Un operativo migratorio en Once, en el barrio porteño de Balvanera, generó preocupación entre organizaciones sociales, vecinos y trabajadores de la zona por el modo en que se llevaron adelante los controles. El procedimiento se desplegó en la intersección de Perón y Pueyrredón, con la participación de la Policía Federal Argentina y agentes de Migraciones.
De acuerdo a lo difundido por Crónica TV, las autoridades realizaron controles masivos a peatones, solicitando DNI y, en el caso de personas extranjeras, la verificación de huellas dactilares en dispositivos electrónicos. Quienes no pudieron acreditar su situación migratoria fueron retenidos de manera preventiva mientras se analizaban sus datos.
Once, un barrio atravesado por la migración y el trabajo informal
El operativo migratorio en Once no ocurre en cualquier territorio. Balvanera es uno de los barrios con mayor diversidad cultural de la Ciudad de Buenos Aires, donde comunidades migrantes cumplen un rol central en la actividad comercial, textil y en la economía popular.
En ese contexto, referentes territoriales advierten que este tipo de procedimientos impacta directamente sobre trabajadores que ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. La modalidad de controles generalizados refuerza, según señalan, un clima de persecución y estigmatización.
Críticas al enfoque del Gobierno: seguridad vs. derechos humanos
Desde el Gobierno nacional defendieron el operativo con un mensaje enfático sobre la necesidad de reforzar los controles migratorios. Sin embargo, el enfoque fue cuestionado por distintos sectores que consideran que se está avanzando hacia una lógica punitiva.
El canal C5N recogió testimonios de personas presentes en el lugar que compararon el procedimiento con políticas restrictivas de otros países. “Esto perjudica a los trabajadores migrantes”, señalaron.
Por su parte, el medio Refugio Migrante alertó que los operativos masivos pueden derivar en prácticas discriminatorias, especialmente cuando no existen criterios claros sobre cómo y a quiénes se controla.
Organismos advierten sobre un cambio en la política migratoria
El debate sobre el operativo migratorio en Once también se inscribe en un contexto más amplio. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya había advertido que el traslado del área de Migraciones al Ministerio de Seguridad implica un cambio de enfoque: de una política basada en derechos a una mirada centrada en la seguridad.
Especialistas recuerdan que la legislación argentina reconoce el derecho a migrar como un derecho humano fundamental. En ese marco, subrayan que cualquier política pública debe garantizar el respeto a la dignidad de las personas, independientemente de su situación documental.
El impacto en la vida cotidiana y el debate que sigue abierto
Mientras continúan los controles, el operativo migratorio en Once deja efectos inmediatos en la vida cotidiana del barrio: temor entre trabajadores, incertidumbre y una creciente sensación de criminalización de la migración.
La discusión de fondo no es nueva, pero se vuelve urgente: cómo compatibilizar el control estatal con el respeto a los derechos humanos y qué lugar ocupan hoy las personas migrantes en el entramado social argentino.
En un barrio donde la diversidad es parte de su identidad, el desafío no es menor: garantizar seguridad sin vulnerar derechos, y reconocer que detrás de cada control hay personas que construyen todos los días la vida económica y social de la ciudad.
