El tratamiento de la basura en el espacio público volvió a instalarse en la agenda porteña con un proyecto presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que apunta a esclarecer cómo se están aplicando las sanciones a las personas que revisan residuos en los contenedores. La iniciativa fue impulsada por el diputado Emmanuel Ferrario y solicita información precisa al Poder Ejecutivo sobre el alcance real de las multas anunciadas por el Gobierno porteño.
El proyecto de resolución surge a partir de un anuncio realizado el 4 de agosto por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, a través de la red social X, donde informó que había ordenado al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad exigir a quienes remuevan basura de los contenedores que limpien y ordenen el lugar, y que, en caso de negarse, sean sancionados conforme a la normativa vigente.
En ese contexto, Ferrario solicita que el Ejecutivo informe, en un plazo de diez días, cuántas sanciones económicas fueron aplicadas durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, específicamente por la contravención de remover residuos de los contenedores. El pedido apunta a determinar si el anuncio oficial se tradujo en un incremento efectivo de las multas o si se trató solo de una comunicación pública sin impacto concreto.
El proyecto también pone el foco en las medidas implementadas por el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Ciudad para mejorar la efectividad de los controles. Según se señala en los fundamentos, la sanción ya estaba contemplada en el artículo 94 del Código Contravencional antes del anuncio del jefe de Gobierno, por lo que el interés legislativo radica en conocer si hubo cambios reales en los operativos y en el accionar de las fuerzas de seguridad.
Otro punto central del pedido de informes está vinculado al destino de los fondos recaudados por estas sanciones. A partir del 2 de septiembre, los montos de las multas se incrementaron debido a la actualización de la unidad fija, elevando la sanción máxima hasta los 971.000 pesos. En ese marco, el legislador considera clave que se transparente cuánto dinero se recauda y cómo se utiliza.
Desde una mirada hiperlocal, el tema impacta de lleno en los barrios porteños, donde es habitual ver a personas revisando contenedores en busca de materiales reciclables o alimentos. En zonas con alta circulación, como Balvanera, San Cristóbal o el Microcentro, vecinos y comerciantes conviven a diario con esta realidad, que combina problemáticas sociales, ambientales y de limpieza urbana.
El proyecto retoma pedidos de informes anteriores presentados en la Legislatura y busca aportar datos concretos para evaluar la política pública implementada. En los fundamentos, Ferrario señala que resulta necesario contar con información clara para determinar si las sanciones están siendo aplicadas de manera efectiva y si contribuyen a mejorar la higiene urbana sin profundizar situaciones de vulnerabilidad social.
La iniciativa deberá ser tratada por la Legislatura porteña y, en caso de aprobarse, obligará al Gobierno de la Ciudad a responder formalmente sobre el alcance de las multas, los controles realizados y el uso de los fondos recaudados. Mientras tanto, el debate vuelve a poner sobre la mesa el delicado equilibrio entre el ordenamiento del espacio público y las políticas sociales en una Ciudad atravesada por la desigualdad.
