La diputada porteña Claudia Neira presentó un proyecto de resolución en la Legislatura para exigirle al Gobierno de la Ciudad información detallada sobre la gestión del riesgo edilicio y las intervenciones en inmuebles con peligro estructural desde 2024 hasta la actualidad.
La iniciativa pone el foco en un tema sensible para varios barrios —incluido Balvanera—: los desalojos por supuesta emergencia edilicia y qué sucede después con esos edificios y las familias afectadas.
Qué información pide la Legislatura
El proyecto solicita que el Ejecutivo porteño entregue, en un plazo de 30 días, un informe completo en formato abierto que permita analizar:
- Cuántos inmuebles están catalogados con riesgo edilicio y cómo se construye ese registro
- Qué intervenciones se realizaron (obras, apuntalamientos, demoliciones o clausuras)
- Cuántos casos no tuvieron obras pese al riesgo detectado
- Plazos entre la detección del problema y la intervención estatal
- Cantidad de desalojos, evacuaciones o desocupaciones, y personas afectadas
- Qué asistencia recibieron las familias tras esos operativos
Además, se pide identificar situaciones específicas como desalojos sin intimación previa, intervenciones repetidas sobre un mismo inmueble o casos donde la única medida adoptada haya sido la desocupación sin resolver el problema estructural.
Dudas sobre la política de desalojos
En los fundamentos, la legisladora advierte que no existe información pública sistematizada que permita entender el alcance real de esta política, ni evaluar si las decisiones están respaldadas por criterios técnicos consistentes.
El texto también plantea interrogantes sobre la relación entre diagnóstico y acción estatal:
¿Se desalojan edificios sin ejecutar luego obras que solucionen el riesgo?
¿Se restituyen inmuebles en condiciones similares a las que motivaron la intervención?
Según el proyecto, estas inconsistencias podrían afectar tanto la seguridad como el derecho a la vivienda.
Impacto social y falta de seguimiento
Otro eje central es el impacto en las personas desalojadas. El pedido de informes exige datos sobre:
- Dispositivos de asistencia implementados
- Cantidad de personas alcanzadas
- Seguimiento posterior de los casos
- Aceptación o rechazo de las soluciones ofrecidas
La preocupación apunta a que, sin estos datos, no se puede evaluar si la política pública contempla adecuadamente a las familias en situación de vulnerabilidad.
Articulación entre áreas y uso de recursos
El proyecto también busca conocer cómo se coordinan las distintas áreas involucradas —control edilicio, seguridad y desarrollo humano— y qué recursos se destinan a estos operativos.
En particular, solicita información sobre la participación de la Policía de la Ciudad, cantidad de procedimientos, detenciones y uso de fondos públicos, incluidos subsidios habitacionales.
Un debate que baja al territorio
La iniciativa de Neira se inscribe en un contexto donde, en distintos barrios, vecinos vienen señalando problemas vinculados a inmuebles deteriorados, ocupaciones y desalojos, muchas veces sin claridad sobre los criterios aplicados.
En ese sentido, el proyecto busca aportar transparencia y trazabilidad a una política que impacta de lleno en la vida cotidiana de cientos de familias.
De aprobarse, el Ejecutivo deberá abrir sus datos y permitir un análisis más profundo sobre cómo se gestionan los riesgos edilicios en la Ciudad y qué pasa realmente después de cada intervención.
