En una nueva medida que generó polémica en la Ciudad de Buenos Aires, el Jefe de Gobierno Jorge Macri anunció que instruyó al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad para que intervengan cada vez que detecten personas removiendo basura de los contenedores y dejando residuos en la vía pública.
«Di la orden de que, si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que los sancionen según la normativa vigente», expresó Macri a través de su cuenta de X.
El Ministerio de Seguridad porteño respaldó la decisión a través de un comunicado oficial en el que hizo referencia al artículo 94 del Código Contravencional, que contempla sanciones de uno a quince días de trabajos de utilidad pública o multas de entre $59.260 y $889.722, dependiendo del tipo de bien afectado.
Además, el Gobierno de la Ciudad informó que más de 25 mil contenedores fueron vandalizados en el primer semestre de 2025, y que ya se instalaron 7.000 unidades antivandálicas, con sistemas de cierre que impiden que se retiren los residuos depositados.
Críticas desde la oposición y organizaciones sociales
La medida fue cuestionada por sectores de la oposición, que la enmarcan dentro de una escalada de acciones punitivistas hacia personas en situación de vulnerabilidad. La diputada Victoria Freire y su par Mercedes Trimarchi presentaron declaraciones de repudio en la Legislatura porteña, mientras que Alejandro Grillo solicitó un pedido de informes.
En su análisis publicado en Tiempo Argentino, el periodista Martín Suárez recordó que no es la primera vez que el jefe de Gobierno lanza declaraciones o políticas dirigidas a sectores excluidos: en junio de 2023 se refirió a los cajeros automáticos como «monoambientes», en abril de 2024 ordenó desalojar a personas que duermen en la calle, y recientemente recortó el transporte de cooperativas de cartoneros, afectando a más de 3.000 recuperadores urbanos.
Organizaciones sociales y ambientales denunciaron que este nuevo enfoque oficial criminaliza la actividad de los cartoneros, quienes cumplen un rol clave en la economía circular y la separación de residuos reciclables en la Ciudad. En varios barrios, vecinos y referentes barriales también se manifestaron en redes sociales en contra de esta política, señalando que “limpieza no es represión”.
Basura, convivencia y derecho a la ciudad
Según datos del propio Gobierno porteño, existen actualmente 33.045 contenedores distribuidos en la ciudad. De ellos, 4.589 son verdes para residuos reciclables, pero solo una minoría de los residuos se separa correctamente. La recolección domiciliaria se realiza entre las 19 y las 21 horas, y los desechos voluminosos deben ser retirados por la Ciudad previa solicitud a través de BOTI o la línea 147.
Mientras tanto, el conflicto entre mantener la higiene urbana y los derechos y necesidades de los sectores más postergados abre un nuevo frente de debate sobre cómo se construyen políticas públicas inclusivas y sustentables en la Ciudad.
