guaraz, considera que no se trata de acciones aisladas, sino de una decisión política: “Aplican técnicas antiterroristas, fuera de todo marco legal y con el aval del Gobierno de la Ciudad. Por lo tanto no hablamos de un policía que se volvió loco y se extralimitó en sus funciones”.
Según el documento del Ministerio Público de la Defensa, las zonas de la Ciudad de Buenos Aires más afectadas fueron, la intersección de Nazca y Avellaneda en Flores, la zona de Once, los alrededores de la cancha de River, Villa Soldati y Plaza de Mayo. Las acciones se desplegaron con fuerza contra los senegaleses en Flores, y tuvo como efecto un desplazamiento de los manteros hacia la zona de Once. Desde entonces, la policía persiguió, con intervenciones cada vez más violentas, no sólo a senegaleses, sino a todo tipo de vendedores ambulantes.
El reclamo por la ocupación del espacio público, se constituye en una demanda que parece estar por encima de todo. No existe la posibilidad de pensar en las personas que están a la intemperie pese al frío, la lluvia, o el calor, para obtener algún ingreso. Lo único que importa es limpiar las veredas.
Con esa impronta actuó el Ejecutivo de la Ciudad cuando los desalojó con un despliegue represivo desproporcionado. El violento accionar policial fue el método, pero sus objetivos no se alcanzaron. Los manteros se las ingeniaron para seguir en las calles, porque lo contrario implicaba dejar de alimentar a sus hijos.
La venta ambulante regresó al espacio público. La implementación de políticas basadas en el diálogo y la inclusión, forma más humana de encontrar una salida al conflicto, cuyo origen está en la falta de oportunidades laborales, nunca fue parte de la “imaginación” del Jefe de Gobierno porteño, pese a que organizaciones populares le presentaron muchas propuestas basadas en soluciones implementadas en otros países.
No todos los porteños prefirieron el espacio público despejado, a la dignidad humana de trabajar y obtener un sustento. Frente a la violencia policial son muchos los que manifestaron solidaridad. Cuando ocurrió la represión policial en el barrio de Flores “hubo una fuerte reacción popular, muchos vecinos y la mayoría de los comerciantes de la avenida Avellaneda, comenzaron a criticar a los policías, les pidieron que dejen de perseguir y que se vayan. Eso fue muy alentador”, menciona Zayat.
El trabajo de los senegaleses obtuvo un reconocimiento legal. Un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 2010, determinó que su actividad era venta ambulante para subsistencia, algo que no está penado. Además, estableció que si se presenta una denuncia de discriminación contra el Estado, éste tiene que aportar pruebas para demostrar lo contrario. La decisión judicial fue una respuesta a un hábeas corpus presentado a favor de tres ciudadanos senegaleses, Bara Sakho, Ibrahima Mbaye y Serigne Lam, que sufrieron discriminación, arrestos ilegales y secuestros de su mercadería.
El Grupo de trabajo de expertos de las Naciones Unidas sobre Afrodescendientes llegó al país el 11 de marzo de 2019, para realizar una visita oficial durante siete días. En ese período de tiempo evaluó la situación de los derechos humanos de las comunidades africanas que viven en la Argentina, y recabó información sobre racismo, discriminación, xenofobia, afrofobia y otras formas conexas de intolerancia.
En un informe señalaron que “las fuerzas de seguridad discriminan por perfilamiento racial”, se los trata como personas peligrosas “que vienen a sacar el trabajo y que son responsables de la inseguridad del país”. Subrayaron que la violencia no proviene de los africanos, sino de un “accionar desproporcionado de las fuerzas policiales contra los vendedores ambulantes de descendencia africana, la mayoría de los cuales son senegaleses” y requirieron “una investigación independiente y exhaustiva en relación con el accionar policial dirigido, a fin de monitorear e identificar a quienes cometen discriminación racial, actúan con violencia y roban la mercadería; también solicitaron desarrollar recursos donde puedan recurrir los vendedores y combatir la impunidad”.
El informe del grupo de la ONU también rechaza la actuación del poder judicial, porque “los senegaleses son acusados de contravenciones como resistencia a la autoridad o vulneración de la ley de marcas”, pero “el resultado en todos los casos es que después de su arresto y detención sin orden judicial (…) son liberados por el fiscal o el juez. Esta práctica se repite como un instrumento de acoso sin ninguna necesidad de rendir cuentas”. Aconseja que se tomen medidas para evitar el “excesivo control policial” porque, ante “la falta de un fundamento jurídico que lo autorice, los arrestos sin orden judicial son ilegales”.
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La identidad argentina es un concepto en disputa, polisémico. Para algunos, su reafirmación consiste en reivindicar la campaña de exterminio impulsada por Roca contra los pueblos originarios o la de Mitre contra el pueblo paraguayo en la guerra de la Triple Alianza. Para otros, la identidad se forja en una diversidad que incluye a las naciones indígenas, africanos y mestizos, que dejaron sus huellas en nuestra cultura, en el lenguaje, la danza y la música.
Ambos proyectos incorporan al inmigrante como parte constitutiva de la nación. Así lo refleja el texto de nuestra Constitución, redactado en los años de consolidación del Estado nacional, cuyo Preámbulo incluye como destinatario de sus objetivos a “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino” y considera que “todos los habitantes de la Nación gozan del derecho de trabajar en condiciones dignas y equitativas” y “son iguales ante la ley”.
La visión receptiva del extranjero se plasmó en la realidad de un país que, a lo largo de su historia, recibió múltiples corrientes migratorias, conformando una comunidad multicultural. Todos los inmigrantes forman parte de la población argentina, así lo establece la Constitución de la Nación y las normativas vigentes.
Desde esta perspectiva, son ilegales los discursos que tratan de segregar y discriminar a las comunidades migrantes. Discurso que en la Ciudad de Buenos Aires viene desde las instituciones del Estado y se replican en parte de su población.
El hecho que exista una diversidad de comunidades migrantes en una ciudad como la de Buenos Aires es una oportunidad para convivir con otras culturas y la posibilidad de enriquecerse como sociedad. Abrirse a una concepción inclusiva de una ciudad diversa, será un ejercicio de autodeterminación colectiva.
