La legisladora porteña Graciana Peñafort presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución que busca poner bajo la lupa qué herramientas de Inteligencia Artificial (IA) utiliza hoy el Gobierno porteño, con qué criterios y en qué áreas. La iniciativa apunta a despejar dudas que vienen creciendo en distintos barrios acerca del impacto de estos sistemas en la gestión diaria y en la administración de datos personales.
El proyecto establece que el Ejecutivo deberá responder en un plazo de 30 días una serie de puntos vinculados al uso de IA en dependencias oficiales, desde los algoritmos que intervienen en trámites digitales hasta los sistemas utilizados en seguridad, salud, movilidad o atención al vecino.
¿Qué pidió saber la diputada?
El texto ingresado detalla cuatro áreas clave sobre las que el Gobierno porteño deberá brindar información:
1. Tecnologías en uso.
Peñafort solicita un relevamiento completo de herramientas, plataformas y modelos algorítmicos que emplean las distintas áreas de gobierno. Quiere saber qué tipo de tecnología es, para qué se usa, qué procesos interviene y cuán automatizadas están esas tareas.
2. Normativa y protocolos.
El proyecto pregunta si existen normas internas o protocolos que regulen el uso de IA: buenas prácticas, límites, seguridad, confidencialidad y criterios de supervisión humana. De no existir, el Ejecutivo deberá informar en qué etapa se encuentran los borradores y cuándo se publicarían.
3. Contrataciones y proveedores.
Otro punto sensible es conocer qué contratos firmó la Ciudad para adquirir o desarrollar estas tecnologías: proveedores, montos, expedientes, condiciones de uso de datos, cláusulas de propiedad intelectual y mecanismos de auditoría.
4. Planes futuros.
Peñafort también quiera saber si el Gobierno planea incorporar nuevas herramientas de IA y bajo qué criterios: objetivos, áreas de intervención, presupuestos estimados, etapas de implementación y documentación respaldatoria.
Un debate que ya llegó a los barrios
Aunque la discusión sobre IA suele parecer lejana o técnica, en los últimos meses empezó a meterse en la agenda vecinal. En Comuna 3, por ejemplo, organizaciones barriales ya plantearon inquietudes sobre:
- cómo se usan los datos personales en las aplicaciones de servicios públicos,
- qué pasa con la automatización de trámites y turnos,
- si los sistemas de análisis de cámaras o sensores pueden afectar la privacidad,
- y quién controla que los algoritmos usados por el Estado no generen sesgos o decisiones erróneas.
El proyecto de Peñafort recoge esas preocupaciones. En sus fundamentos, la diputada señala que la falta de información clara sobre qué áreas usan IA y bajo qué criterios impide evaluar la legalidad, transparencia y proporcionalidad del uso de estas tecnologías. Además, recuerda que leyes clave como la Ley 1845 de Protección de Datos Personales y la Ley 104 de Acceso a la Información Pública obligan al Gobierno a mantener documentación accesible y salvaguardas adecuadas.
Por qué importa para la vida cotidiana
Para los vecinos y vecinas, este pedido de informes podría traducirse en algo muy concreto: saber qué decisiones del Estado están siendo tomadas —o asistidas— por sistemas automatizados, y con qué grado de supervisión humana. Desde la asignación de turnos hasta la evaluación de solicitudes o el funcionamiento de sensores urbanos, cada una de esas herramientas puede afectar la forma en que se accede a derechos y servicios.
Además, el detalle sobre contrataciones apunta a desarmar otro punto en debate: la dependencia tecnológica respecto de proveedores privados, un tema que se discute cada vez más en las reuniones interbarriales y en los espacios de participación ciudadana.
Lo que viene
El proyecto ahora deberá avanzar en comisiones y, si obtiene dictamen, podría ser tratado en el recinto. Si se aprueba, el Gobierno porteño tendrá un mes para responder cada uno de los puntos solicitados. Para Peñafort, el objetivo es claro: “transparentar el uso de IA en el Estado porteño y garantizar estándares éticos y de seguridad”.
Mientras tanto, la discusión ya se instaló en los barrios, donde crece la demanda por saber cómo impactan estas tecnologías en la gestión diaria y qué controles existen para proteger los datos y derechos de la ciudadanía.
