El pedido de informes incluye un plazo máximo de 30 días para que las autoridades competentes respondan en formato digital y escrito sobre la estructura administrativa encargada, la documentación solicitada para la acreditación de beneficiarios, los procedimientos implementados y el estado actual de las solicitudes presentadas desde la reglamentación de la norma.
Un reclamo que busca garantizar derechos
Mondarelli destacó en los fundamentos que, pese a que la modificación de la ley fue aprobada a fines de 2024 y significó un avance en materia de asistencia económica y sanitaria, la implementación sigue encontrando “dificultades y vacíos que impiden el acceso efectivo a los derechos consagrados”.
El proyecto requiere información detallada sobre:
- Las áreas responsables dentro de la Subsecretaría Red de Atención e Inclusión Social.
- El circuito administrativo para acceder a la asistencia económica.
- La documentación requerida y los instrumentos de notificación a los beneficiarios.
- El estado de todas las solicitudes presentadas, discriminando entre aprobadas, rechazadas y en curso.
- Las medidas adoptadas en materia de salud mental y consumos problemáticos, incluyendo cantidad de pacientes atendidos y centros de atención disponibles.
Una deuda histórica con las víctimas
La tragedia de República Cromañón, ocurrida el 30 de diciembre de 2004, dejó un saldo de 194 víctimas fatales y más de 1.400 personas afectadas. Desde entonces, sobrevivientes y familiares han reclamado verdad, justicia y reparación integral, incluyendo atención médica y acompañamiento psicológico permanente.
El proyecto de Mondarelli subraya que la reglamentación del decreto DEC-180/2025-AJG no ha resuelto de manera clara la documentación necesaria para acceder a los beneficios, lo que genera que muchos potenciales beneficiarios no puedan acreditar su condición y queden fuera del sistema.
Dificultades en el área de salud
Otro punto central es el acceso al programa de salud, creado por resolución 2484/2007, que debía garantizar cobertura en áreas críticas como salud mental y adicciones. Según el proyecto, la falta de reglamentación específica de estas prestaciones obstaculiza el acceso y deja a muchos sobrevivientes sin la atención que la ley prevé.
Hacia un cumplimiento efectivo de la norma
Mondarelli insistió en que la Ciudad debe implementar la ley de manera “clara y responsable” para honrar el compromiso asumido con quienes aún sufren las consecuencias de la tragedia. “No puede haber ambigüedades administrativas que posterguen derechos ya reconocidos por la Legislatura”, sostiene el texto legislativo.
